La causa judicial por la financiera presuntamente ilegal que operaba en Laplace 5442 de Villa Belgrano no se agota en la posible participación de los socios. Más de un año de escuchas telefónicas -a partir de las intervenciones ordenadas por el juez federal 2, Alejandro Sánchez Freytes- y la documentación secuestrada en los allanamientos practicados entre el 12 y el 13 de febrero últimos, están aportando datos sensibles sobre los clientes que fueron asistidos o realizaron operaciones.
Es prematuro avizorar a quién o quiénes podrían alcanzar las eventuales imputaciones en ese grupo de clientes. Hay empresas, personas jurídicas y personas físicas. Pero esto sucederá en una segunda etapa.
A 15 días de producidas las detenciones, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano trabaja contrarreloj para concluir la promoción de acción penal describiendo los hechos y los presuntos delitos para imputar a las personas que son investigadas como responsables de la mesa de dinero. “Serán seis o siete y lo que está acreditado para proceder a imputar es la intermediación financiera no autorizada”, precisó una fuente de la investigación a PERFIL CORDOBA. Habrá más figuras del Código Penal, como asociación ilícita y, posiblemente, lavado de activos y evasión.
Sobre la intermediación financiera estaría claramente expuesta en contratos de mutuo con personas, a través de los cuales la financiera habría otorgado préstamos con dineros de terceros. Sería una réplica de las maniobras que ya se probaron en un juicio por CBI.
Investigación. En esta primera etapa la pesquisa apunta a quienes manejaron las operatorias. Hasta ahora continúan detenidos en la cárcel de Bouwer Martín Azar, Diego Sánchez y continúan con prisión domiciliaria María Martínez y Melina Manelli (exesposa de Sánchez) mientras permanecen en libertad Pablo Guillermo Rueda, Joaquín Héctor Becerra y el “Chino” Nicolás Ferrer Juárez.
Todos fueron mencionados en las crónicas periodísticas como las personas investigadas en esta causa, a pesar de que no se habían producido las imputaciones. Cuando el fiscal Vidal Lascano firme la promoción de acción penal se sabrá con precisión a quiénes se les atribuyen conductas delictivas, qué tipo de conductas y sobre qué hechos.
Hay otro detalle no menor: la Afip. Este medio consultó en Tribunales si ha ingresado formalmente al expediente. “Hasta el momento no” fue la respuesta obtenida. Durante el año y meses que duró la investigación, el fiscal tuvo la colaboración de Gendarmería Nacional. La causa se mantuvo bajo estricto secreto entre el secretario, un instructor, pocos comisionados y el fiscal. Y decidieron producir los allanamientos hace dos semanas sabiendo que saldría todo a la luz para que no se deslizara antes algún detalle de la pesquisa que termine frustrándola.
Hasta hace dos años, la madre de Martín Azar -uno de los señalados en la pesquisa-, tuvo un alto cargo jerárquico en la delegación local de Afip. Eso podría haber causado interferencias, por lo que se decidió no echar mano de ninguno de los organismos dependientes, DGI ni Aduana.
Clientes en la mira. De a poco, la financiera investigada se está convirtiendo en una caja de Pandora. Se analizan operaciones como la compra/venta de dólares. Un especialista explicó que eso “no es delito”, pero sí una “contravención aduanera” sobre la que deberá proceder el Banco Central de la República Argentina.
Pero el tema más delicado son las transferencias de dinero al exterior. La famosa operatoria de “cableros”. “No será una tarea fácil pero tampoco imposible”, sostuvo una fuente consultada. Y explicó: “Hay que descubrir las cuentas, relevar el secreto bancario y detectar las operaciones, cuándo se hicieron, los montos, ver si estaban permitidas y, sobre todo, si tienen con qué justificar el dinero que pusieron ahí”.
En este último caso, lo que se presume es que los clientes que realizaron este tipo de operaciones podrían haberlo hecho con dinero en negro o de origen ilícito. Por eso les podría caber una eventual imputación por lavado de activos y contrabando. No se deslizan todavía nombres, pero es la incógnita que sobrevuela el expediente que está comenzando a escribirse en los despachos de Tribunales. Personas y empresas bajo la lupa de la Justicia y de la Afip.
