Vacunas Vip: son 400 las personas bajo la lupa de la Justicia Federal

Pasaron poco más de 60 días desde que Luis Juez y Ernesto Martínez se presentaron a la Justicia federal cordobesa para que se investigue si existieron irregularidades en el plan de vacunación provincial contra el coronavirus.
Desde el 22 de febrero, el fiscal Carlos Casas Nóblega está al frente del expediente judicial. Por expreso pedido de la fiscalía, las autoridades provinciales del área de salud tuvieron que entregar una lista de todas las personas vacunadas hasta el momento de la denuncia. Además de aportar todos los detalles del plan de vacunación que el Gobierno provincial tenía previsto implementar.
La información enviada por el Ministerio de Salud de la Provincia contenía un listado con 66.982 nombres. Desde ese momento y con algunos pocos colaboradores, el fiscal comenzó el análisis de ese material para saber fundamentalmente si se respetó a la población prioritaria a vacunar o, por el contrario, si existieron personas vacunadas por fuera del plan establecido.
En ese registro que pidió Casas Nóblega, la provincia debía acreditar por cada vacunado: el nombre, DNI, ocupación, la edad y si estaban contemplados dentro del orden de prioridades.
Desde entonces, la tarea inicial por parte de la fiscalía fue la de ir desclasificando todos los datos aportados e ir estableciendo y apuntando inconsistencias en el proceso. El objetivo final es determinar si hubo maniobras irregulares para privilegiar vacunados.
Para poder enfocar y agilizar el trabajo, al principio Casas Nóblega limitó la investigación a los primeros 20 días de la vacunación. Se enfocó en los primeros lotes de vacunas que llegaron entre el 29 de diciembre de 2020 y el 16 de enero de 2021. Con el avance de la causa se fueron ampliando las fechas y la averiguación de datos.

Los 400. Según pudo saber PERFIL CÓRDOBA, el fiscal detectó que en la plantilla de vacunados proporcionados por el Gobierno, surgen 400 nombres que a simple vista no se pueden descifrar ni justificar por qué fueron inoculados. El interrogante asoma al no estar detallada la ocupación laboral de todas esas personas, de los cuales no hay datos de la actividad que desarrollan y, por lo tanto, no está claro el motivo de su vacunación.
La tarea que comenzó Casas Nóblega se denomina trabajo de campo y apunta a desentrañar por qué esas personas fueron vacunadas. Se buscará determinar si la razón por la cual sus ocupaciones no fueron proporcionadas por el ministerio recae, por ejemplo, en que trabajan en negro y su labor no está formalizada o en definitiva si son vacunados vip.
“Ahora apuntamos a saber por qué los vacunaron, en función de qué actividad aparecen en la lista o bien si estamos frente a irregularidades”, le confió a este diario una alta fuente de la investigación.

RÍO CUARTO. Piden investigar el plan de vacunación.
La ciudad de Río Cuarto viene siendo epicentro de escándalos relacionados con la pandemia. Desde hace meses están envueltos en las andanzas del médico trucho del COE, Ignacio Nicolás Martín, y ahora un nuevo episodio generó un tembladeral.
Una enfermera municipal fue denunciada judicialmente por la Municipalidad de Río Cuarto por haberse quedado con una vacuna y habérsela aplicado a su pareja. La desaparición de la vacuna ocurrió en el Polideportivo Municipal, mientras cientos de personas esperaban ser vacunadas.
La jueza de Control, Luciana Alba, decidió que la denuncia contra la enfermera sea girada a la Justicia Federal. Según la resolución, el operativo de inmunización tiene alcance federal y por lo tanto es el Gobierno nacional el que lo lleva adelante. Si se comprueba un desvío en la distribución de las dosis, la investigación debe ser realizada por un juzgado federal; en este caso, todo fue remitido al juez federal Carlos Ochoa.
De todos modos, la jueza Alba en su fallo no se limitó solo a describir una cuestión de competencias y al caso particular de la enfermera, sino que hizo una fuerte y sensible advertencia: “Hay pruebas que hacen presumir la existencia de diversos hechos que vulneran el programa nacional”.
En el dictamen se ponen en relevancia posteriores declaraciones públicas y periodísticas de ‘Gabriela’, la empleada acusada, quien aseguró que en Río Cuarto existieron muchas vacunaciones irregulares y que se hicieron por influencias políticas.
Alba plantea expresamente que es probable la existencia de varios hechos irregulares y por lo tanto solicitó al juez Ochoa que investigue. “Se desprende de autos que si bien la presente investigación tuvo su inicio con la denuncia efectuada por el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud de la Municipalidad de Río Cuarto, Lucas Stefanini, en el devenir de la investigación se fueron anexando diversos elementos probatorios, que hacen presumir como probable la existencia de diversos hechos que vulneran el Programa Nacional de Vacunación contra el Covid-19 que se desarrolla en la ciudad de Río Cuarto, con el consecuente impacto en las partidas presupuestarias destinadas a tal efecto. Eso conlleva suponer que la sustracción de vacunas o la colocación de las mismas a personas que no se encontraban dentro de las listas preestablecidas estratégicamente por personal de la Administración Pública y en un contexto de pandemia, atentan contra la administración pública nacional”, indicó la jueza de Control.