Hugo Seleme, Investigador Principal del CONICET, titular de la cátedra de Ética de la Facultad de Derecho de la UNC.
La escena de fiscales renunciando a ejercer el cargo con el único objetivo de percibir una jubilación más cuantiosa es inquietante. Sucedió a principios de este año cuando una ley modificó el régimen jubilatorio que se les aplicaba.
Los funcionarios no sólo hablan por sus dictámenes sino también por sus acciones, y el acto de renunciar dice mucho. Los motivos esgrimidos para abandonar el cargo muestran también cuáles fueron los que tuvieron para ocuparlo y ejercerlo. Cuando un funcionario renuncia animado por la obtención de beneficios económicos de índole personal, es lógico entonces que la inquietud nos invada a todos.
Aunque las renuncias hablan, no todas dicen lo mismo. En los '90, a raíz del indulto concedido por Carlos Menem a Luciano Benjamín Menéndez, el juez federal de Córdoba, Miguel Rodríguez Villafañe renunció a su cargo. Sostuvo que no podía seguir siendo juez en un sistema que había roto el marco común de la ley para establecer condenas. No podía seguir impartiendo justicia en un sistema que se había vuelto injusto a la hora de distribuir el castigo.
Aquella renuncia, al igual que la de los fiscales ahora, muestra las consideraciones que lo movían mientras ocupó el cargo. Que entre estas se encontrasen la igualdad ante la ley, quebrada por el indulto, y que estas convicciones pesaran más que todas las prerrogativas personales del cargo, nos tranquiliza.
Ambas renuncias se encuentran en las antípodas. El juez renunció a todos los beneficios del cargo – incluido el sueldo – porque sentía que ya no podía ejercitar debidamente su función; en cambio, los fiscales renunciaron a ejercitar su función para no perder algunos de los beneficios económicos del cargo. Mientras el juez con su acto de renuncia se presentó como un servidor público sólo dispuesto a abandonar la función cuando no puede prestar debidamente sus servicios, los fiscales con su acto de renuncia generaron la sospecha de haberse servido de lo público para simple mente gozar de las prerrogativas personales del puesto que ocupan.
La renuncia de los fiscales no es inquietante porque sea indicio de que no cumplieron con la ley cuando ejercían sus funciones. Es perfectamente posible que lo hayan hecho. Lo que nos inquieta es tener funcionarios que no posean los rasgos de carácter necesarios para garantizar dicho cumplimiento.
Queremos funcionarios que estén bien pagos para que la necesidad económica no los vuelva vulnerables a las dádivas, pero a la vez queremos que no sea la paga el principal motivo para permanecer en el ejercicio de sus funciones. Deseamos tener jueces y fiscales con el temple necesario para ejercer su función aún si se los amenaza con destituirlos o removerlos del cargo, haciendo que su paga desaparezca.
Hace unos días, los magistrados renunciantes han protagonizado otra escena inquietante. Luego de que su renuncia fuese aceptada por el presidente de la Nación han pretendido seguir actuando como fiscales. El juez federal, Hugo Vaca Narvaja, se los ha impedido. Más allá de las consideraciones legales que los inhabilitan para seguir actuando como fiscales, sobre ellos pesa una inhabilitación moral.
Los motivos de su renuncia han mostrado que están dispuestos a dejar de ejercer sus funciones simplemente para no perder un beneficio económico de índole personal. Su acción ha puesto en evidencia que no poseen los rasgos de carácter que esperamos de un funcionario público.
No sólo deseamos tener funcionarios inmunes a las dádivas, deseamos también tener funcionarios inmunes frente a la paga. Queremos fiscales que estén dispuestos a renunciar a las prerrogativas económicas para cumplir con su función, en lugar de fiscales que renuncian a ejercer su función para no perder sus prerrogativas.
