Con dos libros sobre la corrupción en su haber y un tercero en producción, Vicente Monteverde se convierte en una referencia sobre el tema, en un país donde la materia prima para aproximarse a ese campo parece estar lejos de agotarse. El periodista Hugo Alconada Mon, por caso, lo cita en su libro La Raíz donde usa las fórmulas de Monteverde para calcular el costo de la corrupción de la obra pública para el Estado argentino teniendo en cuenta sobreprecios, tasas de sobornos, tasas de evasión fiscal, costo de oportunidad y costo social. Ahora, Monteverde trabaja en una nueva teoría para explicar cómo se está transformando el modelo de la corrupción, actualizándose, perfeccionándose en algún sentido y con la premisa de dar un manto de legalidad a prácticas que trasladan renta del sector público a grupos de interés con fuerte intencionalidad, de forma discrecional e inequitativamente, aunque legal. Según el investigador, cambió la metodología de la corrupción.
“En el gobierno anterior teníamos una corrupción sistémica. Una obra pública implicaba sobornar, mover plata negra, los bolsos, etc. Este Gobierno lo que hace, porque tiene que aplicar normas internacionales y de las Ocde, es trabajar en otro estadio de corrupción. No puede seguir tirando bolsos, sino manejar la corrupción con un gerenciamiento. A través de una concesión a un grupo privado, una licitación, una ventaja por precio. Lo que hace es distribuir la renta hacia determinado grupo. Pasamos de una corrupción sistémica a un gerenciamiento de la corrupción. Pero no se puede calificar como acto de corrupción, sino como fenómeno corruptivo”, plantea.
-¿A qué se refiere con sus conceptos de economía y fenómenos corruptivos?
-La economía corruptiva implica que las decisiones del Gobierno generan fenómenos corruptivos a través de una distribución de la renta. Al tomar decisiones discrecionales transfieren renta en forma inequitativa. El fenómeno corruptivo se da porque esa transferencia va a grupos amigos del Gobierno, parientes. Es un fenómeno que es legal, porque se hace con base en la ley, a reglamentos y normas, pero es inequitativo porque transfiere la renta a esos grupos.
-¿Se desarrolla previamente un soporte legal y normativo?
-Sí. La estrategia está basada en una estructura legal, se hace bajo la regla. Yo te doy una licitación con un precio internacional, por ejemplo. A lo mejor sale menos que en el gobierno anterior, pero te estoy dando ingresos a vos como empresa. Las autopistas son otro ejemplo, se les autorizaron aumentos dolarizados en función de un incremento por dólar que no tuvieron los salarios. Así se concreta la transferencia de la renta. Es una nueva forma de corrupción que es legal, se hace con una estructura legal y reglamentaria, pero te transfiere la renta de forma discrecional.
-¿Qué casos concretos hay?
-El intento de privatizar a precio vil las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López. Se imputó al presidente Macri y los exministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel. También las autorizaciones de fuertes aumentos en los peajes privados; el menor cálculo de los haberes jubilatorios es un fenómeno corruptivo que favorece al Estado; la actuación de Caputo en el Banco Central con la compra de bonos. Vos no podes ordenar la compra de bonos siendo funcionario del Central y mánager del fondo de inversión. En este gobierno la característica principal es el conflicto de intereses, pero también hay otros fenómenos corruptivos.
-¿La compensación por devaluación a las empresas de gas?
-Exactamente. Y la autorización de no pagar las multas. La aprobación del no pago de multas es un caso típico.
-¿Qué recurso le queda a la sociedad civil ante estos actos corruptivos?
-Ninguno, pero ahora hay que estudiarlo bien. Hoy estamos todos estudiando los fenómenos y actos de corrupción pasadas y previniendo herramientas de corrupción pasada.
-¿El modelo de corrupción cambio?
-El modelo cambio, obvio. Estamos perdiendo el horizonte. Hay un perfeccionamiento de la corrupción con base legal. Se saca la plata por distribución de utilidades y pagando impuestos. Hay muchas cosas que no se investigan. El decreto para que blanqueen los familiares de los funcionarios directamente es ilegal. Si una empresa se creó a fines de 2015 y gana licitaciones, ¿para qué se hizo?
-¿Recuerda casos de fenómenos corruptivos en las provincias?
-En Córdoba, la modificación de la ley para que puedan entrar a licitación los procesados, no los que tengan juicio, es una puerta abierta. Las empresas que están en la causa de los Cuadernos están en las licitaciones del Gobierno. No se han ido, han ganado licitaciones y por norma internacional no tendrían que participar. La Procuración del Tesoro emitió un dictamen diciendo que la Ley 27401 no es retroactiva, al no ser retroactiva esas empresas de los Cuadernos pueden licitar, en contra de las normas internacionales, por eso el BID le pide en los PPP un fideicomiso público. Por normas internacionales no podrían estar en las obras.
-En Córdoba estuvo muy cuestionada la participación de Odebrecht, pese a las denuncias en otros países.
-Sí, y siguió trabajando. Ahí tenés un caso de una empresa con un caso de corrupción internacional que entra en licitaciones. El Gobierno tendría que haberla apartado, por supuesto. Si hablamos de transparencia y de buenas prácticas tendría que haberla apartado y hacer el reemplazo.
