La Cámara Alta aprobó las postulaciones de Mariano Longarini para subrogar vacancias, en caso de ser necesario, en jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, y de José Ernesto Cano, para el caso de los Tribunales Orales Federales, también de Córdoba. Dejó frizado el pliego de Juan Pablo Salvay, el escribiente que había sido también propuesto como conjuez para los tribunales de la jurisdicción.
El Ministerio de Justicia había enviado los mensajes a la Cámara Alta para los nombramientos. En julio último, los abogados propuestos fueron escuchados en el Senado Nacional para defender sus postulaciones. Sobre Salvay hubo dos impugnaciones, una de ellas referida a la causa donde continúa investigado por presunta sustracción de medios de prueba.
La ley 27.439 que regula el régimen de subrogancias del Poder Judicial de la Nación, establece como exclusión para ser designado haber sido procesado “por delitos dolosos y dicho procesamiento se encontrare firme”. Este no es el caso porque solo está imputado y aún no se definió su situación procesal, aunque plantea dudas éticas porque, de haber cometido efectivamente el delito que se le endilga, lo llevó a cabo en el propio Poder Judicial.
Finalmente, el oficialismo no le dio el respaldo y su postulación no pasó el Senado. Quedó en gateras, sin aprobación.
Los conjueces designados pueden ser convocados para reemplazar a los magistrados titulares, en forma interina, en caso de licencias, suspensiones, vacancias o remociones. En el caso particular de Córdoba, todavía no hay confirmación pero sí fuertes rumores de que Ricardo Bustos Fierro podría pedir una nueva prórroga para continuar al frente del Juzgado Federal N°1, con competencia electoral, justamente en el año de los comicios presidenciales. Si se jubila a partir del 17 de enero del 2023, cuando se cumplirán cinco años del decreto de Mauricio Macri que le concedió la prórroga, el juzgado con más competencia y poder de Córdoba quedará vacante.