El recorte al Suoem dispuesto por el Municipio tras la ordenanza sancionada hace poco más de una semana en el Concejo Deliberante sacudió el mapa sindical que venía entrando en calor desde los ajustes anunciados por la Provincia en salarios y jubilaciones. Sin embargo, con esas medidas tomadas dentro de una cuarentena más rígida, lo dispuesto por el intendente Martín Llaryora alteró el clima gremial pese a la vigencia de algunas restricciones.
De todas maneras, y al margen del contexto de aislamiento por el coronavirus, la pandemia trajo una crisis económica sin precedentes en el pasado inmediato. Cortada la cadena de pagos en algunos sectores, con sindicatos que entraron en medida de fuerza como UTA o AOITA en Córdoba, y otros que acordaron un recorte en el ingreso de sus representados con el argumento de sostener las fuentes de trabajo, la situación del gremio de los municipales reavivó una grieta entre los sindicatos del sector privado y aquellos que pertenecen a los estatales.
Si bien todos rechazan el recorte salarial y la posterior decisión de la Justicia tras las imputaciones del viernes, en la discusión fina demuestran que el respaldo no tiene la contundencia de lo que ocurrió en otros momentos.
Apoyo. De las primeras manifestaciones de respaldo que tuvo la causa del Suoem, una de ellas fue en la semana la de los diputados nacionales que tienen raíz sindical y que, si bien no se mueven como un bloque en los hechos, demuestran una afinidad que les valió el mote de “dipuobreros” en los pasillos del Congreso.
El parlamentario por Córdoba que está dentro de ese lote es Pablo Carro, el kirchnerista que además conduce la CTA y al que, en la semana y tras el proyecto presentado en la sesión virtual del jueves para que se diera marcha atrás en el recorte a los Municipales, se le vino el cruce del llaryorismo. Impulsado, sobre todo, desde los principales despachos del Palacio 6 de Julio y embestida que no podría ser la última desde el PJ local.
El otro sector que respaldó a los conducidos por Beatriz Biolatto fue la CGT Regional que conduce el titular del SEP, José Pihen. Los municipales no están dentro de la central sindical que comanda el legislador provincial y se alinearon en la Rodríguez Peña que tiene también a los otros gremios con poder de fuego: Luz y Fuerza y Surrbac.
El apoyo de la CGT Regional vino con dos documentos en los que repudiaron la medida, la compararon con la dispuesta por la gobernación de Ramón Bautista Mestre en 1995 y criticaron a los empresarios del G6 que respaldaron a Llaryora.
Pese a los rumores que se dijeron en algunas ocasiones en torno a las diferencias entre Pihen y Rubén Daniele, desde el entorno de ambos lo desestiman. Aunque hay otros que no niegan que uno es más cercano al PJ provincial que el otro.
“En la Provincia no se olvidan que Daniele estuvo en el acto de (Carlos) Caserio a principio de este año cuando todo pintaba para interna”, advierte un conocedor del mapa sindical sobre la reunión en un hotel de Rodríguez del Busto hace unos meses.
Retornando al respaldo de la CGT que aglutina a gremios como La Bancaria, Uepc, Sadop, Judiciales y Legislativos, entre otros, sostienen que “la central sindical es la que lidera Pihen, porque la Rodríguez Peña se debilitó y las 62 Organizaciones tienen un rol más político que gremial”. Pero, además, desestiman internas entre un ala K y una más cercana al PJ local y agregan que el respaldo a la situación del Suoem es contundente.
Históricos. Este lote tiene a varios con peso y representando gremios del sector privado como Pablo Chacón (Agec) o Rubén Urbano (UOM), entre otros. Desde este sector, un sindicalista reconoció a PERFIL CORDOBA una frase que pinta el panorama que limita a los sindicalistas a la hora de las negociaciones: “hasta las paritarias van a ser por Zoom”. “No se pueden hacer movilizaciones, no podemos hacer asambleas. Entonces es un contexto muy distinto y creo que algunos tienen que escuchar a los que tenemos canas. Incluso, en el Suoem deberían escuchar al ‘Gringo’ Daniele que no tiene las canas al p…”.
Con representación en el ámbito privado está también Gustavo Pedrocca (Suvico), que además es concejal del oficialismo que el viernes acompañó el proyecto del recorte, y Sergio Fittipaldi, del sindicato de la limpieza. Ambos, tanto los vigiladores como los trabajadores de Soelsac, pertenecen a las 62 Organizaciones y salieron a respaldar a los Municipales, aunque esto no quita el aceitado vínculo que tienen con la Provincia a través de Alejandra Vigo y Carlos Massei.
Chacón también reforzó su relación con El Panal y toma distancia de los Municipales. El titular de Agec se reunió con Pedrocca antes de la votación de la ordenanza para preparar un documento de respaldo que luego salió sin la firma del líder de los vigiladores y “más lavadito”.
El representante de los mercantiles tiene además a su hijo como director de un CPC, con lo cual es imposible que tense la cuerda con el Palacio 6 de Julio y sumó un poroto con El Panal al calmar a los afiliados antes de la flexibilización cuando los dueños de los comercios presionaban para abrir aún sin los permisos.
Chacón en Córdoba es un referente de Massa y hay un acuerdo entre el schiarettismo y el tigrense cada vez que el oficialismo necesita el quórum en Diputados. Relación que también se mete en el no entorpecimiento de las conveniencias del tridente.
Por último, tanto la situación de los industriales en Smata como en la UOM es similar. Acordaron en algunos casos recortes de salarios para priorizar la fuente de trabajo y marcan diferencias con los estatales: “ellos nunca corren el riesgo de ser despedidos, los jefes de ellos no cierran nunca. A nosotros no nos queda otra” sostienen y agregan que las medidas de fuerza de los trabajadores de servicios, en este contexto, terminan afectando a otros trabajadores.
Suoem: “Tenemos margen para resentir más servicios”
El viernes por la tarde se conoció la imputación de 13 integrantes de la cúpula del Suoem por la protesta del 8 de mayo pasado cuando, según la Justicia, violaron la cuarentena en la movilización por el reclamo a los recortes.
Entre los imputados está la secretaria general del gremio, Beatriz Biolatto, y dirigentes de peso como Daniel Fernández o el vocero del sindicato, Damián Bizzi. “Se reglamentó y el mismo día llegó la notificación”, dijeron desde el gremio, agregando que algunos imputados se enteraron por la publicación del Ministerio Público Fiscal el mismo viernes por la tarde.
En tanto, acerca de las manifestaciones, señalaron: “tenemos margen para seguir resintiendo servicios” y aclararon que la semana tendrá como eje “visibilizar la gestión de Llaryora en los barrios”.
