En la última década, Argentina habría perdido un 2% de su PIB (US$11.000 millones) por hechos de corrupción, según denunció la diputada nacional Elisa Carrió. En tanto, un trabajo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) calculó que entre 1980-2007, el país resignó otros US$ 13.000 millones, monto al que se llegó en base a unas 750 causas de corrupción en el Estado. Vale decir: en los últimos 37 años, se escurrió un 4% del Producto Bruto hacia los bolsillos de los corruptos.
¿Cuánto se investigó al respecto? ¿Cuánta gente terminó en la cárcel?¿Cuánto dinero se recuperó? Nada, poco y nada podría responderse para las tres preguntas. Solo 11% de las 63 grandes causas de corrupción investigadas por la Justicia argentina en las últimas dos décadas terminaron en condenas, según el Observatorio de Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En Córdoba, existe un Fuero Penal Económico y Anticorrupción (que comenzó a funcionar en 2004) y hasta el momento ha trascendido solo por archivar causas, a pesar del centenar de denuncias presentadas. No por nada, el 49% de los abogados matriculados “no le tiene ninguna confianza” a esta instancia judicial provincial, según una encuesta elaborada por la consultora Economic Trends.
Sin Poderes Judiciales que funcionen debidamente, la corrupción se convirtió en un ingrediente naturalizado de la dinámica de los negocios en la Argentina. Y por más que en Córdoba se ha cultivado por años, desde los sucesivos gobiernos, las percepciones de que la provincia “es una isla”, que aquí “no se ofrece ni un mango de coima” y otras conceptualizaciones del tipo, lo cierto es que la provincia no escapa a la cultura del fraude.
“Cada vez más, los comportamientos éticos pierden atractivo”, señala Jorge Bacher, socio de PwC Argentina, quien dirigió el capítulo nacional de la Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2016.
Según este relevamiento (que incluyó a más de 120 compañías de todo el país), Argentina se ubica dentro de las 10 naciones donde a mayor proporción de empresas se les solicitó pagar una coima para llevar a cabo un negocio. Además, el 24% de los encuestados cree haber perdido una oportunidad de negocio porque su competidor pagó un soborno. “La tentación para delinquir es alta, esto lo muestra el hecho de que el 79% identificó a la ‘oportunidad’ como la motivación principal del perpetrador”, señala Bacher.
Sistema distorsionado. A pesar de los relatos políticos a la defensiva en relación a la corrupción, los datos dan cuenta que la economía argentina se transformó en un sistema amigable para las prácticas irregulares. Esto es algo así como la “institucionalización de la mordida” a costa la de la propia institucionalidad.
“Analizando la evolución de cada uno de los tipos más frecuentes de fraude, identificamos cuatro amenazas que vienen creciendo: soborno y corrupción, lavado de activos, robo de información privilegiada y delitos informáticos”, indica PwC. Las coimas y la corrupción eran el 11% de los delitos en 2011 y treparon al 22%, el año pasado. El lavado de activos pasó del 3% al 17%.
Al margen de estas cuatro formas de delitos mapeadas por PwC desde el sector privado, existe otro rastreo de fraude realizado desde el sector público por la Procuración del Tesoro: se trata de los sobreprecios de la obra pública (fraude que tiene, definitivamente, al sector privado como contraparte). Sobre 15 causas estudiadas por la Procuraduría, que involucraban delitos de corrupción superiores a los US$100.000, se encontró que sólo en tres de ellas los sobreprecios eran inferiores al 100%.
“Si el gasto en inversión pública ejecutado por el gobierno nacional promedió entre 2007 y 2015 un nivel de US$12.500 millones al año, es razonable pensar que el sobreprecio promedio puede haber orillado un 20%. Si hubiera sido así, sólo sobrefacturando la inversión realizada por el gobierno nacional (sin las provincias ni los municipios) la corrupción en este rubro podría haber sumado US$2.500 millones al año”, analizó en un informe presentado en 2016, el actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Con tamaña danza de millones de dólares circulando por las vías de los negocios corruptos - blindados por los propios poderes del Estado- ¿quién buscaría hacer negocios ‘por derecha’?
El tema es más profundo que ese cuestionamiento. “Al final del día, en entornos corruptos, no prospera quien innova, ni quien busca ser más competitivo, ni quien trabaja por tener un negocio sustentable, ni quien intenta ser un buen hombre de negocios, prospera quien ofrece la dádiva más atractiva”, sostiene PwC en el análisis de su encuesta.
Aquí es donde se crea el círculo vicioso de la corrupción estructural que enlaza los eslabones del corruptor y del corrompido, ambos volviéndose ricos con costos para el conjunto de la sociedad. “Los países más pobres son los que más sufren bajo el yugo de la corrupción”, advierte Transparencia Internacional (TI), en cuyo Ranking de Percepción de la Corrupción, Argentina ocupa el lugar 95 (sobre 176 países). Chile está en la posición 24 y Uruguay en la 21.
Responsabilidad del sector privado. La cultura de la corrupción se está volviendo tan acendrada que, de acuerdo a la Encuesta sobre Delitos Económicos de PwC, Argentina es también uno de los 10 países del mundo donde una menor proporción de compañías tiene implementado un programa formal de transparencia en los negocios (solo 1 de cada 4 empresas realizará inversiones en estos rubros, durante 2017).
“¿Esto nos convierte en una sociedad corrupta? No necesariamente, pero es un dato al que se le debe prestar atención”, advierte Price.
Probablemente, si las empresas no empiezan a tomar la vanguardia en la lucha contra la corrupción, deberán resignarse a un mix de factores en decadencia que destruirán sus ingresos.
“Cuando es sistémica y no se la combate, se impone como un impuesto para las empresas. Además de eso, la corrupción afecta negativamente la competitividad de los productos nacionales en el comercio internacional, al elevar el costo de la inversión productiva y disminuir la estabilidad en el ambiente de negocios”, señala el dossier ‘La responsabilidad social de las empresas en el combate a la corrupción’, que elaboró el Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social.
“El tradicional ‘triple botton line’, que supeditaba la sustentabilidad a los factores social, económico y ambiental, ahora se transformó en una ecuación que incorporó una cuarta dimensión, la ético-cultural”, afirma Luis Ulla, director de Investigación y Desarrollo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE). "Sin dudas, el combate contra la corrupción se convirtió en una política de RSE”, enfatiza.
Esto significa que hoy no alcanza con hacer negocios conscientes en lo social y ambiental si no se asume una conducta ética e íntegra que combata a la corrupción y cree una cultura de la transparencia. Y no se trata de altruismo, sino de dinero: “Las prácticas de corrupción, al crear a corto plazo aparentes beneficios para las empresas, llevan a la falsa percepción de que es ventajosa. Sin embargo, compromete el desarrollo sustentable del mercado y aleja cualquier posibilidad de lucro a largo plazo”, afirma Ethos. Desde esta perspectiva, ser éticos es una cuestión de sobrevivencia, no de filantropía marketinera.
El Instituto de la Ética Empresarial de Londres realizó un estudio denominado ‘La Ética Paga’ (Does Ethics Pay) donde se reveló la importancia que ha cobrado esta conducta en las empresas: 50% crece el retorno sobre el capital en empresas que son éticas; 40% es la repercusión en los costos operativos de las empresas lideradas por ejecutivos que viven principios éticos y 70% mejora la reputación de la marca.
Las que marcan camino. Hay empresas que desde su fundación se gestaron con principios éticos, y hoy la perseverancia en ello explica su éxito. Naranja es, sin duda, el ejemplo local más relevante.
La compañía presidida por Alejandro Asrín (con $88.438 millones de facturación anualizada en comercios amigos y un crecimiento del 36% en ingresos netos operativos, durante 2016) ha construido un conjunto de herramientas que garantizan su sólida cultura: tiene un Código de Ética, un Código Genérico de Participación en Comunidades Digitales, un Sistema de Gestión Integral del Riesgo, mecanismos internos de control y seguimiento, y desde enero de este año una Línea Ética: canal de comunicación anónimo y estrictamente confidencial para poder informar cualquier comportamiento indebido que sea contrario a los valores y el Código de Ética. Esta línea está administrada íntegramente por una consultora independiente (KPMG). Además, la firma se somete a las auditorías SOX (Ley Sarbanes– Oxley de Estados Unidos) para evitar fraudes financieros.
Junto a Naranja, Arcor es la otra empresa de origen provincial que destaca en materia de ética y transparencia. De hecho, es considerada la empresa más responsable y con mejor gobierno corporativo de la Argentina, por delante de Coca-Cola, Unilever, Techint y Banco Galicia, según el ranking anual Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa).
El fenómeno es lo suficientemente complejo como para que se logre erradicarlo, pero sí puede ser combatido, y al hacerlo se liberaría potencial de desarrollo. Según estudios del FMI, por cada punto de transparencia que gana una economía se beneficia con 0,25% de crecimiento. Al final, aunque esté devaluada e inhibida por el cinismo, la “ética paga”.
