Cada habitante de la provincia de Córdoba paga anualmente en impuestos (nacionales y provinciales) $12.704 y se beneficia con un gasto público ejecutado por los dos niveles de Gobierno (nacional, provincial) que llega a los $9.990 per capita; por ende, el beneficio neto por habitante es negativo en -$2.714. Dicho de otro modo: Nación y Provincia le “quedan debiendo” ese dinero a cada cordobés, pues no regresa en obra pública o en servicios de educación, salud o seguridad, ni en ninguna otra prestación a su cargo.
Estos cálculos forman parte del estudio “¿Cuánto se aporta y cuánto se recibe del Estado según dónde se vive?”, realizado por el economista Luciano Di Gresia, para el Observatorio Fiscal Federal, y que fue publicado en marzo de 2017.
Los datos adquieren mayor relevancia cuando se comprueba que esos casi $3.000 por habitante se convierten anualmente en $9.662 millones, tomando en cuenta toda la población impactada por esa deuda que los gobiernos mantienen con la sociedad cordobesa.
De las 24 jurisdicciones, solo siete muestran un beneficio fiscal neto negativo respecto a sus habitantes. Neuquén (con -$8654) y Santa Fe (-$7.344) son las provincias que presentan las peores relaciones. Córdoba está muy cerca de la situación de Buenos Aires (-$2.967); mientras, Ciudad de Buenos Aires (CABA) tiene el mejor resultado: $14.776.
Tendencia y proyección. Si la fotografía del presente es ingrata para el contribuyente cordobés, la película en retrospectiva muestra una evolución preocupante: en siete años, la diferencia negativa entre lo abonado por cada habitante en calidad de impuestos y lo recibido en términos de bienes y servicios públicos creció más del 1.000% (pasó de -$209 a -$2.714). Vale decir que el ciudadano vino haciendo cada vez más sacrificios para obtener menos prestaciones.
Como advierten los expertos, “el gran reto para Córdoba, a partir de ahora, es lograr que el balance fiscal neto para cada ciudadano sea positivo, no solo en términos nominales sino de calidad de los servicios recibidos”.
Las reformas realizadas (y las que aún faltan) al sistema integral de coparticipación federal son responsables de parte de esa meta. La otra parte deviene de la gestión del gasto público provincial y del impacto que éste logre en el sector privado.
¿El tamaño del Estado cordobés es grande o chico? “Dado que una mayor o menor presencia de trabajadores en el sector público no se traduce automáticamente en mayores o menores capacidades estatales, es importante examinar la calidad de los recursos humanos y las modalidades de reclutamiento y ascenso de los trabajadores estatales, especialmente cuando estos parámetros no responden estrictamente a criterios de mérito y profesionalismo”, explica el experto de CIPPEC, Gonzalo Diéguez, autor de la investigación “El rompecabezas del empleo público en Argentina: ¿Quiénes hacen funcionar la maquinaria del Estado?”
La definición del experto pone sobre la mesa uno de los temas que dominó la agenda de la semana: el nepotismo en el sector público y las consecuencias que él produce no sólo en los estándares de transparencia de los gobiernos sino también en la eficiencia de su funcionamiento. “La burocracia pública puede funcionar como un ancla institucional; contribuye a dotar de coherencia y continuidad a las políticas públicas, limitando la discrecionalidad del poder político en el sector público”, señala la investigación de CIPPEC.
¿Mochila o salvavidas? Hoy, en Córdoba hay 2,8 empleos privados por cada empleo público; si bien es una de las mejores relaciones que se registra en el país, las contrataciones realizadas por el Estado provincial y el municipal vinieron ganando la carrera a las concretadas por las empresas.
En efecto, entre 2010 y 2015 la tasa de crecimiento del empleo público en Córdoba fue del 11%, mientras que en el sector privado fue de apenas 4,4%. En ese marco, una realidad resulta significativa: aislando la evolución de la plantilla docente, los empleos que más crecieron fueron los de la Administración Central (9%), Epec (11%) y Municipio de Córdoba.
De estas tres áreas, la Administración Central es la que hoy paga lo sueldos jerárquicos más acordes con los que entrega la actividad privada: desde la remuneración del gobernador, que se equipara con la de un gerente senior (según datos de Mercer, entre $100.000 y $130.000); pasando por la de los ministros, que se compadece con la de un gerente de área en el sector privado ($65.000 - $89.000) hasta la de los jefes de departamento, que se aproximan a los jefes de línea media en las empresas ($45.000- $49.000). Ahora bien, si se considera el sueldo promedio del escalafón general, éste sí se encuentra por encima de lo que se consigue en el sector privado: $28.700 vs. $21.300.
En Epec, en tanto, la situación es muy diferente. Atada a un convenio colectivo de la década del ´70, con el sistema del nepotismo institucionalizado como método de reclutamiento y lejos de considerar indicadores de productividad y eficiencia por puesto, la empresa de energía paga salarios promedio que implican dos veces el salario promedio de la actividad privada.
Los empleados municipales, por su parte, con sueldos promedio superiores a los $40.000 son los segundos agentes del sector público mejor pagos en Córdoba, duplicando igualmente lo que abonan las empresas.
Según la información conocida a lo largo de esta semana, el nepotismo está naturalizado en Epec, tiene gran expresión en la estructura administrativa de la Municipalidad de Córdoba y el Concejo Deliberante y una menor manifestación en el Poder Ejecutivo y la Legislatura. De todos modos, ninguna instancia dio señales aún de buscar revertir esta situación.
NEPOTISMO, CORRUPCIÓN Y DESARROLLO
La discusión nacional que disparó esta semana el presidente Mauricio Macri al anunciar que prohibirá el nepotismo en la cúspide del Ejecutivo y eliminaría las paritarias para este segmento del sector público nacional desencadenó una cadena de impactos en todo el país, y tiñó todos los análisis que ponen en la mira la gestión del gasto público. ¿Y esto por qué? ¿Es una ‘nube de humo’ distractora, como señalaron algunas interpretaciones?¿Es una estrategia más de populismo? ¿Es un ardid de Macri para recuperar imagen perdida, tras el ‘Triaca-Gate’?
Más allá de que todas estas hipótesis pudieran tener asidero, también es conveniente recordar lo que la política y el cinisimo suelen dejar de lado: los impactos macroeconómicos de la corrupción.
“Recientes investigaciones han revelado que un incremento en la corrupción de 1 punto en una escala de 10 (altamente honesto) a 0 (altamente corrupto) baja la productividad en 4% del PIB y hace disminuir los flujos netos anuales de capital en 0,5% del PIB. Una mejoría respecto de la corrupción en 6 puntos del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International incrementa el PIB en más de un 20% y aumenta los flujos netos de capital a alrededor del 3% del PIB”, explica el profesor Johann Graf Lambsdorff (Universidad de Passau), experto en Economía de la Corrupción y Ética Experimental y Macroeconomía.
Cuando fundamenta su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la ONU sostiene: “El abuso o mal uso del poder público para beneficio privado puede tomar muchas formas, entre ellas el nepotismo. De esa forma, la corrupción no solo socava la inversión y el crecimiento económico, sino que también erosiona la confianza pública en el gobierno, contribuye a la inestabilidad social y agrava la pobreza”.
Finalmente, para quienes dudan de la verdad de las estadísticas y de los argumentos de los organismos internacionales, queda aún un dato ‘bien local’ que abona al sentido común: hoy, un trabajador asalariado formal en Córdoba debe trabajar entre 174 y 206 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), y ellos le quedan debiendo contraprestaciones. Simplemente: ¿por qué y hasta cuándo?
