Gobierno busca debilitar “gatillazo” y gremios no aceptan el techo del 15%

“El gobierno (nacional) está atrapado en su laberinto y quiere que los trabajadores paguen la factura para que pueda salir de allí”. En estos términos definía un dirigente gremial cordobés el ambiente que vislumbra en las negociaciones paritarias, tanto de sector público como privado.
Todas las fuentes involucradas en estas negociaciones (gremialistas, empresarios, funcionarios) dan su visión off the record y algunas, como el propio ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Walter Grahovac, comunicaron directamente, a través de su oficina de prensa, que “no habla antes de las paritarias”.
De algún modo, la reacción de todos es entendible: nadie quiere adelantar las cartas de unas negociaciones que están plagadas de incertidumbre y de riesgos de profecías autocumplidas. El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, sugirió públicamente esta semana que “sin la cláusula gatillo sería más fácil el proceso de desinflación”. En privado, el equipo económico entiende que esta herramienta “crea expectativas inflacionarias que terminan convirtiéndose en realidad”. Para evitarla, el Gobierno pidió a la UIA (industria), a CAME (comercio) y a los bancos que intenten negociaciones con “techo de 15%”.
Pero, “¿el Gobierno puede garantizar que cumplirá esta meta?”, cuestionaba un empresario del sector fabril, quien reconoció que un análisis interno que circuló en las últimas horas en la UIA proyecta para enero una inflación del 2%, lo cual abre un escenario de conflictividad para negociaciones que pretendan fijar un techo. (ver “Casos testigos”) Callejones sin salida. Siguiendo con la metáfora del gremialista, el Gobierno se internó más profundamente en su laberinto al buscar bajar tasas y mejorar el tipo de cambio: el dólar buscó un nuevo punto de equilibrio y su reacomodo fue migrando a precios. Aunque la estrategia es válida desde el punto de vista de los equilibrios macro necesarios en el largo plazo, a corto término tiene costo inflacionario.
¿Para qué, entonces, el “ala política” del Gabinete se amarró a un expectativa de hierro del 15%? Como sostiene el economista Jorge Vasconcelos (Ieral), “hubiera convenido mantener un margen de error para el cumplimiento del objetivo inflacionario, de modo que tres puntos porcentuales de diferencia no renueven las especulaciones”.
Esto significa: si el recalibramiento hubiera admitido una brecha de entre el 15% y el 18%, hoy las paritarias se jugarían dentro de esos márgenes con más credibilidad, partiendo de un piso consensuado de 15% y dejando “el gatillo” como reaseguro, sin poner presión desmedida en la negociación por desconfianza. De hecho, la paritaria del sector aeronáutico -cerrada en diciembre- se negoció en 17%. ¿Cómo fue que desconocieron este antecedente?
Córdoba, en relativa calma. En la provincia, el intendente Ramón Mestre y gobernador Juan Schiaretti parecieron entender más claramente el panorama que la propia Nación. No porque en Córdoba no se vaya a sentir el impacto de la inflación, sino porque tanto Municipalidad como Provincia jugaron cartas anticipadas que neutralizaron los conflictos. Aunque inicialmente recibió muchas críticas, la decisión de Mestre de ajustar los sueldos mes a mes terminó siendo una salida práctica y eficiente, ante la imposibilidad de contar con una pauta inflacionaria nacional previsible. El Gobierno provincial, en tanto, asumió el costo de pasar a planta permanente a 4.800 agentes (cuyos salarios son menores a los valores de contrato), a cambio de una paritaria acordada en 11% en dos tramos, más ajuste por inflación y actualización mensual en el último cuatrimestre del año.
La mira está puesta ahora en la negociación con los docentes nucleados en la UEPC, donde su secretario general, Juan Monserrat, anticipó el pedido de una fórmula que podría poner en aprietos a las arcas provinciales. Monserrat pretende 20% más cláusula gatillo y en el primer semestre, lo cual supone un ajuste por encima de la pauta inflacionaria más alta que se está calculando (el consenso de economistas privados estiman entre 18% y 19,6%). “Mientras no se supere el 20%, el tema es manejable por el Presupuesto”, confiaba a este medio un funcionario del Gobierno provincial. La UEPC se estaría acercando a una línea roja delicada.