La decisión del gobernador Juan Schiaretti de recortarse el sueldo en un 45% para enfrentar la pandemia, fue un efecto cascada en la planta política y una disyuntiva para el Poder Judicial. En el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) demoraron hasta último momento la decisión de apoyar la medida del mandatario, no porque estuvieran en desacuerdo con la iniciativa, sino por que esperaban una ley de emergencia que les brindara un marco normativo al descuento. Y, al mismo tiempo, les permitiera un respaldo legal para eventualmente trasladar el recorte al resto de los magistrados. Cuando se confirmó que desde el Poder Ejecutivo provincial no iban a enviar ninguna ley, los vocales convocaron a una reunión de acuerdo para discutir bajo qué metodología procederían a la rebaja de sus salarios. Así, los seis vocales del TSJ y los cuatro fiscales adjuntos, resolvieron “una contribución personal” del 30% de sus salarios. En números concretos esto significa un aporte de unos 150 mil pesos por integrante, tomando como referencia ingresos promedios de 500 mil pesos. El descuento se hará sobre los ingresos netos de María Marta Cáceres de Bollati, Aída Tarditti, Domingo Sesín, Luis Rubio, Mercedes Blanc de Arabel, Sebastián López Peña, Luis Angulo y los fiscales adjuntos Héctor David, José Gómez Demmel, María Alejandra Hillman y Pablo Bustos Fierro. Si bien el dinero exacto en los descuentos puede variar, la estimación es que cerca de 1.500.000 pesos será lo recaudado del descuento a los 10 funcionarios judiciales. Esa recaudación será donada de manera automática al COE (Centro de Operaciones de Emergencia).
Tiempos. En el acuerdo firmado con fecha 22 de abril no está contemplado por cuánto tiempo serán estos descuentos. Schiaretti anunció que el recorte en la planta política será por cuatro meses con posibilidades de extenderlo. Consultadas sobre este punto, fuentes de la Justicia aseguraron “nosotros vamos a ir analizando mes a mes”. Trascendidos aseguraban que algunos funcionarios judiciales alcanzados por el descuento habrían planteado reparos al recorte, por entender que ya habían realizado una donación anterior mediante la Asociación de Magistrados. Esa misma fuente descartó el rumor y aseguró que “todos estuvieron de acuerdo”. Según explicaron desde Tribunales, la decisión de “aportes voluntarios” es para no afectar la famosa y controvertida figura de la intangibilidad en los salarios de los magistrados. Ante este panorama de convertir un descuento de salarios en un gesto personal de ayuda económica de quienes tienen los mayores ingresos de la administración pública, se plantea el interrogante sobre qué camino seguirán los más de 2.400 magistrados y funcionarios del poder judicial de Córdoba. Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba le aseguraron a PERFIL CORDOBA que hasta el momento recaudaron más de cinco millones de pesos mediante la apertura de una cuenta bancaria a los fines de realizar aportes solidarios por parte de sus asociados. Ese dinero, según afirmaron, será destinado a diferentes centros sanitarios de la provincia para enfrentar la pandemia del COVID-19. Además, ratificaron que ya fue aceptado por el Ministerio de Salud un aporte institucional de un millón de pesos. Ante la consulta sobre si los jueces y fiscales accederán a un recorte ‘voluntario y solidario’ del 30% en sus salarios, las autoridades de la Asociación ratificaron que por ahora la modalidad será mediante estas donaciones, aunque están evaluando otras opciones. Si bien no fue posible obtener de manera oficial la cantidad de magistrados que hicieron su contribución económica en la cuenta bancaria, el promedio de cada contribución rondaría alrededor de los n 30 mil pesos por aportante.
Reclamo e imputaciones
Un grupo de abogados continúa reclamando por la apertura de los tribunales. El viernes entregaron un petitorio al Colegio de Abogados donde reclaman medidas para que se reanude la actividad en la Justicia. La protesta en inmediaciones del Palacio de Tribunales 1 llegó a tal nivel de tensión que cuatro personas fueron detenidas, por violación de la cuarentena. Se trata de dos abogados, un profesional de la salud y una empleada de un estudio jurídico. En el escrito presentado los abogados reclaman “la necesidad imperiosa para que la actividad judicial se reinicie de manera presencial, con las medidas de higiene y seguridad adecuadas para resguardar la salud de todos. El urgente restablecimiento progresivo del servicio de Justicia es indispensable para garantizar los derechos de toda la ciudadanía”. Desde el Tribunal Superior de Justicia afirmaron que, si bien entienden la necesidad de los abogados ratificaron que “no podemos ir en contra de un decreto presidencial”. Además, entienden que bajo el esquema de emergencia y la modalidad de video conferencia está garantizado el servicio de justicia. (Ver página 23).
