Todas las cartas están sobre la mesa, pero las estrategias finales de las jugadas todavía no están diseñadas. Pasadas las elecciones de octubre, la relación entre Nación y Provincias comenzará a definir sus grandes números. Córdoba sabrá entonces con cuánto dinero contará en su billetera y para qué alcanzará esa disponibilidad de fondos.
Por lo pronto, cálculos preliminares realizados por PERFIL Córdoba en base a los movimientos de piezas más concretos que se hicieron en las últimas tres semanas (tanto desde el ámbito nacional como el provincial), estaría arrojando la necesidad de un recorte en el gasto de entre un 2% y un 4%, para el año que viene. Esto implicaría montos que oscilan entre los $2.510 millones y los $5.016 millones.
El techo del cálculo proyectado coincide con el análisis que el Estudio Bein realizó para el gasto público nacional, sobre el cual estimó que debería bajar un 4,5% en términos reales para cumplir con las metas fiscales fijadas; y esto, siempre que la economía crezca al 3%, por lo menos.
Bases del cálculo. Como ya había anticipado este diario, semanas atrás, cuando planteó el ‘Plan B’ al que la Provincia podría apelar para enfrentar la pérdida de recursos del Fondo del Conurbano Bonaerense, la alternativa más firme es reclamar una coparticipación plena del impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB, o impuesto al cheque). Según trascendió, esta posibilidad formaría parte de las propuestas con que el gobernador Juan Schiaretti llegaría a la negociación de fondo con la Nación.
Hoy por hoy si le coparticiparan la totalidad de este impuesto, Córdoba recibiría unos $6.092 millones, según cálculos del Iaraf. Sin embargo, este monto podría verse ajustado si se avanza con la idea de reducir la alícuota del tributo o, incluso, de diluirlo como pago a cuenta de Ganancias, dos posibilidades que están contempladas en la reforma impositiva que impulsa la Nación. Respecto de lo que hoy recibe Córdoba del Fondo del Conurbano, la compensación por esta vía podría significarle resignar hasta un 1% de recursos.
Por otro lado, para alinearse con los objetivos de la ley de Responsabilidad Fiscal, que incluye una rebaja de la presión impositiva, Córdoba propondría una reducción de Ingresos Brutos comenzando por los de “extraña jurisdicción” (contribuyentes que no están radicados en la provincia). Se calcula que ese segmento tributa más de $1.000 millones anuales a Rentas.
Otros ajustes. Adicionalmente a las retracciones mencionadas en los puntos anteriores, hay que contemplar que también por ley de Responsabilidad Fiscal, todas las provincias deberán mantener constante, en términos reales, el Gasto Corriente Primario hasta el 2019. Para 2017, Córdoba contempló en este rubro un crecimiento real de casi el 8%. ¿Sacrificará el año próximo un aumento de ese orden?
Finalmente, de acuerdo a las proyecciones de diferentes consultoras privadas y economistas independientes, la actividad crecerá el año próximo no más del 3,3%. El Proyecto de Presupuesto 2018 de la Nación contempla un 3,5%. En estos términos, el aumento de los ingresos impositivos (tanto provinciales como de origen nacional) lejos estará de ser explosivo. Antes bien, los gobiernos deberán hacer un enorme esfuerzo para reducir la evasión y la elusión y cumplir con la promesa de reducir la presión tributaria.
Así las cosas, la ecuación de gastos estará sometida a una gran tensión, lo cual no significa necesariamente que deba resolverse por el camino de la reducción de personal o de servicios. Más bien, enfrentará el desafío de la reducción por medio de la reingeniería de procesos y la aplicación de innovaciones que generen valor, atenuando gastos improductivos.
Este año, de la torta total de gastos que realiza la Provincia, más del 82% son erogaciones corrientes; se trata de unos $103.183 millones. Allí precisamente es donde deberán concentrarse los mayores esfuerzos.
Gestión por resultados. “Hay algunos que confunden gradualismo con sintonía fina. El gobierno de (Mauricio) Macri no es gradualista, apunta a cambios radicales en el Estado; pero, estos no se logran con recortes dramáticos como ocurría en la época de (Domingo) Cavallo, sino a través de un nuevo diseño de la gestión pública”.
Con estas palabras explicaba a PERFIL Córdoba una fuente cercana al ministerio de Modernización, la lógica que guía al gobierno nacional en su relación con las provincias y en el proceso de sinceramiento fiscal que busca instalar para el periodo 2018-2019.
Esta fuente sugirió poner atención en los próximos meses al Compromiso Federal para la Modernización del Estado, que se firmó a principios de este año entre Nación y provincias, e incluyó cinco puntos estratégicos. Entre ellos, el de “gestión por resultados”.
¿De qué se trata? “La gestión por resultados apunta a lograr una mayor eficacia de las políticas públicas, potenciar su impacto y generar más responsabilidad en los funcionarios”, explica Maximiliano Campos Ríos, investigador asociado del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
En términos concretos, este modo de administración pública implica dar vuelta la mecánica con la que tradicionalmente se gestiona el gasto. De plantearse “cuánto dinero hay y en qué se va a gastar” conforme a un interés político coyuntural para preservar el poder, se pasa a proyectar “resultados en bienes públicos que se busca alcanzar y, a partir de éstos, se define la mejor combinación de insumos, actividades y productos para lograrlo”.
Para los funcionarios del ministerio de Modernización, que los gobiernos provinciales entren en esta dinámica va a ser la mejor manera (sino la única) de que logren cumplir a largo plazo con la ley de Responsabilidad Fiscal. “Sin modernización no habrá eficiencia de gastos”, reconocen. Pero, se apuran a aclarar: “Esto no es ajustar por ajustar, sino diseñar el mejor resultado posible con la aplicación más eficiente de los recursos”.
Balance provincial. Córdoba viene ejecutando desde hace al menos tres años un programa de Gestión por Resultados a partir de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas del Ministerio de Finanzas. Tiene importantes avances en materia de transparencia fiscal, auditorías externas y aplicación de innovaciones tecnológicas para agilizar la relación con los contribuyentes.
El ‘talón de Aquiles’ de la gestión provincial se filtra en dos indicadores críticos: por un lado, la subejecución de los programas sociales; por otro, la sobrejecución de lo presupuestado para las Agencias del Estado, las cuales manejan recursos sin control del Tribunal de Cuentas.
“La Provincia duplicó el presupuesto para publicidad entre 2016 y 2017, mientras que el Paicor aumentó apenas el 19% en el mismo período. Para colmo, en los primeros seis meses ejecutó el 99% (en un año electoral) del primero, y apenas el 39% del segundo”, denunció recientemente la legisladora de la oposición Liliana Montero (Córdoba Podemos).
