A partir de mañana ingresará a la recta final el juicio por presunta intermediación financiera no autorizada a directivos de la empresa Bacar, que con los años fue modificando su nombre, pero siempre alternó a las mismas personas en las diferentes funciones de conducción.
Este lunes serán los alegatos de la fiscalía y de los defensores. El cronograma prevé que el viernes 21 se de la última palabra a los acusados y se dicte el veredicto. Son siete: Juan Carlos Barrera y sus hijos Iván, Pablo y Mariano; José Luis Cavaza; Carlos Alejandro y Carlos Orlando Reartes, padre e hijo respectivamente.
Los hechos descriptos en la acusación son diez, ocurridos entre los años 2010 y 2013. Se trata de servicios ofrecidos por Bacar, Bacar Traca, Blinbox, Compañía Barrera SA, Blicen SA, a clientes que contrataban cajas de seguridad. Les proponían, para hacer rendir el dinero que dejaban en custodia, pagarles tasas de interés del 12% en dólares.
Además, difundían por medios masivos y redes sociales el negocio, lo que constituye un agravante para la Justicia.
Para formalizar los acuerdos firmaban mutuos con los clientes, algunos de los cuales llegaron a las oficinas para depositar el dinero sin contar couna caja de seguridad en la empresa. Con el dinero tomado en los depósitos, a la vez, realizaban préstamos. Todas estas operaciones no contaban con la autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), según la acusación.
A lo largo de tres jornadas de audiencia, los acusados no reconocieron haber cometido ningún delito. Mariano Barrera afirmó que él se separó de la empresa por diferencias con sus hermanos. Cabe acotar que no todos los imputados asistieron físicamente a la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2). Juan Carlos Barrera la siguió a través de videoconferencia.
Durante el debate se escucharon testimonios de clientes que ratificaron que suscribieron los mutuos; y señalaron que se cumplieron los compromisos pactados.
El fiscal general, Carlos Gonella, anticipó a PERFIL CORDOBA que mantendrá la acusación durante su alegato.
Este juicio no tiene querellantes porque no hubo estafas. Lo que se analiza es el tipo de actividad y transacciones realizadas desde Bacar y las sucesivas sociedades que requerían por su naturaleza el aval del BCRA. En abstracto, la pena prevista para este tipo de delito según el artículo 310 del Código Penal va de los dos a los cuatro años de prisión y una multa de dos a 10 veces, los montos intermediados; en este caso el cálculo de la Procuraduría de Criminalidad Económica es de $50 millones.
Por su parte, la defensa sostiene que jamás hubo intermediación financiera. Que tampoco hubo personas damnificadas porque todos los clientes fueron resarcidos. “Siempre se la quiso vincular a la familia Barrera con el devenir de CBI Cordubensis, desconociendo que la transportadora de caudales tiene una trayectoria de décadas y no nació para intermediar financieramente”, puntualizó Sebastián Becerra Ferrer.
Sobre el expediente por asociación ilícita que también involucra a la familia Barrera, la Cámara Federal confirmó los procesamientos y se espera la elevación a juicio. De todos modos, el letrado también señaló que si no se sostiene la figura en este juicio también caerá la de asociación ilícita.
