Reuniones sociales clandestinas, encuentros con más personas de las permitidas, circulación fuera de un horario establecido sin certificado de acreditación de trabajador esencial, son algunos de los ejemplos de las causas por violar el artículo 205 del Código Penal que establece: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
En Córdoba, hay varias causas elevadas a juicio por violar la cuarentena y en algunos casos se aplicaron penas de seis meses de ejecución condicional. En otros se ha intentado el cumplimiento de tareas comunitarias o el pago de una multa.
El llamado Olivosgate tiene también un impacto jurídico ante el debate planteado sobre si el Presidente y la primera dama cometieron un delito, incumpliendo un decreto puesto en vigencia por el propio Alberto Fernández. “Quien dictó la norma, no cumple la norma” afirman algunos especialistas.
El escándalo abrió varios interrogantes entre abogados, jueces y fiscales: ¿Puede este episodio hacer caer todas las causas por violar el artículo 205? ¿Se planteará la inconstitucionalidad? ¿Habrá margen para imponer penas? ¿Los abogados de los imputados utilizarán el evento del Presidente como argumentos a favor de sus defendidos?
A juicio. Hace algunas semanas la Justicia de Córdoba a través de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria, (Ufes), solicitó la elevación a juicio contra cinco organizadores de un evento masivo desarrollado en julio de 2020 en Villa Warcalde. En ese lugar se produjo la violación de las medidas sanitarias vigentes en razón de la pandemia de Covid-19. Todos fueron imputados por el delito de violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de epidemia.
Ezequiel Mallía es el abogado que representa a los acusados de este evento y opina sobre si eventualmente lo ocurrido con Alberto Fernández puede tener algún impacto: “En primer lugar, acá hay una cuestión ética y moral absolutamente reprochable por la autoridad que representa el Presidente y que además debería tener su consecuencia jurídica porque se cometió un delito. Ahora, decir que esto no es delito porque quien hizo la reglamentación la incumplió, no corresponde. Sí creo que la reglamentación puede considerarse inconstitucional porque restringe derechos”.
Mallía entiende que haber criminalizado la cuarentena desde el aspecto penal fue un exceso, aunque asegura que si esa decisión partió del Presidente no puede haber diferencias: “En la mayoría de los casos donde pudo haber una violación a la cuarentena, no merecían tener un reproche penal sino algo meramente administrativo. Ahora, si hay una política de criminalizar todos estos hechos, entonces en ese ámbito tienen que caer todos bajo la misma vara, desde el Presidente hasta cualquier ciudadano”.
El abogado entiende que los jueces deberán tener una perspectiva más profunda: “Hacer jugar al derecho penal en este tipo de infracciones lo considero abusivo. La mirada de los jueces tiene que ser mucho más amplia, castigar penalmente a una persona porque quiso trabajar me parece un absurdo”.
A raíz del suceso que involucra al Presidente asistiendo a la fiesta de cumpleaños de la primera dama en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en los pasillos de tribunales comenzó a plantearse esta semana un debate que seguramente traerá mucha polémica, admitido con mucha reserva por algunos fiscales que tramitan causas por violación a la cuarentena.
“Algunos ya están sugiriendo sobre qué pasará con este tipo de delitos que son transitorios. Si deja de ser delito se abrirá una discusión sobre estas leyes que son transitorias y seguramente muchos condenados por violar la cuarentena van a pedir un recurso de revisión de esas condenas. No sería de extrañar que en un tiempo salga una ley de amnistía para todos condenados y procesados por violar la cuarentena y ahí quedan todos absueltos”, advirtió una fuente de Tribunales.
