El Tribunal de Ética Judicial abrió un proceso para analizar la conducta de la fiscal de Instrucción, Claudia Palacios. Se da a raíz de las declaraciones públicas que realizó mientras investigaba la desaparición y el posterior hallazgo de la pequeña Abril Sosa, de 4 años de edad, asesinada en enero último.
Lo confirmó a PERFIL Córdoba el presidente del cuerpo, Armando Andruet. La denuncia fue realizada por la legisladora provincial, Liliana Montero, quien también pidió juicio político a la funcionaria en el Jury.
Dichos polémicos. En la presentación ante el tribunal, Montero documentó “ex presiones peyorativas clasistas y discriminatorias” de la fiscal que, según su lectura, comprometieron la investigación y privaron de protección a la víctima y sus familiares. Esas declaraciones fueron públicas y las efectuó a diferentes medios de comunicación.
En momentos posteriores a la desaparición de la pequeña en barrio General Bustos, vinculó el hecho a las drogas. “Podría ser un ajuste de cuentas”, dijo Palacios a Cadena 3. En otras entrevistas afirmó estar “sorprendida” porque “hay chicos que están en la calle hasta muy tarde y hay padres que no toman ninguna medida al respecto”.
Una vez que se encontró el cuerpo, la fiscal Palacios volvió sobre sus palabras y le dijo a Canal 10: “Puede que no haya sido un ajuste de cuentas sino un pedófilo, el hombre está detenido, es del sector. Llegamos a él por un informante, no se resistió ni se quiso escapar. Seguimos una pista falsa de que el hombre estaba huyendo a Rosario, pero no fue así”.
Nuevos criterios. Al confirmar la apertura del proceso, Andruet explicó a este diario que el Tribunal de Ética modificó criterios preexistentes por los que se abstenía de entender en denuncias que se elevaban simultáneamente al Jury de Enjuiciamiento. Hasta no hace mucho, la doctrina imperante era esperar que el Jury se expidiera para recién comenzar a analizar la eventual existencia de conductas impropias, según el Código de Ética que rige para los magistrados. En este caso, sin esperar el avance en jurisdicción del Jury, el tribunal decidió abrir el proceso en forma paralela para evitar dilaciones en el tiempo y, de ese modo, infundir confianza al producir la resolución en cuestiones que son de su competencia.
Pasos que siguen. Una vez admitido el pedido de intervención, se habilitó el análisis de las pruebas. La fiscal Palacios fue notificada el lunes último y tiene 10 días para realizar su descargo. A partir del allí, el Tribunal presidido por Andruet e integrado para este caso por los exmagistrados, Alberto Eppstein y Luis Higinio Ortiz, y los abogados jubilados, Marco Aurelio Rodeyro y Raúl Ernesto Bruera, tiene dos opciones. Una, la más leve, sería recomendar a la fiscal que ajuste su comportamiento a un mejor proceder y la segunda posibilidad es elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia para un sumario administrativo o para una denuncia penal.
Maltrato policial. Los padres de Abril, Mayra Sidra y Cristian Sosa, denunciaron que durante la búsqueda de su hija sufrieron hostigamiento policial. Concretamente, Cristian relató que fue trasladado a una comisaría y golpeado para que confesara donde estaba su hija. La mención de que la desaparición de Abril podría ser un ajuste de cuentas hizo que mientras la buscaban tuvieran que dar explicaciones sobre sus actividades quedando ellos mismos bajo sospecha.
LUDUEÑA CONTINÚA DETENIDO
Luego de la participación durante la feria judicial de enero de la fiscal Claudia Palacios, la causa por la muerte de Abril pasó a la fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual. La confesión en sede policial de Daniel Alberto Ludueña, un albañil de 35 años que vivía a media cuadra de la familia de la pequeña, contribuyó a esclarecer el caso, aunque ese testimonio no tiene validez judicial. Dijo que la llevó a su vivienda, abusó de ella y luego la ahorcó. Orientó a los investigadores para encontrar en un sitio baldío de barrio Alta Córdoba el cuerpo de Abril. Hasta ese lugar lo había transportado en un taxi.
Ahora pesa sobre él una grave imputación: homicidio criminis causae, que lo podría llevar –en caso de condena– a la prisión perpetua. Asistido por un defensor oficial, durante la indagatoria se negó a declarar y simplemente dijo que no recordaba nada. Actualmente permanece detenido en la cárcel de Bouwer. Según se constató, tiene antecedentes por abusos anteriores.
