La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de la Procuración General de la Nación presentó la semana pasada una nueva herramienta que compila la información estadística de todas las causas abiertas en las fiscalías federales del país entre los años 2011 y 2021. A la plataforma interactiva de información estadística, que permite visualizar los expedientes abiertos en todas las sedes del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) y cantidad de imputados, le incorporó otros indicadores como la tasa total y también de cada distrito, qué tipo de delito (comercio o tenencia de estupefacientes), la evolución según los años e incluyó la información del año pasado. Hay que aclarar que la estadística no implica que todos los casos terminaran en juicios y estos en sentencias condenatorias o absolutorias.
Es un mapa completo que permite analizar la evolución de las causas iniciadas por las fiscalías federales en materia de narcotráfico. Es posible comparar según las regiones y provincias y hacia el interior de cada una de ellas.
En el país. En el período señalado se abrieron 227.630 causas. De ese total, el 34% pertenece a Caba, el 21% a la región Noreste (Santa Fe, Chaco, Formosa y las provincias del Litoral). En tercer lugar se ubica Centro y Cuyo, donde están incluidas las siete fiscalías de Córdoba Capital y el interior, con el 17%. Le siguen la región Patagónica (14%), la Noroeste (10%) y Bonaerense (5%).
Qué pasó en Córdoba. Durante el último decenio se abrieron 6.128 expedientes en las tres fiscalías de la Capital, más las del interior en las sedes federales de San Francisco, Villa María, Río Cuarto y Bell Ville. De ese total, el 47% fueron investigaciones tipificadas como tenencia para consumo personal (TCP). De este dato se desprende que un importante número de causas terminaron archivadas.
Sin embargo, hay otro aspecto que es elocuente: la evolución en las cifras. Los años que más actividad relevaron fueron el 2011 y el 2012, con 2.400 pesquisas en cada caso. A partir del 2013 los números cayeron abruptamente hasta llegar al 2021 con tan solo 40 nuevas investigaciones por la ley de estupefacientes.
La exigua cifra del año pasado plantea el interrogante: ¿se investiga menos, hay pocos procedimientos preventivos que puedan dar noticia de las bandas que transitan la provincia o representa una acotada penetración de esas organizaciones en territorio cordobés?
En el 2013 estalló el llamado ‘Narcoescándalo’, que significó la extinción de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba. Su más alto jefe, el comisario Rafael Sosa, terminó condenado por irregularidades en los procedimientos.
Y el correlato en el plano político fue la decisión del entonces gobernador, José Manuel de la Sota, de suplir la tarea investigativa que se desarrollaba en la fuerza policial con otro organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal.
El 4 de mayo de 2015 se puso en funcionamiento la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Dos años antes se había creado el fuero especial de Narcomenudeo en la Provincia de Córdoba. Ambas creaciones, del fuero especial en la orgánica del Poder Judicial de Córdoba y de la FPA, restaron trabajo a las fiscalías federales y quitaron uno de sus brazos investigativos. Eso provocó un cimbronazo que causó preocupación.
En 2018, la camarista Liliana Navarro le puso palabras: “Actualmente en Córdoba no se investiga a grandes bandas narco”, dijo a PERFIL CÓRDOBA al trazar un diagnóstico preocupante.
También pudo incidir la despenalización del uso del cannabis medicinal –posteriormente también su cultivo–, un gran cambio que significó pasar del punitivismo a una mirada sanitarista de la problemática.
Otros datos interesantes que arroja la plataforma es el lento avance de la actividad acusatoria del MPF. Recién el año pasado se observa en la estadística que un 10% de las 40 causas iniciadas se enmarca en ese sistema procesal que aporta mayor agilidad. Hasta entonces, todos los casos fueron tratados según el sistema procesal inquisitivo. Si bien hay datos desde 2011, recién desde 2018 es posible conocer mayores detalles, como por ejemplo la cantidad de imputados por expediente.
En Córdoba hubo 417 investigados en total. El año pasado, el 38% de las causas iniciadas en todas las fiscalías federales de Córdoba tuvo tres o más imputados. En cuanto al género, el 78% son hombres. En comparación, las tres fiscalías con sede en Córdoba Capital son las que más causas comenzaron: 4.344. Le siguen, en orden, Villa María (666), Río Cuarto (521), Bell Ville (307) y San Francisco (290)
LA PROVINCIA EN EL RANKING NACIONAL
La provincia de Córdoba está en el último lugar si se toma como dato el indicador por excelencia, que es la tasa. Representa la cantidad de causas cada 100.000 habitantes. Con 6.128 expedientes abiertos en una década, tiene una tasa de 185, la más baja por lejos en comparación con el resto de provincias. Solo están por debajo, distritos bonaerenses que fueron desagregados: Bahía Blanca, Mar del Plata, Conurbano Norte, Oeste y Sur.
El ranking nacional es encabezado por Caba, con una tasa de 2.662. Le siguen los distritos patagónicos, La Pampa (1.846), Santa Cruz (1.709), Tierra del Fuego (1.694) y Río Negro (1.452). En sexto lugar se ubica Mendoza con una tasa que se ubica en 1.372 y recién en el número 10 Santa Fe, con 816, a pesar de tener a Rosario como una ciudad con fuerte presencia de bandas narco y un claro desempeño de sicariato.
Tan solo con comparar las tasas que arroja el resto de distritos, es evidente la escasa tarea investigativa a lo largo de una década que se concretó en las fiscalías federales de Córdoba.
UNIFICARÁN BASES DE DATOS
El proceso de la última década significó cambios en la forma de perseguir el narcotráfico en Córdoba, quiénes lo encaran y con qué fuerzas de seguridad.
La desfederalización de las pesquisas por narcomenudeo, la disolución de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba y la creación de la FPA, produjeron no pocos roces e inconvenientes.
La Justicia Federal dejó de contar con un número importante de investigadores policiales. La capilaridad de la presencia de la Policía de Córdoba no es la misma que puede presentar la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o Gendarmería Nacional. En algunos momentos de este proceso que trajo grandes cambios, se pisaron las investigaciones unos a otros.
A los recelos del inicio, se intenta poner encuentro y acuerdos. Al menos ese es el objetivo que se plasmó en una reunión celebrada hace un mes en la Facultad de Derecho a instancias del fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, y del fiscal General ante la Cámara Federal, Alberto Lozada. Participaron fiscales federales y provinciales del fuero de narcomenudeo.
La idea es colaborar con datos que surjan en una u otra jurisdicción y, quizás lo más ambicioso, generar una base de datos sobre las bandas narco que operan en Córdoba, sus líderes, rutas, organización, etc. Se formó una comisión con coordinadores.
El MPF provincial designó como coordinadores para concretar la articulación a Carlos María Cornejo y Paulina Lingua (suplente) para Capital, y a Raúl Ramírez y Walter Gesino (suplente) para el interior. En la federal fueron nombrados para cumplir esa función Maximiliano Hairabedian, en Capital, y la fiscal de Villa María, María Schianni, para el interior.
DESFEDERALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE NARCOMENUDEO EN CÓRDOBA
◆ 2005. El Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.052 de desfederalización de la investigación de narcomenudeo.
◆ 2012. Córdoba adhirió a esa ley (Ley provincial 10.067).
◆ 2014. La Unicameral sancionó la Ley 10.200 de creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
◆ 2015. Se puso en funcionamiento la FPA
