Ya está integrado el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que juzgará a 14 personas en la segunda parte de la causa CBI Cordubensis, donde ya hubo condenas por intermediación financiera no autorizada, las primeras en el país después de que la figura se incorporó al Código Penal. Los socios de la firma, que se desmoronó en febrero de 2014, volverán a estar sentados en el banquillo de los acusados pero en este caso como presuntos autores de lavado de activos en otros hechos, aunque siempre dentro de la operatoria de CBI y las empresas satélites que aportaban a mantener su circuito de negocios.
Luego del apartamiento de dos de los jueces naturales, José Fabián Asís y Carlos Julio Lascano, se incorporaron otros dos vocales, que se suman a Noel Costa: Carolina Prado (del TOF1) y Mario Eduardo Martínez (TOF de La Rioja).
Según pudo conocer PERFIL CORDOBA, el objetivo es concretar el juicio en marzo del próximo año. Actualmente, el tribunal puso a disposición de las partes -en una secuencia sucesiva- la posibilidad de solicitar pruebas. Ya lo hicieron las defensas y el Ministerio Público Fiscal. Los próximos serán los querellantes, Afip, Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Apartamientos aprobados. Hubo discusión respecto si correspondía que se aparten los jueces Asís y Lascano. Cuando se dividió el expediente y se elevó a juicio la primera parte, se pensó en que todos los hechos desmembrados serían juzgados por el mismo tribunal. Pero apenas se elevó la acusación del segundo tramo de la causa, comenzó la discusión. El tema a dilucidar era si en este segundo juicio evaluarían prueba con la cual ya habían tomado contacto. Se debió integrar dos veces el tribunal porque en un primer momento se convocó a Julián Falcucci, del TOF1. Como fue el cuarto juez en el primer juicio, también se apartó.
Con la integración final de Costa, Prado y Martínez, se admitieron todas las inhibiciones llegando a la conclusión de que no habría un “contacto inédito” con la prueba que ya había sido analizada para confirmar la intermediación financiera y descartar las estafas y la asociación ilícita.
Preguntas que se plantean. Como ya se explicó, en este nuevo juicio se analizarán exclusivamente hechos vinculados al presunto lavado de activos agravado que se habría concretado en las operaciones financieras que realizó CBI a lo largo de los años. Todos deben responder sobre ello en diferentes grados de participación. Los socios, Eduardo Rodrigo, Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Altamirano lo harán como presuntos autores. El resto como partícipes necesarios.
Pero además hay dos imputados con otra acusación: Alejandro Daniel Yacopini, titular de la concesionaria Toyota en Mendoza, está acusado como autor de asociación ilícita. El otro es el contador Javier Fernando Guevara, quien será juzgado por intermediación financiera no autorizada.
En ambos casos se plantea el mismo interrogante: en el primer juicio, el tribunal descartó la existencia de asociación ilícita y condenó por intermediación no autorizada. Por recursos de acusadores y defensores el fallo no está firme y es revisado por la Cámara Nacional de Casación Penal. ¿Qué hará el TOF2 con diferente integración? ¿Coincidirá con el fallo anterior, dictado en junio de 2019? Todos están expectantes por el criterio que fijará Casación y los vocales que les tocará juzgar en esta segunda etapa.
Qué se juzgará. En la acusación se describen las maniobras realizadas desde y hacia CBI de Centro Motor Toyota, Toyota Compañía Financiera, el vínculo con Yacopini Inversora SA en Mendoza, Siemens y la UTE Rivelux (que cobraban la recaudación del transporte público de la ciudad de Córdoba) y, por último, el rol del contador del Grupo Dinosaurio, Javier Guevara, en la inyección de cheques de la obra social Osecac, perteneciente al gremio de Comercio.
CAUSA DE LOS COSPELES
En este lote de pruebas ingresarán para su análisis las maniobras por las cuales se inyectaron fondos a CBI desde el sistema público de transporte urbano de la ciudad de Córdoba.
“La forma más simple de graficar las maniobras de lavado de activos -señala la acusación- es describir la operatoria de la UTE Cordubensis - Rivelux y su relación con Siemens Atos”. Parte del efectivo proveniente de la recaudación por la venta de cospeles y tarjetas del transporte de pasajeros era depositado en CBI en lugar de ir a una cuenta de la Municipalidad de Córdoba. La financiera lo utilizaba para comprar cheques y los ingresaba al banco. “Es decir que en una cuenta donde debía depositarse el dinero en efectivo recaudado de los vecinos de la ciudad de Córdoba al abonar el transporte público de pasajeros, se depositaron cheques adquiridos como producto de maniobras financieras”, se indicó en la elevación a juicio.
Además, aún está abierta la causa por las eventuales responsabilidades penales de funcionarios que avalaron la operatoria desde la Municipalidad de Córdoba. Una de las testigos en el primer juicio admitió que Rodrigo declinó continuar con el contrato por los onerosos pagos que debía afrontar, refiriéndose a coimas. Ese capítulo aún está abierto para confirmarlo o descartarlo.
