En el año 2001 hubo tres situaciones importantes que influyeron en forma determinante para el futuro del sector de software en Córdoba y Argentina.
En primer lugar, el gobierno provincial decidió apostar al sector como estratégico, al desarrollar y establecer un conjunto de políticas de atracción a Córdoba de inversiones internacionales, logrando la radicación de empresas como el emblemático caso de Motorola.
En segundo lugar, las universidades públicas y privadas con carreras en el sector comienzan a trabajar en conjunto para desarrollar el ecosistema científico técnico.
Tercero, el sector privado se unió en el edificio inteligente apostando a la idea del ingeniero Manuel San Pedro de crear un cluster tecnológico, en ese momento diez empresas creímos fervientemente en esta idea y comenzamos a trabajar para el crecimiento del sector.
De esta forma se empezó a producir el fenómeno del triángulo de Sábato, donde el sector público, privado y educativo, trabajamos en conjunto y el todo fue mucho más que la suma de las partes.
En ese marco, el gobierno provincial elevó la apuesta y declaró al software como actividad industrial. Personalmente, me tocó la tarea de dar los argumentos a la parte técnica del Ministerio de Industria (cuyo ministro era el actual gobernador de la Provincia de Córdoba el Cr. Juan Schiaretti, ferviente impulsor del sector) sobre porqué el software era una actividad industrial.
Esta declaración fue importante por los beneficios que trajo aparejados a la industria del software:
• Exención total del impuesto a los ingresos brutos, el impuesto de sellos y el impuesto inmobiliario.
• Subsidios por cada nuevo trabajador
• Subsidios de los consumos eléctricos
• Acceso a líneas de crédito especiales
Y fue el antecedente para que al poco tiempo se declare también a nivel nacional al software como actividad industrial y luego varias provincias se sumaron a esta declaración.
En el año 2004 el gobierno nacional mediante la ley 25.922 concreta la Ley de promoción del Software que permitía que las empresas que aplicaran y cumplieran con inversión en I+D, exportación y certificaciones de calidad, pudieran adherirse a los beneficios de impuestos a las ganancias y aportes patronales entre otros.
En el año 2018 la Cessi (Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos), desarrolló el plan estratégico 2030 que prevé crear 500.000 puestos de trabajo, una facturación anual del sector de más de 20.000 millones de dólares y una exportación de 10.000 millones de dólares.
Para lograr estos beneficios es fundamental continuar con la promoción que veníamos teniendo. En mayo de 2019 el gobierno nacional - en conjunto con todos los partidos políticos- deciden aprobar una nueva ley que suplantaría a la de software incluyendo a todos los sectores que sean factibles de exportar conocimiento.Al momento de reglamentarse esta ley, y ya vencida la ley de software, la resolución 30/2020 publicada en el Boletín Oficial esta semana suspende temporalmente su aplicación.
Esta situación deja a toda la industria sin los beneficios mencionados y que son indispensables para el cumplimiento del plan 2030.
Actualmente estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Productivo nacional en la generación de alternativas superadoras a la Ley de Economía de Conocimiento que se plasmen en modificaciones a la normativa que aseguren el crecimiento del empleo y las exportaciones y que atiendan a la diversidad de áreas del conocimiento incorporadas.
En Córdoba, el ministro y el secretario de Industria siguen el tema personalmente por el impacto que esto tiene en nuestra provincia.
El sector ha sido el de mayor crecimiento en empleo y exportación en la última década, por lo que esperamos que el gobierno nacional siga apoyando y generando el marco propicio para el desarrollo y crecimiento de nuestra industria, como lo ha manifestado y supo hacerlo con la Ley de Software. Deseamos que muy pronto se resuelva cómo va a ser la continuidad de la ley y bajo qué características.
Mario Barra es presidente de Vates SA
