El inicio de julio trajo ecos de hace tres décadas. Steve Hanke, economista que ganó fama durante la década de 1990, volvió a sugerir la dolarización de la economía argentina. Detrás de esta propuesta descansa el siguiente razonamiento: “Ustedes no son confiables para administrar su propia moneda. Deberían dejarse administrar por alguien confiable, como los Estados Unidos”.
Para sustentarla, nos enrostra una larga lista de fracasos de nuestra política monetaria. Y si bien los ejemplos citados son dolorosamente ciertos, no avalan el éxito de la dolarización más que el de cualquier otra propuesta.
Analicemos con un algún detalle las posibilidades y consecuencias de la dolarización: Con un stock de reservas internacionales de US$ 61.085 millones, el BCRA podría dolarizar la oferta monetaria más líquida (billetes en poder del público y cuentas corrientes en pesos) a un tipo de cambio de 21 pesos. Sin embargo, con el objetivo de evitar corridas bancarias generadas por tremenda medida, el Banco Central se vería obligado a contar con suficientes recursos para dolarizar también otros agregados monetarios menos líquidos.
Una dolarización completa de la economía implicaría cubrir una oferta monetaria global de $3.752.857 millones, conformada no solo por billetes en poder del público y cuentas corrientes en pesos, sino también por cajas de ahorro en pesos y depósitos totales en dólares. Dado el stock de reservas disponibles, esto se lograría a un tipo de cambio implícito de 61.43 pesos.
Con seguridad, el tipo de cambio efectivo al cual se dolarizaría estaría entre estos dos umbrales. A partir de allí, supuestamente, se lograría la estabilización de la economía. La novedad de la dolarización sería estabilizar la economía vía una monstruosa devaluación, y es la receta más aplicada en la historia económica argentina.
La teoría económica clásica en la cual parecen descansar estas propuestas, sugiere que una vez implementada la dolarización, aumentaría el atractivo para producir internamente bienes transables (aquellos que el país exporta al resto del mundo), dado que se reduciría internamente el precio de los bienes no transables. La fuerza de trabajo estará en condiciones de trasladarse inmediatamente entre sectores productivos para abastecer al sector exportador. No se generaría desempleo, se eliminaría rápidamente la inflación y se terminaría muy pronto con el déficit comercial.
Sin embargo, la lógica anterior adolece de un conocimiento sobre las cuestiones propias de la estructura económica argentina. En primer lugar, el aumento en los precios de los bienes que el país exporta implica que la canasta alimentaria local será más cara. En segundo lugar, es una falacia plantear que la fuerza laboral está en condiciones de trasladarse entre sectores productivos: solamente hay que considerar que el 20% de los empleos locales se encuentran en la construcción y en el empleo doméstico, actividades no transables y con escasas posibilidades de sustitución hacia actividades de exportación. En tercer lugar, hay sobradas evidencias de que el precio de los bienes no transables es rígido a la baja, ante lo cual la reacomodación de los precios relativos solo se lograría por el efecto de una descomunal devaluación del tipo de cambio real.
El argumento contra las críticas planteadas en el párrafo anterior indica que la competencia entre sectores preservaría el salario real. En este esquema, el sector no transable debería abonar salarios de la misma magnitud que el sector exportador para que sus empleados no abandonen el sector.
En cambio, lo que observaremos será que los trabajadores del sector exportador mantendrán sus salarios reales en niveles próximos a los internacionales, mientras que los trabajadores del sector no transable, con escasas posibilidades de abandonar este sector, verán cómo su salario real se deteriora de manera alarmante.
Afortunadamente, a nivel internacional la economía como ciencia se va aproximando cada vez más a la ciencia política y a la sociología, y este tipo de propuestas simplistas van cediendo lugar al reconocimiento de que la problemática económica es únicamente una cara de problemas sociales y políticos mucho más profundos, que requieren de un abordaje interdisciplinario centrado en la complejidad sistémica de lo que percibimos como realidad. El canto de sirenas de los atajos políticos y sociales está llegando a su fin y hoy vemos sus coletazos seculares que resuenan como un eco de 1990.
Juan Pablo Carranza, magister en Administración Pública, Licenciado en Economía.
