El negocio de la basura está bajo la lupa de la justicia federal. Si bien los expedientes sobre conductas de dirigentes gremiales del sindicato de recolectores, Surrbac, y empresarios de Cotreco, exconcesionaria del servicio en la ciudad de Córdoba, están separados no hay que descartar la posibilidad de que terminen acumulándose en una sola gran investigación. Es más, sería lo deseable.
De ese modo, se podría analizar el destino de dineros públicos que pagaron el servicio municipal de recolección de residuos en la ciudad con la participación de una empresa privada a la cual la Afip, además, le reclama una deuda multimillonaria, según publicó PERFIL CORDOBA en su edición del 22 de diciembre.
En la causa por presunta retención indebida de tributos a la Seguridad Social están imputados tres socios de Cotreco SA, su antecesora Guba SA y 13 directivos de empresas y fideicomisos vinculados. Pero la lista de delitos que les endilgó el fiscal, Enrique Senestrari, abarca también asociación ilícita fiscal, insolvencia fiscal fraudulenta, quiebra fraudulenta y lavado de activos. Hay que recordar que Cotreco tuvo la concesión de la recolección de residuos en la mitad de la ciudad de Córdoba y que actualmente presta ese servicio en los municipios de Carlos Paz, Río Tercero, Villa María, Río Cuarto y en San Lorenzo (Santa Fe).
Gremialistas presos, empresarios libres. Los socios y directivos fueron indagados y, pese a que el fiscal solicitó la detención por riesgo procesal de cinco imputados -entre ellos la de Horacio Busso-, todos permanecen en libertad.
La situación es absolutamente diferente con dirigentes del Sindicato Único de Recolección de Residuos (Surrbac). Mauricio Saillén y Pascual Catrambone continúan detenidos en la cárcel de Bouwer desde el 27 de agosto. El juez federal 1, Ricardo Bustos Fierro les dictó procesamiento por los delitos de asociación ilícita agravada, usura agravada, administración fraudulenta y lavado de activos. Junto a ellos hay otras 17 personas procesadas sin prisión preventiva, integrantes de las familias de ambos y otros allegados. H
ay que recordar, además, que a inicios de noviembre fueron allanadas las oficinas de la empresa municipal Crese (Córdoba Recicla Sociedad del Estado), en el centro de la ciudad, y domicilios particulares de sus principales directivos, entre los cuales las de su titular Norberto Bergami. En aquella oportunidad, trascendió que también allí talló una denuncia de Afip por “salidas no documentadas”, como se describen a las emisiones de cheques a proveedores truchos. Si esta última causa prospera en términos de imputaciones y procesamientos las sospechas sobre el manejo de dineros destinados a la basura se abren como un abanico al Surrbac, Cotreco y la Crese, una empresa que actualmente solo tiene directivos y ninguna función.
Hubo una señal en los últimos días de diciembre. El fiscal Senestrari pidió unificar los tres expedientes, pero el juez Bustos Fierro rechazó esa posibilidad por cuestiones procesales.
¿Senestrari adentro o afuera? Mientras tanto, se dirime si el fiscal seguirá o no en la causa Cotreco. Como informó este medio la semana pasada cuatro defensores lo recusaron. El juez optó por tratar todos los planteos en una misma instancia, una audiencia fijada para el martes 4 de febrero. El fiscal recurrió en queja a la Cámara Federal de Apelaciones por esa decisión y por mayoría–Ignacio Vélez Funes votó en disidencia- los camaristas Graciela Montesi y Eduardo Avalos rechazaron la queja presentada por el fiscal.
En la práctica eso implica confirmar la decisión del juez de aunar todas las recusaciones, a pesar de que tienen diferentes motivaciones. Pero, como el trámite para apartar al fiscal, abre la posibilidad de solicitar pruebas no habría que descartar que al retomarse la actividad el mes próximo el fiscal solicite alguna.
En efecto, el 30 de diciembre, último día hábil de 2019, el fiscal denunció penalmente a Bustos Fierro por presunto prevaricato. La presentación quedó radicada en la fiscalía federal 3.
