El miércoles de la semana pasada sacudió al este cordobés la noticia de allanamientos en San Francisco, Las Varillas, Pozo del Molle y Laborde. Dos de esos procedimientos se hicieron uno en la fiscalía federal de la capital del departamento San Justo y otro en la casa del titular de esa dependencia, Luis María Viaut. Fueron autorizados por el juez federal de Villa María, Roque Rebak, a solicitud de la fiscal, María Schianni.
El expediente se inició en julio por la denuncia de Pablo González, integrante de la cooperativa Las Cañitas, de El Tío, con el patrocinio del abogado Juan Alberione. La presentación se hizo en los tribunales federales de Córdoba y el fiscal general, Carlos Casas Nóblega, asignó la investigación a la fiscal federal de Villa María.
El expediente no tiene imputados. Sí, una serie de indicios que desencadenaron los allanamientos. Entre esos hay escuchas telefónicas que acreditarían la denuncia de González. En aquella presentación señaló que un empleado de la fiscalía federal de San Francisco le pidió dinero para cajonear o evitar el avance de una causa penal en su contra. Al cabo de cuatro meses de investigación, Schianni avanzó y prepara, posiblemente para esta semana, el requerimiento fiscal con las imputaciones. La calificación sería cohecho.
Según pudo conocer PERFIL CÓRDOBA, la pesquisa es sobre cinco personas, incluido el fiscal Viaut y algunos de sus empleados. Este medio se comunicó con el magistrado investigado. A la pregunta sobre si desconfía de sus empleados (uno aparecería en una grabación pidiendo coimas), dijo inmediatamente que no.
Pero cuando este medio le consultó si la investigación en su contra lo había sorprendido dijo: “No mucho” y dejó planteada una sospecha que, de confirmarse, mostraría un escenario donde funcionarios judiciales mantienen contactos aparentemente irregulares con personas investigadas por narcotráfico.
El dato es el siguiente. En el expediente por el que está detenido el empresario y dirigente de Sportivo Belgrano de San Francisco, Pablo Esser, imputado por tráfico de estupefacientes, “habría una escucha telefónica con un funcionario” de la fiscalía provincial, comentó. La comunicación delataría cercanía entre ese funcionario y algunos –a la postre- imputados de la causa narco radicada en la fiscalía federal.
Elípticamente se refirió así a su colega provincial, Bernardo Alberione, al subrayar el apellido del abogado patrocinante de la denuncia, hijo del fiscal. Acotó un detalle más. La esposa del mismo colaborador de su par provincial “trabaja en Dineral, la financiera investigada de la cual es propietario Esser”.
El contraataque de Viaut fue preciso y dirigido. Lo preocupante es que el telón de fondo es la posible vinculación de judiciales provinciales con una banda dedicada a trasladar y comercializar droga en San Francisco y alrededores, relacionada -según se presume- con la poderosa y temible banda rosarina Los Monos. Este medio consultó al fiscal Benardo Alberione. Respondió en forma categórica: “Que investiguen todo lo que tienen que investigar”. Calificó las declaraciones de Viaut como “una venganza”. Señaló que el empleado al que aludió el magistrado federal integra la dirigencia del club Sportivo Belgrano y por esa razón pueden existir comunicaciones con Pablo Esser. “Pongo las manos en el fuego” por ese empleado, ratificó finalmente.
$ 800 MIL y US$ 8 MIL SECUESTRADOS
Durante el allanamiento en la fiscalía federal de San Francisco, se secuestró dinero. Estaba en el despacho de Luis María Viaut. Este medio le consultó sobre el particular. Reconoció que tenía $800 mil y US$8.000 en efectivo, que fueron secuestrados, y adelantó que presentará la documentación que acredite el origen de los fondos. Dijo que el mes pasado, en el lapso de una semana, fallecieron sus suegros y parte de esa suma provenía de la división de herencia entre los hermanos de su esposa. También dijo que debía disponer de los billetes porque había iniciado el trámite para “pagar una beca en la Universidad de Barcelona para su hija".
DEL CASO CARRASCO A SAN FRANCISCO Y UNA DENUNCIA SIMILAR
Luis María Viaut (59) tiene, entre sus antecedentes, haber participado en la investigación de la muerte del soldado Omar Carrasco, hacia fines de los ‘90, cuando fue fiscal en la localidad neuquina de Zapala. Su desempeño le valió cuestionamientos y hasta una denuncia de asociación ilícita (junto al juez federal Rubén Caro) que se archivó, pero que, luego, le impidió acceder a la titularidad del Juzgado Federal en Concepción del Uruguay al que intentó ascender. En efecto, las impugnaciones a su postulación se fundamentaron en aquella demanda presentada por el abogado del condenado subteniente Ignacio Canevaro.
Sin esa promoción, en 2009 fue trasladado por el entonces procurador General, Esteban Righi, a la flamante Fiscalía Federal de San Francisco, al este de Córdoba. Todavía no se había puesto en función al Juzgado Federal de esa ciudad por lo que trabajó con el de Bell Ville.
“Por dos años, aproximadamente, se manejó con el secretario penal de aquel juzgado y el jefe de Drogas Peligrosas de la Policía provincial”, recordó ante PERFIL CÓRDOBA Mario Garzón, exjuez de San Francisco, actualmente jubilado. Garzón denunció a Viaut. Lo hizo ante el juez Rebak, el mismo que autorizó los allanamientos de la semana pasada.
Garzón recordó algunas actuaciones del fiscal Viaut, como por ejemplo en un expediente por robo de efedrina en la localidad de El Tío. Dijo que sospechaba que hacía “arreglos” con personas de poder y las causas no avanzaban. Pero aquella denuncia no prosperó en los tribunales federales; a decir de Garzón, porque había magistrados que sostenían que eso lesionaba la credibilidad y la imagen de la Justicia.
“Había un modus operandi”, insistió, porque Afip llegaba con datos y “a la semana se sabía todo”, planteando la hipótesis de que era Viaut quien filtraba la información y hacía naufragar las pesquisas por alguna conveniencia particular.
También recordó que Viaut participó de actividades de la Asociación de Magistrados de la Justicia nacional, movilizándose cuando murió Alberto Nisman y cuando fue desplazado el fiscal José María Campagnoli. En la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, algunos vocales mostraron “preocupación” por los hechos suscitados en la fiscalía federal de San Francisco.
