Armando Quipildor, el joven de 24 años investigado por grooming y presunta producción de imágenes de abuso sexual infantil, tendrá que continuar detenido en Bouwer.
El juez de Control N° 7, José Milton Peralta, confirmó la prisión preventiva que había dictado a comienzos de febrero el fiscal de Cibercrimen, Franco Pilnik.
Este medio publicó en enero un informe con el testimonio de tres víctimas. Todas son jóvenes que habían conocido a Quipildor mientras cursaron el secundario en el Colegio Nacional de Monserrat. Incluso él había tomado contacto con ellas precisamente porque había algún tipo de vínculo, aunque no fuera cercano.
Hasta el momento, la investigación judicial pudo determinar una serie de hechos que muestran un patrón similar en su conducta y que habrían ocurrido entre 2017 y 2019. Fue posible reconstruirlos a partir de las denuncias y testimonios de las víctimas, la mayoría jóvenes menores de edad cuando las amenazó hasta conseguir fotos íntimas.
Qué hacía. Quipildor se contactaba a través de redes sociales ofreciendo servicios de seguridad informática. Les advertía, con engaños, sobre supuestos hackeos a sus cuentas y de ese modo conseguía claves de acceso a Google, Instagram, Twitter y Facebook. Luego de tener el control de las cuentas de las redes sociales de las jóvenes les infundía temor con mentiras.
Finalmente, lograba que se tomaran fotografías de su cuerpo desnudo. Por miedo a que esas imágenes luego se hagan públicas, ellas mismas accedían a todo lo que les pedía. Cuando se allanó su domicilio, en diciembre pasado, se detectó que había guardado en su computadora personal alrededor de 60 fotografías de contenido sexual de menores de edad.
Preventiva confirmada. Al confirmar la prisión preventiva, el juez Peralta tuvo en cuenta, por un lado, la escala penal de los delitos por los cuales Quipildor está imputado: “En abstracto es de tres años de prisión en el mínimo, pero muy superior a tres años en el máximo, por lo que considero que, en el caso de que la presente causa se eleve a juicio, dada la cantidad de hechos, es posible que se aleje del mínimo y sea de cumplimiento efectivo”, consideró el magistrado.
Pero más allá de eso analizó detalladamente los hechos y la modalidad delictiva. Destacó que “requieren de capacidad y conocimiento”. Advirtió el hecho de que todas las víctimas fueron de su círculo cercano -algunas menores de edad-, que depositaron su confianza para “acosarlas y amedrentarlas”; la reiteración de la conducta delictiva y “actitudes asumidas por el imputado constituyen indicios de peligrosidad procesal”, a tal punto que parte de la prueba fue secuestrada pero también hay huellas de su accionar que están en la web y podrían ser alteradas.
El juez ponderó que, si recupera la libertad, podría continuar con las mismas actitudes y conductas “amedrentando, amenazando y presionando a los testigos y víctimas manteniéndose en el anonimato y contactándose con ellas sin exponerse personalmente”. En este sentido, subrayó que Quipildor “creó perfiles falsos en las redes sociales con los cuales llevó a cabo los engaños, hostigamientos y amenazas, sin necesidad de exponerse frente a sus víctimas y revelar su identidad”.
También tuvo en cuenta el miedo que expresaron las jóvenes víctimas. Las engañaba y disuadía desalentando el trabajo de la policía y cuando ellas le advertían que iban a denunciar o que querían hacerlo, él les decía que no lo hicieran, que no les convenía ya que no existía legislación y que iban a salir perdiendo.
