El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio marcha atrás en las exigencias que había impuesto al grupo de trabajadores de los tribunales provinciales que se niegan a recibir las vacunas contra el coronavirus. Desde mañana, solo les pedirá un hisopado negativo al inicio de cada semana para permitir el ingreso a sus puestos de trabajo, en forma presencial.
La decisión es un cambio sustancial respecto a los requisitos vigentes hasta el viernes. Desde comienzos de septiembre, los obligaba a realizar un PCR negativo cada 72 horas, a cargo de cada trabajador, funcionario o magistrado. Y los que también se negaron a realizarlo por el alto costo económico que significaba, fueron licenciados sin goce de haberes. Eran un número ínfimo, alrededor de 10 empleados.
En el comunicado del viernes pasado, el TSJ informó que tomó la decisión de modificar las exigencias “luego de consultar a la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Provincia sobre los mecanismos preventivos y de detección del virus que aconsejan en el caso del personal no vacunado”.
Refirió también que la sugerencia fue “realizar de manera obligatoria testeos sistemáticos una vez por semana mediante test de antígeno para aquellas personas (trabajadoras del Poder Judicial) que no cuentan con al menos una dosis de vacuna Covid-19 y cuya presencialidad es indispensable”. En efecto fue Gabriela Barbás quien respondió a la consulta del TSJ.
Otro de los aspectos que tomó en consideración el alto cuerpo fue la flexibilización de las restricciones adoptadas por las autoridades gubernamentales de los diferentes niveles, nacional y provincial, ante el descenso de casos de contagio y la menor ocupación de camas críticas.
Los tribunales provinciales se actualizaron a la modalidad adoptada en un amplio abanico de sectores. Incluso en la misma Justicia Federal, la Cámara de Apelaciones había resuelto exigir el certificado de vacunación y, en su defecto, un test de antígeno negativo semanal.
Lo propio había hecho la Provincia en los diferentes estamentos administrativos y en las escuelas públicas.
Una exigencia mayor, como la que regía hasta la semana pasada en los tribunales provinciales, había generado no solo presentaciones judiciales, sino también una discusión legal respecto a por qué se requería recién ahora los PCR negativos, cuando en los peores momentos de la pandemia no habían sido solicitados, a pesar de llevarse a cabo actividad presencial.
