Hay una estructura común a cada uno de los golpes de Estado que ha sufrido la Argentina. La violencia sobre el cuerpo de la sociedad y la profanación de las instituciones políticas del Estado han sido siempre mentadas y llevadas a cabo por sectores específicos de la sociedad que han intentado imponer por la fuerza su ideología política y un sistema económico favorable a sus intereses.
En tiempos democráticos hemos aprendido, gracias al rol que ha cumplido la Justicia argentina en su labor de resarcimiento de los Derechos Humanos, que cuando el Estado es cooptado se desvirtúan sus funciones elementales y su enorme aparato de decisión y poder es utilizado como un mero instrumento del hombre contra otros hombres.
El Estado ha sido construido para que no nos matemos entre nosotros, es por esto mismo que no debe ser un instrumento de muerte. Debe ser siempre mejor que las personas. Este es un ideal que exige un esfuerzo constante, un objetivo que nunca se clausura y, por ese motivo, la democracia, con su naturaleza siempre abierta y de constante construcción, es el sistema político ideal para hacerlo.
El Estado en general y la Justicia en particular sufren el acecho constante, ya no de la institución militar -aunque podríamos hacer un parangón con el papel deleznable que cumplen hoy los servicios de inteligencia ilegítimamente utilizados-, pero sí por los mismos intereses económicos y financieros internos e internacionales.
Las nuevas generaciones de derechos humanos -económicos, sociales y culturales- son indefendibles si no comprendemos quiénes son los sujetos que arremeten contra ellos y cuál es la potencial complicidad del Estado.
Es por ese motivo que la Justicia argentina debe adaptarse a este nuevo desafío, ampliando aquellos cimientos éticos que ha incorporado a través del ejercicio y defensa de los derechos humanos.
Esto le permitirá descubrir su particular y exclusiva condición política -que la tiene- y le posibilitará defender y tutelar las nuevas concepciones de derechos humanos. Lo cual solo será posible cuando las reformas al sistema legal y judicial de la Argentina sean pensadas a través de una idea de Estado al cual ya no solamente le exijamos que sea mejor que las personas, sino también para las personas.
