Con la reforma a la Ley de Jubilación consumada en plena pandemia, el oficialismo provincial logró avanzar con escasa oposición y sin reclamos en uno de los aspectos más controversiales para cualquier administración. El ajuste a las jubilaciones actuales y futuras se resolvió en un trámite express –gracias a la mayoría automática legislativa- y a punta a generar algo de alivio a un déficit en la Caja de Jubilaciones que supera los $35 mil millones. Como se sabe, la reforma fue importante y genera cambios drásticos para los pasivos actuales y futuros.
Entre lo destacado se resolvió que cambia la base para calcular el haber inicial. Hoy se tomaban los últimos 48 sueldos, con la reforma se tomarán los últimos 120 salarios; el monto de la pensión será el equivalente al 70% de la jubilación del causante (era el 75%), se difieren los aumentos que perciben los activos dos meses para los pasivos; se subió la edad de jubilación de magistrados de 60 a 65 años; recorte del 20% para quienes reciban más de un beneficio previsional u otro aporte estatal cuya suma supere 6 ingresos previsionales mínimos ($102 mil). Al margen de las fuertes críticas institucionales y políticas por la falta de debate ya comienzan a alzarse cuestionamientos de tono económico a la reforma. Algunos analistas, marcan que, si bien es cierto que hay un déficit en la Caja, se debe remarcar que el oficialismo provincial, a partir de sus versiones delasotistas o schiarettistas, fue el responsable de generarlo.
El origen. Esta visión es la que tienen desde el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales. Alfredo Schclarek Curutchet, director académico del Cippes advierte que es importante entender cómo se llegó al déficit. “Es cierto que hay un déficit estructural, pero hay que analizar por qué hay un déficit. Hay que recordar que el gobierno peronista tomó medidas hace 15 años que fueron decisiones muy malas. La decisión principal que afectó los números de la Caja fue la que generó los retiros voluntarios masivos. Se pasaron a situación pasiva cerca de 25 mil agentes. En números redondos, teníamos 65 mil pasivos en el año 2.000 y para el año 2.006 llegábamos a 90 mil. Imagínate cómo quedó la Caja. Eso es un mojón muy importante para entender todo esto. Teníamos una Caja de Jubilaciones superavitaria cuando De la Sota llega al poder. Y a partir de esta decisión eso se dio vuelta. La razón por la cual Córdoba no entregó su Caja a la Nación para las AFJP, a diferencia de muchas provincias donde implicaba un déficit, era que tenía una caja equilibrada e incluso superavitaria. El oficialismo contribuyó al déficit estructural actual”, plantea. Junto a eso, también señala que hay que analizar cuántos empleados provinciales hoy son monotributistas y en lugar de estar aportando a la Caja están aportando a Anses. “Ahí tenemos otro punto para el desfinanciamiento.
¿Había otro camino? Para el economista, es probable que hubiera otros caminos, pero implicaban más recursos para la Provincia, algo que hoy no se puede afrontar: “la Provincia no puede poner plata, entonces ahí entramos en el análisis de qué está pasando con las finanzas provinciales. Hubo jubilaciones anticipadas masivas y paralelamente aumentó la cantidad de trabajadores como policías. Y a esto se suma el endeudamiento, para obras que electoralmente eran muy buenas, pero que no implicaron un aumento de la capacidad productiva y exportadora de la Provincia. En los últimos 20 años, se tomaron medidas muy buenas desde lo electoral, pero con consecuencias muy malas desde lo económico y financiero”, apunta.
Fragilidad global. Por su parte, el economista y docente Eduardo González Olguin plantea una mirada retrospectiva y otra más global para pensar esta reforma. En ese análisis señala, coincidiendo con Schclarek Curutchet que la Caja se empezó a desbalancear con los retiros masivos de De la Sota, “pero también hay que analizar cómo es la estructura de las finanzas de la Provincia. Acá se le cobra más a los que menos tienen y menos ganan. El atraso del impuesto inmobiliario en cuanto a su valuación fiscal es impresionante. Un impuesto que representaba el 35%, 40% de la recaudación pasó a ser el 10%. Eso ha generado un desfinanciamiento permanente. Hoy tenemos valuaciones de los campos que son risibles. Esa reducción los llevó a aumentar Ingresos Brutos, un tipo de impuesto que cae cuando cae la economía y la actividad. La caja se da en el marco de ese problema general”. Y apunta que “no es cierto que la deuda no tiene nada que ver. Esto es un conjunto de malas decisiones que estallan cuando estamos en crisis y ahora se agarran del punto más débil que son los jubilados que no pueden reclamar”.
¿Razonabilidad? Para González Olguin, si bien es cierto que puede aceptarse un criterio de razonabilidad para que cambie la jubilación de jueces, pero no en el resto de la reforma. “El déficit más grande y la mayor inequidad está en las jubilaciones de los jueces, pero hay que ir a lo central, los recursos de la Provincia se han deteriorado porque está la decisión de no cobrar a los que más tienen. Ese es el eje central del problema financiero de la Provincia. La Caja tenía problemas, pero igualar para abajo no parece muy razonable. Pasar a un cálculo de jubilación con sueldos de hace 10 años es una locura. Tuvieron una política con una visión muy cortoplacista y hoy estamos en la lona”, asegura.
