La apertura de información que están generando los cuadernos de la coima reactivó causas que llevan años tramitándose en la Justicia. Entre ellas, la caratulada “Fideicomiso con Venezuela y otros, sobre defraudación a la Administración Pública”, que gestiona el juez federal Julián Ercolini. “La causa está en trámite, nunca se abandonó y, por supuesto, ahora se reactiva”, confirmaron desde las oficinas de Ercolini a PERFIL Córdoba.
Parte de esta causa nació por la denuncia anónima de un empresario de Marcos Juárez que hace ya once años expuso ante el exdefensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, el mecanismo de las supuestas coimas que tuvieron que pagar los fabricantes de maquinaria agrícola para poder exportar a Venezuela. Fueron unas 40 empresas de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, entre las que figuraron Pauny, Vassalli, Apache y Agrometal, entre otras.
“La denuncia la recibí en el 2007, de una persona cuya identidad siempre quedó bajo reserva; en el 2008 inicié un expediente por investigación administrativa y el 5 de agosto del 2010 declaré ante el juez Ercolini y el fiscal Pollicita”, relata Mondino a PERFIL Córdoba. “Ese mismo día recibí una amenaza”. Cuando regresó al que era su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires encontró una carta que decía: “Hay noticias de accidentes cada vez más. Teniendo hijos yo me preocuparía. No revuelvas lo de Venezuela. Venezuela va a terminar con vos. Dejáte de joder”.
Básicamente, lo que Mondino había documentado ante el juez consistía en una operatoria entre privados que podría estar encubriendo el pago de hasta 15% de una coima que terminaba en el Ministerio de Planificación, que conducía Julio De Vido.
La operatoria. Según explica Mondino, las empresas fabricantes de maquinaria agrícola que pretendían exportar en el marco del Acuerdo de Cooperación al que habían llegado los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez en abril del 2004, “debían pasar por una escribanía, de la calle Rivadavia (en Ciudad de Buenos Aires), donde se comprometían ante un representante de la empresa Palmat International, con sede en Miami, a pagar un 15% en concepto de servicios”.
El dinero debían enviarlo a la cuenta de Palmat (SWIFT: FABSUS44BHM, Account * 9660363830) radicada en el Regions Bank, sucursal Florida (EE.UU.). “Esa comisión debía enviarse a los cinco días de que el empresario recibía el dinero desde la venezolana PDVSA, que era la que realizaba los pagos de la maquinaria de parte del gobierno de Chávez”.
¿Dónde radica la irregularidad, siendo un contrato entre privados? “En el costo del servicio”, explica Mondino. “Un servicio de trader cobra normalmente entre 2% a 3%, con un 5% de máximo”. No obstante este punto significativo, a la causa se fueron agregando otros hechos relevantes. “No importaba el volumen exportado, sean 3 tractores o 100, todos pagaban el 15%”, relata Mondino. “Pero, además, después de lo ocurrido con la valija de Antonini Wilson, la operatoria cambió”.
En efecto, tras aquel evento, las empresas exportadoras dejaron de enviar la comisión a EE.UU. y empezaron a integrarla de modo dividido: 12% se abonaba a Palmat Intertrade, con domicilio en urbanización Marbella, Torre Swis Bank, Ciudad de Panamá; y otro 3% a la firma Madero Trading, radicada en Alicia Moreau de Justo 1720, en Puerto Madero.
Los personajes. En el desarrollo de la trama de exportación de maquinaria agrícola a Venezuela, llama la atención que todas las empresas hayan elegido, aparentemente, trabajar con los mismos traders: Palmat International (propiedad del empresario argentino-venezolano, radicado en Miami, Roberto Wellisch), Palamat Intertrade (también de Wellisch pero con Francisco Carrasquero como cara visible) y Madero Trading (cuyo presidente era José Ernesto Rodríguez, ex ejecutivo de Industrias Pescarmona y representante en Argentina del venezolano Banco de Guayana).
Según explicó al juez Ercolini el expresidente Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) José María Bautista Alustiza, la empresa Palmat había sido sugerida por “un integrante de la entidad”, quien sería Jorge Medica, dueño de la firma Yomel. Cafma actuó como una suerte de “reclutadora” de clientes para Palmat y, luego, para Madero Trading, “convenciéndolos” de pagar el 15% de comisión, porcentaje del cual Alustiza admitió ante la Justicia, que la Cafma se quedaba con el 1%. El negocio final de estas ventas fueron por alrededor de US$300 millones, y habría generado una ganancia de US$3 millones para la cámara y de US$45 millones en supuestos “servicios-coimas”.
Más dudas. Según pudo conocer PERFIL Córdoba, renombrados empresarios del sector de la maquinaria agrícola de Córdoba ya fueron convocados a declarar por el juez Ercolini y en todos los casos, el relato empresario siempre fue el mismo: “Contrataron servicios sugeridos por la cámara”, y aun cuando admitían lo oneroso del contrato, lo justificaban en “las dificultades que encontrarían en Venezuela, por la falta de experiencia de los agentes públicos de aquel país, si no contrataban a esta empresa”.
Mondino también reconoce que nunca pudo recoger como prueba la declaración de algún empresario que admitiera una “intermediación forzosa”. Sin embargo, desde su análisis, es claro que “Palmat fue una gran montadura legal sobre la que se hicieron operaciones que terminaron en una ilegalidad. Nadie anda con una pantalla diciendo que va a pedir una coima”, dice.
La historia sumó, a lo largo de los años, hechos que fueron abonando la idea de que algo raro había en esta operación. “Yo le advertí al entonces canciller (Jorge) Taiana lo que estaba ocurriendo y me dijo que no sabía nada al respecto porque todo lo manejaba el Ministerio de Planificación”. A las advertencias de Mondino, se sumaron en su momento las del exembajador en Venezuela, Eduardo Sadous, quien llegó a señalar ante Ercolini que “los empresarios de maquinaria agrícola se quejaban porque había que pagar comisiones y que éstas estaban dirigidas al Ministerio de Planificación”.
La ruta de los vínculos que debe desentrañar ahora la Justicia (amén de que algún empresario arrepentido decida develar el mecanismo) es la que vincularía supuestamente a Roberto Wellisch, Francisco Carrasquero y José Ernesto Rodríguez (los traders) con quien fuera el agregado comercial de la embajada argentina en Venezuela, Alberto Álvarez Tufillo, su ‘jefe directo’ Claudio Uberti (sindicado como el operador de la embajada paralela en Venezuela) y el ‘jefe de jefes’, Julio De Vido.
Quienes apuntan a investigar estos vínculos recuerdan que “la operatoria con la maquinaria agrícola se terminó de cocinar en un viaje de De Vido y Uberti a Venezuela, donde se reunieron con la gente de Chávez; de ese encuentro participó también la embajadora, Nilda Garré, además de Álvarez Tufillo”. En esta cita se firmó un acuerdo por el que se concedió exclusividad para los “contratos de agencia” a Palmat Internacional. Cuando se analizan los roles que definitivamente tuvieron los traders intervinientes en la operación, este dato comienza a tener consistencia.
Juego de roles. Aunque los ejecutivos de las empresas fabricantes de maquinaria agrícola que pasaron ante el juez Ercolini aseguraron que los servicios de Palmat eran para logística, traslado en Venezuela y capacitación del personal venezolano, lo cierto es que todo el proceso de envío de la maquinaria desde el puerto de Zárate hasta Puerto Cabello (Venezuela), lo realizó la compañía Jas Forwarding Argentina, que subcontrató a Vessel SA para el transporte de los equipos vía marítima.
"Coordinar la logística de este embarque, el primero de cinco que sumarán 40.000 metros cúbicos de bodega y 600 contenedores, fue complejo porque involucró a empresas de distinta envergadura, con distintos productos y necesidades ", señaló Javier Salip, director de Jas Forwarding, cuando explicó al sitio especializado eLogística, el “caso de éxito” que significó para su firma trasladar maquinaria agrícola desde localidades como Firmat o Las Varillas hasta Puerto Cabello.
¿A qué se dedicó entonces Palmat, a cambio del 15% que cobró? La pista más firme, según diferentes fuentes consultadas, es que Palmat, bajo el ítem del contrato que decía “allanar la burocracia venezolana”, era la instancia que habilitaba a cada empresa argentina que quería exportar, la firma del acuerdo con la Corporación Venezolana Agrícola (CVA), lo cual activaba, a su vez, el desembolso de los recursos por parte del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), administrador del fideicomiso de PDVSA.
En el ambiente de este negocio, se decía que Palmat “manejaba los cupos”, una manera oficial de referirse a permitir exportar sólo a quien aportaba previamente el 15% “por servicios”. Para quienes no querían hacer ese depósito, no había cupo y el contrato con la CVA no llegaba nunca.
“Para que se esclarezca esto es necesario que alguno de los participantes cuente la verdad y se investigue el rol de José Ernesto Rodríguez”, concluye Eduardo Mondino.
En la ruta de esta virtual coima de la conexión venezolana, la autopista parece ser el Banco de Guayana, entidad bancaria de la que Roberto Wellisch era miembro de su Junta Directiva, en la sede de Puerto Ordaz (estado de Bolívar, Venezuela) y José Ernesto Rodríguez era representante en Argentina. Curiosamente, el banco tenía el mismo domicilio de Madero Trading.
