El ciclo parece repetirse una y otra vez en un país donde un gran sector de la clase política gana elecciones prometiendo imposibles, gobierna negando los problemas y en los últimos metros del recorrido abre el cajón de las soluciones y se encuentra con una carpeta que dice “sáquele algo a los jubilados”.
En Argentina, el largo plazo es una sumatoria de cortos plazos traumáticos. Desde la vuelta a la democracia, la declaración de la emergencia previsional en 1986, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, por no poder pagar los aumentos que la ley vigente otorgaba y la posterior ola de juicios que ello generó. La reforma de 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, que produjo luces y sombras en el sistema previsional y en la economía. Eran tiempo de los Bocon que inundaban los bolsillos de la tercera edad.
La explosión de 2001 y la salida de la Convertibilidad. Jubilados que en 2001 cobraban por encima de la mínima, percibiendo durante el período 2003-2015 un 43% menos en términos reales, siendo el botón de muestra el caso Badaro. Las 3,6 millones de jubilaciones por moratoria y las 1,3 millones de pensiones no contributivas incorporadas durante el kirchnerismo, que hicieron volar por el aire el equilibrio en el sistema.
La reestatización del sistema previsional en 2008, para poder echar mano a los fondos de las AFJP y seguir minando la confianza del capital privado en los gobiernos argentinos. La Ley de Movilidad Jubilatoria de 2008 que determinó un mecanismo de indexación en base a la evolución de los salarios y de la recaudación de la seguridad social y obvió la inflación cuando esta empezaba a aumentar, casualmente. La reforma de 2017 que propuso los aumentos con una fórmula que incorporaba la inflación y la evolución de los salarios formales.
El retorno de los aumentos vía decreto durante la primera etapa del gobierno de Alberto Fernández, que puso a los jubilados a merced del capricho de la lapicera del gobierno de turno. Y ahora, la nueva propuesta de una fórmula que quita la inflación como parámetro para la corrección y les pide a los jubilados que aten sus futuros aumentos a la evolución de los salarios y la recaudación cuando casualmente, de nuevo, hubieran cobrado más si se tenía en cuenta la inflación. En el final del camino los derrotados son siempre los jubilados.
En un sistema previsional que se lleva cuatro de cada 10 pesos del gasto público nacional, no busquemos responsables demográficos sino políticos. Tanto por el lado del aumento del gasto previsional o por el lado del no aumento de los recursos del Estado, es el sistema político el eterno responsable.
Prohibido echarle la culpa a la pandemia. Y prohibido plantear grietas. Porque el final del camino encuentra a los jubilados cada vez más pobres e indignos.
Economista
