Todos los cálculos que hacen los distintos think tanks vinculados al agro son elocuentes. Entidades como la Bolsa de Cereales de Córdoba, el Ieral de Fundación Mediterránea, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola o el Instituto de Investigación de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba ya venían planteando desde la presentación de la ‘Ley de solidaridad social y reactivación productiva’ que el incrementa en las retenciones a las exportaciones deja la rentabilidad del agro en terreno marginal e incluso, según las zonas, genera pérdida. El caso de los productores de Córdoba es más delicado que el de los que trabajan en la pampa bonaerense o no muy alejados del puerto de Rosario. A la fuerte presión soportada le deben sumar los costos extras por la logística. Y la preocupación no solo es para el sector privado, las industrias, la construcción y los comercios que viven del derrame de la rentabilidad agrícola. Municipios y provincias también se cuentan entre los afectados al ver recursos que salen y que no vuelven, ya que las retenciones no se coparticipan. Y encima, se suma el agravante de un recorte en el impuesto a las ganancias.
El recorte. A grandes rasgos, el aporte de Córdoba vía retenciones orilla los US$ 2.000 millones. Esta semana lo calculó el economista Juan Manuel Garzón, del Ieral. Según su análisis, la retención actual del 30% a la soja implica que se vayan de Córdoba US$ 1.750 millones, en tanto que una suba de tres puntos porcentuales de la alícuota, es decir, del 10% del impuesto, para llevarla a 33% restaría otros US$ 140 millones, totalizando US$ 1.890 millones. Mirando la rentabilidad del productor el panorama también es muy malo. Lo señaló el último trabajo del economista Gonzalo Agusto, de la Bolsa de Cereales, quien remarcó que con retenciones del 30% la ganancia del productor es del 2% (tiene 64% de costos y 34% de impuestos), pero con alícuota del 33% la ganancia queda en 0% (los impuestos suben al 36%). Ya en enero, un informe de la Comisión de Enlace alertaba que “con los actuales niveles de retención a la producción agropecuaria, la rentabilidad es negativa y lejos de solucionar el problema de déficit fiscal que se trata de resolver”.
Este viernes, en tanto, la Bolsa de Comercio de Córdoba apuntó: “El pobre resultado fiscal de enero explicaría la necesidad del gobierno de aumentar los ingresos fiscales en un contexto de un gasto más abultado. En efecto, el Gobierno estaría evaluando aumentar las retenciones a la soja que se encuentran ya a un elevado nivel de 30% (...) Esta medida sería perjudicial ante la caída de los precios de las commodities relacionadas con la cosecha récord de Brasil y la incertidumbre que acarrea el brote de Coronavirus, que no solo está haciendo caer la demanda de China. El precio real efectivo de la soja que recibirían los productores mostraría una disminución notoria debido a la combinación de estos factores, con potenciales pérdidas para el sector agrícola”.
Equilibrio. En tanto, el dato político es que en esta nueva embestida contra el agro ni el gobernador Schiaretti ni sus ministros salieron a pronunciarse o a fijar posición al respecto. Entre los dirigentes gremiales del agro saben que cuentan con el apoyo implícito del gobernador, pero también que es un momento delicado en la relación entre la Casa Rosada y El Panal. “Cuando pudo salió a defender al campo. Ahora creo que no quiere tener conflictos, está la deuda de la Nación con la Provincia, la plata de la Caja. No quiere hacer más ruido”, señalan desde el sector
