La investigación por la serie de muertes de bebés y complicaciones de recién nacidos ocurridas en el Hospital Materno Neonatal ingresará la próxima semana a una etapa sustancial y determinante: las pruebas periciales. Hasta ahora, las imputaciones de la enfermera Brenda Agüero, por homicidio en dos casos, y de seis funcionarios del hospital y del Ministerio de Salud, por incumplimiento en el ejercicio de sus tareas, se fundan en abundante prueba testimonial y documental.
Los principales testimonios los han brindado las víctimas, madres a las que se les murieron sus bebés y las que pueden tenerlos en sus brazos pero que han padecido –en algunos casos persisten– secuelas graves de cuadros sintomáticos inesperados. El hilo conductor tiene, esencialmente, ese elemento que los une a todos: eran madres sanas, con embarazos controlados, partos naturales o por cesárea también normal y recién nacidos con buena puntuación en el test de Apgar. Sin embargo, todos en el lapso de dos horas habrían recibido alguna sustancia, se supone que inoculada, que los descompensó y generó derivaciones a la Unidad de Terapia Intensiva. Ese tiempo es uno de los indicadores que alimenta la sospecha.
Cada mujer, al dar a luz, va atravesando diferentes etapas y es trasladada a áreas específicas del hospital. Los horarios en que, según se presume, los bebés habrían sido vulnerados están presentes en los registros documentales, que ya se tenían en la investigación administrativa encarada por el Ministerio de Salud. Horario. A las dos horas de nacer tenían contacto con determinados trabajadores del hospital. La repitencia y simultaneidad de la presencia de la enfermera Brenda Agüero en ese momento es una de las claves.
Como rige aún el secreto de sumario no es posible acceder a cada detalle de la investigación judicial, aunque sí es posible obtener un cuadro de su avance a partir de los testimonios de las víctimas y los datos que trascendieron del expediente administrativo.
Próxima etapa, las historias clínicas. Según pudo conocer PERFIL CÓRDOBA, en los próximos días llegará al despacho del fiscal Raúl Garzón el informe preliminar de la pericia médica que el magistrado encargó. Su contenido es sustancial para confirmar con prueba científica, los testimonios y la prueba documental. Contendrá el análisis científico de las historias clínicas secuestradas en el Neonatal, poco después de que Garzón recibió la denuncia de un particular. En ese momento, todavía no había trascendido a la opinión pública el escándalo de las muertes de recién nacidos.
Los registros que son analizados y cuyos informes se esperan en los próximos días, son trascendentales porque van a confirmar si hay o no un hilo conductor entre los 13 bebés (cinco fallecidos y ocho sobrevivientes). Las historias clínicas contienen constancias de diagnósticos, evolución de los cuadros, resultados de laboratorio y tratamiento aplicado en terapia intensiva, entre otros aspectos.
Hasta ahora solo hay datos concretos que abonan la hipótesis de hiperpotasemia (exceso de potasio) en los dos cuerpitos de bebés a los que se les practicó autopsia. Ambos fallecieron el 6 de junio. Del resto no hay ese tipo de prueba, de ahí la importancia del informe pericial sobre las historias clínicas.
Indagatorias a funcionarios. El jueves último, el exministro de Salud Diego Cardozo fue informado en la fiscalía sobre la imputación en su contra y se abstuvo de declarar. Tampoco quiso hacer ninguna referencia a la causa ante la prensa. Mañana o el martes será el turno del exsecretario de la cartera, Pablo Carvajal, quien todavía no designó formalmente defensor. El exvicedirector administrativo del hospital, Alejandro Escudero Salama, anticipó que entregaría un memorial escrito con su intervención en el caso.
La exdirectora, Liliana Asís, y las jefas de Neonatología, Marta Gómez Flores y Liliana Morales también cumplieron con la indagatoria sin expresar sus versiones de los hechos. Al completarse la ronda de indagatorias, el próximo martes podría levantarse el secreto de sumario para que todas las defensas y querellas accedan al expediente.
Días más tarde, el fiscal podría definir la situación procesal de Brenda Agüero, quien lleva 44 días detenida, acusada de homicidio por las muertes de dos bebés ocurridas el 6 de junio de este año. La semana pasada, quedó con un solo defensor, Luis Obregón. Por diferencias de criterio abandonó la tarea el abogado Luis Pareja. Urge a la defensa la obtención de la excarcelación. Y es lo que se apresta a resolver el fiscal Garzón.
Hay otro aspecto no menos importante referido a la enfermera. Una de las madres querellantes cuyo bebé pudo superar las complicaciones en su salud pidió que se amplíe la imputación por tentativa de homicidio, pero en la fiscalía todavía no se resolvió el pedido a la espera de la opinión médica.
Desdoblamiento de causas. Trascendió desde algunas defensas la posibilidad de plantear la competencia del fuero especial Penal Económico o Anticorrupción para continuar investigando a los seis funcionarios. Se advierten dos posiciones: quienes sostienen que debería desdoblarse la pesquisa en dos y quienes opinan que no procedería porque atrae la competencia el órgano que investiga el delito principal (homicidios múltiples), al cual se refiere la responsabilidad penal que se endilga a los funcionarios.
