“La sensación era de que Córdoba se incendiaba”. Esta frase corresponde al rabino Marcelo Polakoff, uno de los mediadores en las interminables horas del 3 y 4 de diciembre de 2013 durante la revuelta policial y los saqueos que se generaron a partir del acuartelamiento de buena parte de la Policía de Córdoba.
Las palabras de Polakoff fueron expresadas en el marco del juicio a los policías, realizado el año pasado. López de Filoñuk imputó a los exministros de la gestión Cristina Fernández, Cecilia Rodríguez, Sergio Berni y Jorge Capitanich, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En la acusación sostiene que en ningún momento asistieron ni brindaron ayuda a Córdoba a pesar de los insistentes pedidos del Gobierno provincial.
En ese momento, Capitanich era jefe de Gabinete, Sergio Berni se desempeñaba como secretario de Seguridad y Cecilia Rodríguez como ministra de Seguridad. Ahora, el avance de esta causa quedó en manos del Juzgado Federal N°3 a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, quien tendrá que resolver si acuerda con la imputación de la fiscal y eventualmente convoca a indagatoria a los exministros o no avanza al mostrarse en desacuerdo con las acciones promovidas por López de Filoñuk.
Durante el proceso penal a los 56 policías, todos los que tuvieron alguna participación en las negociaciones para que el caos en el cual estaba inmersa la ciudad finalizara, coincidieron en contar casi la misma escena: “En Casa Rosada nadie atendía el teléfono”. Quizás quien lo contó de manera más descarnada fue Oscar González, en ese momento ministro de Gobierno pero a cargo de la gobernación por el viaje que había emprendido José Manuel de la Sota. El funcionario declaró como testigo en el juicio en abril del 2018.
“Intenté comunicarme con los funcionarios nacionales pero nadie me atendió el teléfono. Solo conseguí hablar con secretarios. Recuerdo que fue imposible intercambiar una palabra con Capitanich. Todo el día 3 estuve tratando de comunicarme. Berni era una especie de Rambo del tercer mundo, era el encargado de la seguridad, todos lo sabíamos, intenté comunicarme y no lo conseguí”, sostuvo.
Y agregó: “Entonces, intenté establecer contacto con (Florencio) Randazzo, ministro del Interior, pero tampoco fue posible. Solo logré comunicarme con la Casa Militar de la Casa Rosada, donde les transmitimos la situación y quedaron en que nos iban a llamar. Es obvio que había una decisión de no colaborar. Se supo luego, en radio pasillo, que funcionarios nacionales decían: ‘Déjenlos a los cordobeses que se cocinen en su propia tinta’”.
Investigación de oficio. A partir de esa declaración, la fiscal López de Filoñuk comenzó de oficio una investigación para determinar la responsabilidad política de los funcionarios nacionales a cargo en aquel entonces. También durante los alegatos de ese juicio los fiscales Raúl Garzón y Mariano Antuña pidieron que se abra una investigación y se pueda determinar por qué nadie del Gobierno nacional estuvo “a la altura de las circunstancias”.
Luego de conocida la imputación, el fiscal Antuña aseguró: “Creo que la decisión de la fiscal fue correcta. Los ministros del área tenían la obligación de brindar asistencia, no se les estaba pidiendo algo exorbitante o fuera de su función, además fue un hecho de estado público, que conmocionó a todo el país”. Miguel Ortiz Pellegrini, el abogado que representó a los policías y fue parte fundamental en las negociaciones, siempre sostuvo que el Gobierno nacional tuvo la intencionalidad de generar una situación de confusión, desorden y anarquía en la provincia.
“Aunque tarde, es bueno que la gente de Córdoba conozca la verdad. Los saqueos fueron una situación alentada por el Gobierno nacional para justificar una intervención a la provincia de Córdoba”, aseguró.
La declaración que no pudo ser. La investigación que llevó adelante López de Filoñuk tenía una fecha clave: 18 de octubre del 2018. Para ese día había convocado al ex gobernador José Manuel De la Sota para que brindara su testimonio. De la Sota no había declarado en el juicio a los policías (en ese momento justificó su ausencia como testigo por estar siendo sometido a un tratamiento médico). La fiscal y el exgobernador hablaron por teléfono un día antes del trágico accidente que le costó la vida a De la Sota (15 de septiembre). Y en esa conversación telefónica habían convenido en encontrarse un mes después: “Tengo muchas cosas para contar”, le aseguró el exgobernador a la fiscal.
El juicio. El año pasado, la Cámara 12ª del Crimen condenó a 52 policías a penas de entre seis meses y un año por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y por “desobediencia”, aunque ninguna de las condenas determinó la prisión efectiva. ¿Tenían los funcionarios nacionales la obligación de mandar ayuda? ¿No dimensionaron la gravedad de los hechos? ¿Por qué nunca atendieron los llamados? ¿Querían efectivamente intervenir la Provincia? ¿Los ministros de De la Sota intentaron tapar responsabilidades propias culpando al Gobierno nacional?
Cinco años pasaron de aquellos días de incertidumbre, miedo generalizado, de caos interminable, la sensación siempre fue casi unánime: “Nos dejaron solos”. Los policías que llevaron adelante la revuelta ya fueron juzgados y condenados, a partir de ahora pareciera que se comienza a desandar el camino de las responsabilidades políticas.
