La discusión sobre la necesidad de encarar un ajuste fiscal, atraviesa a todas las administraciones de los distintos niveles del Estado y promete mantenerse en la agenda pública a largo plazo. El dilema se da en el marco de una economía que lejos de recomponerse, entrará en una etapa de enfriamiento con la presión de la inflación lejos de retroceder. Así, la discusión de fondo, en relación a quiénes y de qué forma se debe encarar una reestructuración fiscal para que el sistema sea sustentable, sigue sin encararse.
En la provincia, el debate en torno al peso del Estado y la presión fiscal que eso supone para ciudadanos y empresas tomó cuerpo y espacio mediático con el llamado “Costo Córdoba”, un concepto que busca resumir las erogaciones complementarias que personas, familias y empresas deben hacer solo por estar radicadas o desarrollar inversiones localmente. Para contribuir a una solución en torno al dilema fiscal, el Observatorio de Finanzas Públicas del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) elaboró un trabajo donde analiza la evolución de la presión fiscal provincial, al tiempo que cruzó, para un análisis contextualizado, datos sobre el comportamiento de la disponibilidad de recursos corrientes y los aportes que se recibieron por parte del Estado nacional en los últimos 12 años.
Presión récord. El informe del Cippes fue elaborado en mayo de este año y detalla que si se analiza la presión fiscal provincial durante 2017 el indicador medido como el total recaudado por la Provincia en relación al valor de los bienes y servicios producidos en la economía provincial (expresado en el Producto Bruto Geográ- fico), alcanzó el nuevo valor máximo histórico de 9,9%. Eso implica que por cada $100 que se producen en la economía provincial, $10 ingresan a las arcas de la Provincia vía impuestos, tasas y fondos no tributarios. En términos históricos, la presión fiscal pasó de un promedio del 4,4% entre los años 2005 y 2008 (antes de que comenzara a subir ininterrumpidamente) al valor del 9,9% registrado en 2017, lo cual implicó un incremento del 125%. Es decir, hoy la presión fiscal es más del doble de lo que era, tan solo una década atrás.
Otra forma de analizar la evolución de la presión fiscal es observar cuánto dinero por año destina en promedio cada habitante de Córdoba al fisco provincial (descontado el efecto inflacionario). Así, el informe de Cippes detalla que “desde 2005 a 2008 cada habitante, en promedio, destinó $8.212 por año para solventar los gastos del estado provincial (expresados en pesos de 2017 para tener en cuenta la inflación). Sin embargo, durante el 2017, cada habitante en promedio destinó al estado provincial $14.689. Este incremento del 79% significa que en la actualidad cada habitante cordobés tiene que pagar en promedio $6.477 más que hace aproximadamente una década”.
Fondos robustos. La otra cara de la moneda que exhibe el informe del Cippes da cuenta de que nunca antes la Provincia de Córdoba tuvo tanta disponibilidad de fondos como en este momento. “Este récord histórico de recursos corrientes de la Provincia se debe a los niveles máximos históricos a los que ha llegado, tanto en la presión fiscal provincial como en la recepción de ingresos corrientes de origen nacional, incluyendo la coparticipación federal de impuestos. Tomando ambos ítems, los fondos disponibles para la Provincia representaron en 2017 el 23,5% del PBG”, señala el Cippes. Y añade: “Esto significa que los recursos disponibles para la Provincia el año pasado equivalían al 23,5% de todos los bienes y servicios producidos en la economía cordobesa. Comparando esta disponibilidad de fondos de 2017 (de 23,5% del PBG), con la disponibilidad de fondos que tenía la Provincia (de 12,2% del PBG) en 2005, se advierte que en 12 años hubo un aumento de 11,3 puntos porcentuales del PBG. Es decir, la disponibilidad de fondos de la Provincia aumentó un 92% en términos reales, descontado el efecto inflacionario, en tan solo 12 años”. Si se mide esta disponibilidad con un indicador alternativo dado por la disponibilidad de recursos per cápita en términos reales, descontado el efecto inflacionario, la Provincia dispuso de $34.728 por habitante de Córdoba en el año 2017.
Teniendo en cuenta que los mismos recursos eran de $20.598 en 2005 (expresados en pesos de 2017 para tener en cuenta la inflación) se concluye que en 12 años aumentó la disponibilidad de fondos en $14.130 por habitante de Córdoba. Esto implica un incremento de la disponibilidad de recursos de 69% en 12 años.
Envíos nacionales. Desde el Cippes también pusieron la mira en otro parámetro para comprender la disponibilidad de recursos: cómo se movieron los envíos de la Nación a la Provincia. Y en ese sentido advierten que hubo un sostenido crecimiento de los ingresos que la Provincia recibe de la Nación. Así, en 2005 los ingresos corrientes de origen nacional (coparticipación federal, financiamiento educativo, impuestos nacionales y transferencias corrientes) representaron el 7,7% del PBG, mientras que en 2017 representaron el 13% del PBG, lo cual implica un aumento del 68,8% entre 2005 y 2017. Como en las variables anteriores también se hizo el análisis de la medición per cápita. En ese caso se advierte que en 2005 la Nación envió fondos corrientes por $13.047 per cápita (expresados en precios de 2017), mientras que en 2017 esa cifra se elevó a $19.202 per cápita, $6.155 más, que implican un incremento del 47,2% en dicho período.
Es ahora. “Nunca antes se había obtenido tanto dinero vía esfuerzo de sus contribuyentes, ni tampoco sucedió que la Nación enviara tantos fondos a Córdoba como lo hace ahora. Gozar en forma conjunta de estos récords en recaudación propia y en fondos que Córdoba percibe de la Nación establece una oportunidad inmejorable para resolver uno de los más importantes problemas que arrastra la Provincia: su elevada presión fiscal que se traduce en el negativo costo Córdoba”, advierte Alfredo Schclarek Curutchet, director académico del Cippes. Desde el Centro de Investigación sostienen que el estado de situación actual, con un nivel récord de ingresos provinciales, es el momento oportuno para dejar atrás las mezquindades políticas y diagramar un nuevo esquema impositivo y de coparticipación con los municipios y comunas, que permita disminuir la presión fiscal, tanto provincial como municipal, que soportan los cordobeses. “Avanzar con una medida que permita disminuir la presión fiscal que soportan los cordobeses sería una clara señal de compromiso de la Provincia con el bienestar general de Córdoba y con el desarrollo de su sector productivo”, destaca el informe.
El derrame a municipios. En un trabajo elaborado por el Cippes a comienzos de este año ya se analizó el impacto, en términos de disminución de la presión fiscal municipal, que podría tener un mayor reparto de fondos provinciales a municipios y comunas. Allí se proponía que se podría negociar una mayor coparticipación de los fondos provinciales a cambio del compromiso de intendentes y jefes comunales de disminuir la presión fiscal, una iniciativa que luego fue tomada como propia por parte de una decena de municipios, entre las que se encuentra la ciudad de Córdoba. De acuerdo a dicho informe, la coparticipación de los $3.400 millones que están en discusión permitiría disminuir la presión fiscal municipal hasta en un 15%. “El camino judicial en la que incursionaron la Provincia y los municipios nos priva a todos los cordobeses del debate realmente importante: cómo aprovechar la oportunidad histórica de contar con tantos recursos para el desarrollo. El futuro no puede dirimirse en los pasillos de ningún tribunal. Precisa de un debate abierto para la sociedad, poniendo a Córdoba por sobre los intereses políticos o sectoriales”, apuntó Schclarek Curutchet.
“La rebaja de estos meses no mueve el amperímetro”
En el marco del Consenso Fiscal que la Nación firmó junto con la Provincia y que también incluye un esfuerzo de los intendentes, el gobernador Juan Schiaretti picó en punta y fue uno de los primeros mandatarios en aplicar rebajas en impuestos y tasas. Se eliminó el Impuesto al Fuego que se pagaba con la boleta de Epec; a fin del año pasado se comunicó una serie de rebajas en Ingresos Brutos para ítems como la telefonía, los cré- ditos a la vivienda, la construcción y el transporte de cargas (que osciló entre 1,2% y 1,8%); también se eliminó Ingresos Brutos a la tarifa social de gas y electricidad, y se empezó con la quita de tasas municipales de las boletas de servicios provinciales, lo que generó un dilatado conflicto con intendentes y comunas. Pese a esto, desde el Cippes creen que, a largo plazo, estos puntos de reducción no inciden significativamente en el entramado de la presión fiscal que soportan los cordobeses: “Hay una reducción, pero no mueve el amperímetro. Va a quedar igual. Ver esto coyunturalmente en un semestre o en un año es difícil, nosotros tomamos un período de 10 años para analizarlo. Lo concreto es que en un año se duplicó la presión fiscal. Y 10 años es poco tiempo para duplicar la presión fiscal en términos generales”, afirmó Pablo Gallo, director ejecutivo del Cippes.
