La reforma laboral esbozada por el gobierno nacional es, del conjunto de propuestas que trascendieron, la que generó el debate político social más inmediato. Al finalizar la semana quedaron en claro cinco aspectos:
1-La CGT nacional se opone decididamente al proyecto conocido como “borrador”. Argumentan dos motivos centrales: que se modifican puntos medulares de la ley de Contrato de Trabajo (LCT) y, por otro lado, se altera la filosofía básica del derecho del trabajo, al pasarse de un “derecho tutelar” (protección del más débil, el trabajador) a un “derecho entre iguales” (capital y trabajo).
2-A partir de la visión general anterior, la CGT enfoca sus críticas en cuatro puntos principales: la rebaja de la base de cálculo de las indemnizaciones y la creación optativa de un Fondo de Cese Laboral; el límite a la solidaridad de la “empresa madre” en las tercerizaciones; el “banco de horas” para compensar los ritmos de producción y la figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente”.
3-La estrategia inmediata de la central obrera es estudiar en detalle la “letra fina” de la propuesta del Gobierno y encarar rondas de negociaciones con el Ministerio de Trabajo. La primera fue este viernes y estuvo encabezada por Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid y los dirigentes Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri, Francisco Gutiérrez y Rodolfo Daer.
4-Si en las rondas de diálogo con el Gobierno no logran eliminar los puntos que consideran innegociables, el Congreso será la arena del debate de proyectos enfrentados.
5-Las delegaciones provinciales de la CGT, los gobernadores y legisladores son los aliados y canales que utilizarán para intentar un frente común que defienda en el Parlamento una propuesta alternativa.
Las dos corrientes sindicales cordobesas más representativas –la CGT que lidera José Pihen y el Movimiento de Trabajadores Cordobeses, que tiene a Rubén Urbano entre sus referentes– ya están alineados con esta estrategia: “Anticipamos nuestro rechazo a que se violente la Ley de Contrato de Trabajo, aunque estamos dispuestos a dialogar”, aseguraron a Perfil CORDOBA. La kirchnerista CGT Rodriguez Peña (conducida por Mauricio Saillén) se mantuvo en silencio ante la consulta de este diario.
Qué se juega. A la par del conjunto de derechos que defienden los sindicatos para quienes ya tienen empleo, Argentina muestra una realidad donde hay un 33,7% de empleo informal sin ningún tipo de protección social (35% en Córdoba), que no logra ser integrado plenamente al mercado laboral y en riesgo de caer en el drama que ya enfrenta el 30% de pobres.
Entre los múltiples factores que inciden en esto aparece lo que se llama “productividad”. “En 1950 nuestra productividad era 50% de la de Estados Unidos. Hoy no llega al 30%”, señala Alberto Schuster, director de la unidad de Competitividad de la consultora Abeceb. Sin condiciones de productividad no hay inversión, no se crean empresas y no se genera empleo genuino.
Más allá del tamiz ideológico o político con que se analice este tema, hay algunos datos concretos que no se pueden soslayar: en Argentina, el costo de la hora de trabajo en dólares (US$15) supera ampliamente el valor de lo que se registra en México (US$7) o Brasil (US$10,6), por ejemplo.
Al mismo tiempo, la productividad laboral por hora trabajada (o sea el rendimiento obtenido por ese dinero invertido) es muy baja en el país: se reduce a la mitad respecto de lo que logra el mercado azteca (US$5,87 en Argentina frente a US$12 en México); y la brecha se amplía si la comparación se establece con Chile (US$16); EE.UU. (US$88) o Irlanda, donde la productividad laboral por hora trabajada asciende a US$97.
“La Argentina queda desacomodada: no puede competir con países de industria desarrollada y alto valor agregado per cápita (EE.UU., Irlanda, Japón, etc), pero tampoco con países de mano de obra más barata y relativamente más productiva (China, Chile, México, Brasil, entre otros)”, explica el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).
Punta del ovillo. La reforma laboral (con sus virtuales aciertos, desaciertos y hasta probables inconstitucionalidades) tiene como foco reducir esta brecha. ¿Es el mejor camino? Los expertos admiten: “No es socialmente viable plantear una estrategia de aumento de competitividad mediante la reducción significativa de los costos salariales; debe lograrse mediante un incremento significativo de la productividad laboral y de la productividad total de los factores”, dice Schuster, de Abeceb.
En estos términos, la agenda del diálogo necesario exige contemplar los derechos adquiridos por quienes ya trabajan, pero también aspectos como costos sindicales, capacitación, litigiosidad, seguridad jurídica, ciclos de producción con metas consensuadas entre capital y trabajo, inversión de capital, innovación, beneficios integrales que mejoran la calidad de vida del trabajador sin poner en riesgo la sustentabilidad del empleo, entre otros ítems.
“Hay menos burocracia y menos dogmatismo en el intento de percibir lo que es la astrofísica que lo que es la reforma laboral”, dice con agudeza Eduardo Punset, el economista y divulgador científico español que se ha destacado en la BBC y The Economist y hoy es profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Facultad de Economía de la Universidad Ramon Llull (Barcelona).
Dogmatismo, burocracia, luchas de poder, intereses económicos, política…seguramente todo esto atravesará el debate por la reforma laboral. A la hora de darlo, estaría bueno recordar un apunte de la consultora Abeceb: “En los últimos 115 años el crecimiento promedio de la Argentina fue de apenas 1,2% anual”. ¿Será la hora de hacer algo diferente?
JOSE PIHEN (SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS)
“Schiaretti se adelantó a esto”
-¿Cómo evalúa la filosofía general de la reforma laboral propuesta?
-Con la excusa del blanqueo y de generar empleo genuino, se están habilitando formas precarias de trabajo. Es una reforma que está en la línea con las que ya se concretaron en Brasil y Francia, que están bajo un común denominador: maximizar ganancias y minimizar costos, eliminando derechos de los trabajadores.
-¿Cuál cree que será su impacto en Córdoba, en su sector?
-Nosotros creemos que el gobernador Schiaretti tiene muchos puntos en común con esto. Se ha adelantado en cuanto a la reducción de las plantas de personal. En 2016, hizo campaña diciendo que había reducido en 1.500 puestos la planta de la administración pública, y en efecto así ocurrió. Lo hizo por la vía de no renovar contratos y no cubrir cargos vacantes por renuncias y fallecimiento. En consecuencia, la idea de que la planta debe ser chica, la comparte con seguridad. Los puestos del Estado se justifican en función de lo que uno quiere hacer; si quiere tener buena salud pública no puede tener los hospitales sin gente y si, además, por vía de las obras se aumenta la disponibilidad de los servicios, tiene que poner gente. Indudablemente, falta gente en el sector salud.
-¿No sobra gente en ningún lado?
-No creo que sobre nadie en ningún lado. No obstante, las áreas más pobladas están situadas en la sede del Poder Ejecutivo y en la mayoría de los ministerios.
-La Nación pidió a las provincias que actualicen gasto corriente solo en función de inflación. Esto pone un límite al incremento salarial del 2018…
-Eso está diciendo cuál es el techo para salarios que en el sector público están deprimidos. El salario inicial de bolsillo apenas si rasca los $13.000 para empleados de planta; después hay una masa de contratados que está por debajo. A toda esa gente, decirle que no se le va a subir el sueldo más allá de la inflación oficial, obviamente no es un horizonte halagüeño.
-¿Cómo ve entonces la paritaria del 2018?
-El acuerdo de este año tuvo dos elementos compensatorios importantes: un piso garantizado de $2.000 y la cláusula gatillo. Se activó cando la inflación superó el 12%; si la de octubre supera el 18% se pagará la diferencia. Desde febrero se debería estar discutiendo con estos parámetros, y aplicando estos mecanismos defensivos.
-Usted ha admitido que en Estado se perdió la cultura del trabajo ¿Qué significa?
-Por un lado, los concursos de pase a planta, que son una buena herramienta, se ningunean. De los 1.300 cargos concursados hace dos años, recién se confirmaron 700. Por otro lado, hace falta capacitación importante, una tarea en la que el sindicato ha suplido el papel del Estado. Si al empleado no se lo capacita y no hay aliciente salarial importante, el resultado es que hay poca cultura del trabajo.
RUBEN URBANO (UNION OBRERA METALURGICA)
“No limitar la discusión al salario”
-¿Creen posible abrir discusiones por sector para generar condiciones de productividad?
- Si el acuerdo de Vaca Muerta es la carta de presentación, a esto no le tenemos que llamar reforma laboral sino directamente flexibilización. Hoy, los metalúrgicos tenemos sueldos de hambre, ya no se puede flexibilizar nada. Nosotros no participamos de acuerdos por sector y no creo que sean convenientes por la idiosincrasia que tienen nuestro gremio, las diferentes ramas, oficios y tareas y la gran diversidad de empresas y talleres. Nosotros tenemos más de 1.500 empresas inscriptas; discutir empres a por empresa nos llevaría años, e incluso si lo hiciéramos por rama. Por eso, toda discusión se da dentro de un mismo convenio, que se negocia a nivel nacional.
-¿Qué márgenes de cambio tiene el convenio?
-El convenio es del año 1975. Está viejo, hay montones de cosas que incorporar y otras que sacar, todo eso es materia de negociación. Por ejemplo, de acuerdo al convenio, en un taller con tres trabajadores se puede elegir dos delegados; esto es algo ridículo. Cosas como estas hay que revisar, como también la posibilidad de crear para todos los metalúrgicos, horas vacacionales y beneficios como sistemas de transporte, comedores y condiciones que mejoren la convivencia dentro de la empresa. Algunas lo tienen, pero la mayoría no. No se puede limitar la discusión solo al salario. Pasa que tanto el sector empresario como el propio sector paritario no lo quieren discutir. Nosotros planteamos esto a nivel nacional y damos la discusión, porque yo no soy obsecuente de nadie. Vamos allá con los problemas pero también con soluciones, a partir de la experiencia que hacemos en Córdoba negociando a diario con los pequeños talleres y empresas.
-¿Qué análisis hacen de herramientas propuestas como el “banco de horas” o el nuevo cálculo de indemnizaciones?
-Nos perjudica. Devolver horas extras trabajadas cuando hay períodos de suspensión es una ultra flexibilización. Las horas extras se trabajan cuando se necesitan y se deben pagar como tales, no se pueden devolver después como si fueran horas comunes. Lo que se debe hacer es generar políticas activas que hagan que la producción no se caiga, y se garanticen las ocho horas diarias de trabajo. Del cálculo de indemnización, nos preocupa que se vaya a un sistema en el que el empleador aporte una parte y que sea igual para todos. En nuestro sector, si bien hay tope indemnizatorio, la indemnización no es igual para un oficial múltiple que para un operario. Además, para el cálculo no se pueden dejar fuera las horas vacacionales.
-¿Cómo garantizar esas políticas activas que reclama si se muestran inflexibles a muchos cambios?
- Para ser competitivos no es necesario flexibilizar los costos laborales. Sí estamos a favor de ir contra la industria de los juicios laborales, que no son juicios que benefician al trabajador, sino que, por el contrario, lo dejan en la punta del abismo porque las empresas lo consideran un trabajador conflictivo que no cuida su trabajo.
