Los grandes números del sector público para el 2018 ya fueron diseñados y según muestra el proyecto de Presupuesto, al Poder Legislativo de Córdoba se le ha asignado algo más de $830 millones (concretamente: $834,0 millones).
Esto significa que dispondrá de recursos por 464% más de lo que tenía en el 2013; sin embargo, desde ese año -en forma consistente- vino cayendo la incidencia del presupuesto legislativo respecto del presupuesto general de la Provincia. En el 2017, fue el 0,52% de los fondos totales que gestionaron los poderes del Estado, y en el 2018 representará el 0,54%. En los últimos seis años, el promedio fue 0,56%.
Esta primera radiografía da cuentas de que la Legislatura de Córdoba es una de las más austeras del país; el recinto legislativo de Santa Fe se lleva el 1,6% del presupuesto total provincial; el de CABA, el 1,5%; Buenos Aires (1,6%) y Mendoza (1%).
Una de las llaves que asegura cierta racionalidad en el uso de los fondos públicos dentro de esta área es el hecho de que las dietas de los legisladores, desde hace cinco años, está atada estrictamente a los aumentos que define por paritaria el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
Con los incrementos que correspondieron a este año, el salario de un legislador cordobés se ubica sobre este final del año en $137.000, pero de bolsillo son alrededor de $89.000, por retención de Ganancias y aportes al sistema jubilatorio y de salud. Para el 2018 se proyecta que tendrán un ajuste atado a la inflación de alrededor del 12%.
Por fuera de la dieta, cada legislador recibe en concepto de pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones un monto mensual de $7.000 aproximadamente. PERFIL Córdoba accedió al sistema de rendición de cuentas de uno de los legisladores y se comprobó el nivel de detalle que exige la Secretaría Administrativa para luego reportar la información al Tribunal de Cuentas.
Aun cuando no todo el universo de legisladores responda al 100% con esta reglamentación, los mecanismos de control están dados. Por disposición del Ministerio de Finanzas, además, a cada legislador se le descuentan las deudas que pudieran tener por impuestos provinciales, antes de cada liquidación de sueldo.
Gastar poco o gastar bien. La austeridad no necesariamente es sinónimo de productividad y eficiencia; esto en materia de gasto público es clave porque impone analizar el retorno de cada peso invertido en términos de bienes sociales. Cuando se mira en detalle el comportamiento de las cuentas de la Legislatura de Córdoba aparecen algunas inconsistencias.
Considerando que la Unicameral tiene 70 legisladores y el total de empleados del Poder Legislativo llega a 1.179 personas (incluidos funcionarios legislativos, planta permanente de soporte de la gestión y asesores) surge una relación de 17 empleados por cada legislador. Se podría decir que cada legislador es una suerte de Pyme.
En 2018, esta masa de 1.179 empleados demandará un costo mensual total de $56,2 millones para su mantenimiento. ¿Todos esos recursos volcados a generar know how para dar calidad, investigación y profundidad a la función legislativa? No necesariamente.
Si bien no existe una normativa que estipule la cantidad de asesores con los que cuenta un legislador, en base a los usos y costumbres cada uno se acompaña de tres asesores parlamentarios (categorías media y alta, de 5 a 7), por un monto total que suele promediar los $60.000. Hay legisladores que optan por tener mayor número de colaboradores, de categorías inferiores. Cuando un legislador finaliza su mandato, estos asesores parten con él.
Si se suman las remuneraciones de estos asesores legislativos directos, más los recursos destinados a asesores eventuales para Comisiones Permanentes y Especiales y fondos adicionales para que tales comisiones cumplan con su tarea legislativa, los gastos son apenas el 11,9% del total que implica el mantenimiento anual de la Legislatura. Más específicamente, son $80,4 millones.
¿Qué quiere decir todo esto? Que el presupuesto legislativo invierte unos $594 millones anuales en gestión puramente administrativa. Esto implica orientar un 71% del total gastado, a la burocracia que hace de soporte al propósito fundamental del Poder, el cual es construir las leyes que necesita la sociedad. La ejecución del presupuesto legislativo corresponde a su autoridad que es el vice gobernador de la Provincia.
Desde esta perspectiva, no es de exceso de “costo político” que padece el Poder Legislativo provincial, sino de “costo burocrático”, una realidad que aparece desdibujada detrás de una Legislatura aparentemente austera.
Calidad institucional. Los magros recursos destinados a los legisladores para que puedan estudiar a fondo los temas sobre los cuales legislan, sumado a una cuestionada dinámica del formato Unicameral, está poniendo en crisis la calidad institucional del Poder Legislativo de Córdoba. Al menos, es lo que creen algunos legisladores de la oposición.
“Muchas cuestiones presupuestarias se manejan desde la presidencia de la Legislatura y desde de la oposición no tenemos mayores injerencias en las decisiones que hacen al presupuesto”, sostiene la legisladora por la UCR, María Elisa Caffaratti. Y ejemplifica: “La importante decisión del traslado y construcción de la nueva sede de la Legislatura fue tomada de manera unilateral y nos enteramos por los medios de comunicación”.
Para el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), “cuando el gobernador De la Sota impulsó la eliminación del sistema de bicameralidad, la excusa fue la reducción de los costos de la política. Quizá, en ese momento –dice Quinteros– el ambiente social general era propicio para que eso cuajara, lo que no se dieron cuenta era que se perdía una gran calidad institucional”.
A juicio de Quinteros, el sistema de unicameralidad “no ha funcionado” porque eliminó la posibilidad del doble control que permite la existencia de dos cámaras y violentó la representatividad territorial. Además, Quinteros enfatiza: “Es tan perverso lo que se ha hecho… hoy suena muy dulce decir que hay que reducir el costo de la política, pero por otro lado ‘se la llevan’ a través de terribles hechos de corrupción como los que hemos visto a lo largo de estos años. Volver a la calidad institucional será difícil”, agrega.
Desde la visión de la legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos) “no es verdad que la bicameralidad costaba mucho más; por otro lado –dice– la Unicameral no es garantía de que se toquen los temas importantes. La agenda que se aborda es la que define el oficialismo. En seis años me han aprobado sólo una ley importante”.
Desde el oficialismo, el legislador Óscar González (hoy Presidente Provisorio de la Cámara), responde con contundencia: “Es la única Legislatura donde la oposición fija el orden del día; es falso que los pedidos de informe no se respondan, todos los ministerios dan respuestas y no hay forma de eludir el debate. Claro que sí, que la Unicameral ha funcionado”, considera.
Más allá del debate, lo cierto es que de las 3.076 acciones de intervención que hicieron los 70 legisladores a lo largo de este año, sólo el 7% de ellas estuvo destinada a abordar un proyecto de ley.
