La decisión del ahora exministro y excandidato Sergio Massa de avanzar en una fuerte reducción de impuestos, anclado en bajas al Impuesto a las Ganancias y a la quita del IVA para los alimentos comenzó a socavar, desde octubre, las finanzas de las provincias. Así, la Coparticipación real –esto es el esquema de distribución de ingresos de Nación a provincias- pasó de +2% en septiembre a -18% en noviembre. Esa medida unilateral al calor de las demandas electorales ya tuvo su correlato en la justicia, a la que acudieron mandatarios provinciales molestos por el “zarpazo” que deben afrontar.
Para el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) la decisión de la Nación vuelve a abrir la necesidad por poner en debate el esquema de Coparticipación, que hace que el esfuerzo productivo de una pocas provincias sea gestionado y manejado por la Nación, en su beneficio propio y en beneficio de otras provincias que aportan sustancialmente menos. Al respecto Perfil Córdoba dialogó con Virginia Giordano, coordinadora de Investigación de Idesa.
-¿Por qué sería importante eliminar la Coparticipación?
-Principalmente por los incentivos perversos que genera. Los gobernadores reciben fondos de coparticipación sin tener en cuenta la contribución individual de cada provincia al desarrollo del país. Es un cheque en blanco, que no tiene en cuenta ni el esfuerzo para generar esos recursos tributarios, ni el esfuerzo para lograr el desarrollo de la provincia.
Si una provincia se esfuerza por promover la producción, por ejemplo, consigue que Google se instale en su territorio, los impuestos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias pagados por esa empresa no benefician directamente a esa provincia. Esos fondos van al Estado Nacional, donde la mitad se retiene y la otra mitad se distribuye entre las 24 provincias. Como resultado, tanto el Estado Nacional como los 23 gobernadores restantes, que pueden no haber realizado esfuerzos similares, se benefician de estos recursos sin contribuir al estímulo del desarrollo local.
Estará uno pensando, bueno, pero hay provincias que no tienen la capacidad de traer a Google, hay que ayudarlas y ser solidarios, así salen adelante. Y la experiencia muestra que la coparticipación tampoco sirve para eso. En varias provincias del norte, se observa que los recursos provenientes de la coparticipación se destinan más a financiar empleo público no productivo y no a fomentar el desarrollo regional. Esto se evidencia con varios indicadores, como las tasas de empleo público más altas del país, así como tasas de mortalidad infantil elevadas y la carencia de servicios básicos como cloacas, gas, entre otros, que se vieron en los últimos datos censales.
-¿Qué esquema sería ideal en su reemplazo?
-El esquema ideal sería uno que busque mejorar la correspondencia fiscal, es decir, que cada jurisdicción genere los ingresos necesarios para financiar sus gastos a través de la separación de fuentes tributarias. Que el que gaste, recaude. Esto generaría incentivos opuestos a los mencionados. En este enfoque, el gobierno nacional se financiaría con impuestos al comercio exterior, a la seguridad social y ganancias, mientras que cada provincia se financiaría con el IVA (que incluiría ingresos brutos y tasas municipales) generados en su territorio, así como el impuesto sobre el la riqueza de los ciudadanos con domicilio en la provincia.
-¿Qué impacto en términos fiscales tendría para Córdoba?
-Al día siguiente sale hecha. Pero se beneficiaría porque todo lo que produzca por encima sería de ella. Una de las grandes ganadoras inmediatas seria CABA, que todo este cambio le conviene y podría ser la que financie parte del fondo compensatorio.
-¿Cuál sería el tamaño estimado que debería tener el fondo compensatorio para las provincias menos productivas?
-En lugar de depender en gran medida de la coparticipación, se propone reemplazarla con un Fondo de Convergencia de menor escala. Este fondo estaría destinado a asistir a las provincias más necesitadas, pero las transferencias no serían incondicionales; estarían sujetas a la implementación de una estrategia de desarrollo medible por parte de cada provincia, evitando así otorgar un "cheque en blanco". El tamaño del fondo se estima en un 2% del PBI mucho menos que los 8% del PBI que hoy se reparten arbitrariamente con la coparticipación. Lo podrían financiar las provincias que ganen con el cambio de régimen, como CABA.
-¿Cómo ven la viabilidad política de que se aplique una reforma así que demandaría una reforma constitucional? ¿Se puede encarar durante el mandato de Milei o es una reforma de largo plazo?
-Lo que hay que hacer es un nuevo acuerdo fiscal entre una mayoría de provincias productivas. Derogar en el Congreso nacional la actual Ley de Coparticipación por mayoría simple, ya que dicha ley es simple. Posteriormente, crear un pacto que excluya cualquier forma de coparticipación. De acuerdo con este arreglo, la Nación asumiría la responsabilidad de gestionar los impuestos derivados del comercio exterior (como dicta la Constitución), los fondos destinados a la seguridad social (una función de índole interprovincial) y la totalidad de los ingresos generados por el impuesto a las ganancias. De este modo, el presidente en funciones tendría la libertad de abordar el tema del impuesto a las ganancias sin perjudicar los recursos provinciales, como se hizo ahora. Este cambio resultaría neutro para la Nación, ya que seguiría percibiendo la misma cantidad de fondos que recibe en la actualidad. Las provincias deberían recibir la totalidad del IVA, el cual debería ser unificado con el impuesto a los Ingresos Brutos que es un impuesto a las ventas superpuesto con IVA. Cada provincia debería quedarse con el IVA que recauda en su propio territorio. Esto es un enorme incentivo a la generación de valor agregado en la provincia.
