A 10 años de la Ley de Desfederalización de la lucha contra el narcotráfico en Argentina, a la cual adhirió la Provincia de Córdoba, hay críticas y se reactualiza el debate.
Una detractora de la primera hora es la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Liliana Navarro, quien también fue secretaria penal del Juzgado Federal N°1 de esta Capital. Con coherencia, viene sosteniendo que en las condiciones de investigación actuales, es muy difícil plantear un verdadero combate al narcotráfico en la Provincia de Córdoba que permita acorralar a los líderes de las bandas que operan localmente.
La entrevista surgió por un informe publicado en PERFIL CÓRDOBA el domingo pasado sobre datos estadísticos difundidos por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) que ubica a Córdoba última en el ranking nacional, si se toma como indicador la tasa de causas iniciadas en las fiscalías federales a lo largo de la última década. Si se analiza la evolución de las cifras se observa una abrupta caída en 2013, cuando la Justicia Federal no recibió más la colaboración de la Policía de Córdoba al haber sido disuelta, ese año, la División Drogas Peligrosas y prohibirse por ley a la fuerza investigar el narcotráfico. Este es uno de los aspectos que la camarista Navarro vuelve a poner en discusión. El otro factor que, a criterio de Navarro, dificulta la detección y persecución penal de las grandes bandas narco es la división de investigaciones que se generó por la desfederalización.
—¿Qué pone en evidencia, a su criterio, la estadística de Procunar de la década 2011- 2021?
—Son estadísticas concretas. Yo no pertenezco al MPF, pero las puedo constatar desde las causas que abarca la jurisdicción, con todos los juzgados federales de Córdoba y el interior. Mi opinión sobre la adhesión a la desfederalización siempre fue contraria. Siempre dije que para llegar al vértice de la pirámide no se puede comenzar por la punta. La investigación de los delitos importantes de narcotráfico, como las organizaciones de tráfico, el lavado de activos, no puede comenzar por el vértice porque es la parte más poderosa, más sensible y cuidada. La forma de investigar siempre ha sido desde las bases. La desfederalización fue planteada primero por la problemática que existía en Buenos Aires y a determinadas provincias se les dio la opción de adherir. Córdoba decidió hacerlo. Significa una división en la investigación. En Buenos Aires se está discutiendo nuevamente esto porque se advierten los inconvenientes en la lucha contra el narcotráfico.
—¿Lo que describe también sucede en Córdoba?
—En su momento planteé que en Córdoba se había dado un paso más a la desfederalización. Se montó un aparato que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) para los delitos menores. A lo máximo que pueden llegar es al comercio de estupefacientes, pero en la realidad no llegan únicamente a eso. Nosotros advertimos que, a veces, en la provincia se investigan o se plantean cuestiones de mayor cuantía, no solo la venta al menudeo o la tenencia simple, que es lo que establece la ley de desfederalización. Ahí viene el tema de la competencia. Cuando se hacen los procedimientos recién ahí comienza a intervenir la Justicia Federal.
—¿Tienen casos, muchos o escasos, derivados del fuero provincial?
—Le explico cuál es la diferencia. En las provincias, las policías investigan como sucedía antes en Córdoba. Ayudantes fiscales actúan, con fuerzas policiales, para investigar un homicidio, un robo; en nuestro caso, jueces y fiscales federales lo hacíamos también con la Policía de Córdoba. ¿Cuál es el problema ahora? La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) tiene una reglamentación y una ley. Ellos no realizan sumarios, no hacen declaraciones en la entrega de un procedimiento o hacen declaraciones breves. Ellos resguardan su investigación. Cuando comunican a la Justicia federal lo hacen en forma tardía. Eso dificulta una investigación. Hay casos en los que se debería decidir hacer todo en conjunto para llegar arriba, a quién distribuye o trae la droga. Si desde la venta al menudeo se corrobora lo que hay más arriba, se debe esperar el momento oportuno para hacer el procedimiento en forma conjunta. Se desbarata el narcomenudeo y a los jefes de la organización. Pero si se divide la investigación, cuando la Justicia federal recibe la comunicación, trabaja con las fuerzas nacionales, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria. Entonces tiene que empezar de cero, aún cuando haya un sentido de colaboración. Hay un celo propio de las fuerzas de seguridad que hace difícil coordinar todas esas acciones.
Cantidad y calidad de la investigación.
—¿Cómo es en otras provincias?
—En Buenos Aires, por ejemplo, la Policía de la Provincia sigue investigando. No obstante ello lo están analizando, y lo dicen públicamente, que no es un sistema exitoso. Lo vimos con el procedimiento de la droga envenenada. El ministro de Seguridad (Sergio Berni) dijo que se discutía la competencia, si era provincial o federal. Se trataba de delitos más graves porque había que corroborar de dónde venía la droga y eso excedía la jurisdicción provincial. Es muy difícil dividir. Cuando usted comienza por los kioscos el delito es menor. Pero a través de la investigación a los kioscos, que hay en todos los barrios y en todas las cuadras, se puede llegar arriba. La lucha contra el narcotráfico implica desfinanciarlos, ir a los verdaderos organizadores. Esas personas, las que venden al menor, son reemplazables fácilmente.
—¿Cómo sería el trabajo ideal para usted?
—Siempre lo dije y lo sigo sosteniendo. Esto tuvo una razón de ser, la desfederalización, por Buenos Aires. La práctica forense, a nivel de la Corte Suprema, tiene dicho que ante la duda en una cuestión de competencia tiene que intervenir el fuero federal. Por las noticias que uno lee parecería que eso se aplica al revés. Pero eso sucede, también, porque los recursos que tiene la Justicia federal para investigar son limitados. Se han abierto delegaciones de las fuerzas nacionales en el interior, pero no es tan fácil. Las fuerzas locales están muy preparadas porque tienen información de todos los hechos delictivos. Quién mejor que una policía local para conocer lo que sucede en una ciudad del interior. A una fuerza federal le cuesta mucho entrar a una localidad para realizar una investigación. Cualquiera que venga de otro lado es fácilmente detectable. Cuando se realizaban en forma conjunta, se comisionaba a la fuerza del lugar donde se realizaba la investigación. Soy consciente de que es una decisión política que excede a los ministerios públicos y jueces. A mi modo de ver, la Policía de Córdoba debería realizar investigaciones. Yo integro la Comisión Nacional de Lucha contra el Narcotráfico de la Corte Suprema. No solo es un problema de números sino de calidad de las investigaciones. Se puede decir: “Tenemos un gran número de causas por narcomenudeo”, pero si son escasas las investigaciones profundas que lleven a desbaratar organizaciones criminales en el narcotráfico significa que no estamos logrando un avance importante.
—¿Entonces, para usted hay dos problemas: dividir la investigación…
—Dividir la investigación dificulta enormemente continuar hacia arriba, llegar a los verdaderos jefes de la organización, que tienen una gran protección e infraestructura para dar continuidad a la actividad. Le explico cuál es la dificultad de investigar con posterioridad: la Justicia provincial puede dar una comunicación después que realizó un allanamiento. Cuando se desbarata un kiosco se obtiene información en los celulares, en transferencias bancarias, se puede obtener información para arriba. Pero a partir del procedimiento, los proveedores relacionados se anotician y se dificulta mucho la investigación. El narcotráfico no va dejando huellas, como sucede en un robo o un homicidio. Es un delito que debe investigarse cuando va a perpetrarse. Son investigaciones de un año previo para proceder a detener. Se espera que traigan un camión, hagan un traslado, hay que estudiar la modalidad delictiva que tiene cada banda. Complica mucho intervenir con posterioridad a la actuación de la Justicia provincial. Quizás en provincias más pequeñas se pueden haber producido resultados más potables. En el caso de Córdoba nos ha dificultado más, hubo una gran inversión en la fuerza antinarcótica, pero la gente no está preparada para declarar. Nos dicen que podemos usarlo con autorización de Fiscalía General, pero la experiencia nos señala que la FPA no declara, solo lo hace ante las fiscalías provinciales. No tienen la modalidad de realizar un sumario de investigación.
—¿Y el otro problema es que se quedaron sin fuerzas para investigar en la Justicia federal?
—La Provincia puede decir que la fuerza antinarcótica está a disposición pero en realidad realizan una comunicación con posterioridad. Y después se comisionan fuerzas federales. Y hay que comenzar de cero. Desde mi punto de vista, la Policía de Córdoba es un gran recurso pero fue desafectado. Córdoba es muy extensa, hay localidades que crecieron y también sus problemas, entre ellos el narcotráfico. Lo que muchos no saben es que, por ley, la Policía de la Provincia tiene prohibido realizar investigaciones de narcotráfico. Si toman conocimiento de que hay venta al menudeo, tiene que dar noticia a Antinarcótico.
QUÉ PUBLICÓ PERFIL CÓRDOBA
El domingo pasado este medio publicó un informe con los últimos datos de la Plataforma Interactiva de Información Estadística referidos al decenio 2011-2021. Si se comparan las tasas de causas iniciadas en las fiscalías federales de todo el país, Córdoba figura en último lugar. Representa la cantidad de causas cada 100.000 habitantes.
Con 6.128 expedientes abiertos en una década, tiene una tasa de 185, la más baja por lejos en comparación con el resto de provincias. El ranking nacional es encabezado por Caba, con una tasa de 2.662. Le siguen los distritos patagónicos, La Pampa (1.846), Santa Cruz (1.709), Tierra del Fuego (1.694) y Río Negro (1.452). En sexto lugar se ubica Mendoza con una tasa que se ubica en 1.372 y recién en el número 10 está Santa Fe, con 816, a pesar de tener a Rosario como una ciudad con fuerte presencia de bandas narco y un claro desempeño de sicariato. Cifras anuales en picada.
En Córdoba, en 2011 y 2012 se abrieron, cada año, unas 2.400 investigaciones. En 2013, cuando desapareció la división Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, la cifra bajó abruptamente a 346 y en los años subsiguientes cayó aún más hasta llegar, el año pasado, a tan solo 40 causas iniciadas en todas las fiscalías federales de la provincia (tres de ellas en Capital y cuatro en el interior). En el decenio, la cifra total fue 6.128 causas.
