El 17 de mayo está programada en la Cámara 9ª del Crimen la apertura del juicio oral y público a Alan Amoedo, el conductor del vehículo que atropelló en la Avenida Circunvalación a Sol Viñolo, Agustín Burgos y Fernanda Guardia. Comenzará a un año exacto de la tragedia en la que perdieron la vida Sol y Agustín, y Fernanda logró sobrevivir, pero quedó con gravísimas secuelas físicas.
Amoedo estuvo detenido pocos días, apenas ocurrió el hecho. El fiscal de Instrucción, Tomás Casas, lo imputó por homicidio y lesiones culposos. Luego agravó la situación del conductor y durante cinco meses lo mantuvo imputado por homicidio con dolo eventual. A fines de diciembre, sorpresivamente elevó a juicio la causa pero retrotrajo la calificación legal a la que había fijado inicialmente, aliviando sustancialmente la situación de Amoedo.
Llegará al debate oral acusado por homicidio y lesiones graves culposas por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, doblemente calificado.
Eso le permitió al acusado intentar un juicio abreviado. El fiscal de Cámara, Gustavo Arocena, rechazó la propuesta y se reunió con las familias de las víctimas a quienes aseguró que no obstaculizará el debate abierto.
Natalia Lescano, madre de Sol Viñolo, afirmó a PERFIL CÓRDOBA que las familias de las víctimas trabajarán en el juicio para demostrar la actitud dolosa de Amoedo. En ese sentido, adelantó que plantearán un “cambio de paradigma”. Los actos que cometió el conductor ni siquiera encuadran en “dolo eventual, sino en el dolo indirecto” por las sucesivas conductas que tuvo antes de producir la muerte de Sol y Agustín y las heridas gravísimas a Fernanda.
Para el dolo eventual es necesario probar que él debió representar en su mente las consecuencias de sus acciones. Para el indirecto, basta con interpretar su conducta temeraria, antirreglamentaria y desaprensiva como causas del desenlace fatal.
La pericia que le practicaron es contundente: en todo momento comprendió la criminalidad de sus actos.
El informe multidisciplinario acreditó que él “empezó una carrera loca desde que subió a la Circunvalación; testigos dijeron que temieron por su propia vida y le dieron paso; uno señaló que lo vio circular a 120 o 130 km por el carril más lento, zigzagueante y adelantando por banquina; lo vieron hacer eso tres o cuatro veces, la última fue donde estaban Agustín, Sol y Fernanda, esperando la grúa, correctamente estacionados”, narró Natalia.
“Esta persona pasó por encima de ellos”, subrayó y apuntó: “Él hizo todo y más aún. Antes se había alcoholizado, se había drogado, violando todas las normas de tránsito, comenzó una carrera alocada; fue un derrotero que terminaba en la muerte, de él o de otros”. Con esa secuencia de hechos y decisiones del propio Amoedo, que provocaron el resultado fatal, intentarán acreditar el dolo indirecto.
Lescano fue muy crítica respecto a la tarea del fiscal Casas: “La investigación penal instructoria estaba terminada hace varios meses, Amoedo puso un perito de control que no cuestionó las pericias, todo quedó demostrado. El 17 de diciembre, sin ninguna prueba nueva, cambió la carátula a culposo y la elevó a juicio, fue una traición y demuestra su cobardía”, afirmó Natalia y recalcó: “Cuando un fiscal hace estas maniobras, las víctimas no tenemos la posibilidad legal por el código de procedimientos de quejarnos, tenemos una participación decorativa, limitada”.
“Claramente, las víctimas deben tener otro rol, como ocurre con el Código Procesal Penal de la Nación”, agregó. En Córdoba, no solo padecen eso. Apenas piden ser querellantes, les advierten que deberán cubrir los costos del juicio, algo que no le sucede al imputado.
Se sumará la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En el expediente judicial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió participar como ‘amicus curiae’ durante el juicio. El organismo presentó, hace dos años, un proyecto de ley para crear la figura de “homicidio vial”, equiparable al homicidio simple cuya pena prevista es de ocho a 25 años de prisión.
La calificación es más grave para el imputado porque el culposo contempla una pena de tres a seis años, que generalmente se aplica con cumplimiento condicional, no efectivo. La iniciativa legislativa impulsada por la ANSV está en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación.
UN PEDIDO AL GOBERNADOR POR TODAS LAS VÍCTIMAS
El jueves, las tres familias fueron a El Panal para pedir una audiencia al gobernador, Juan Schiaretti. Presentaron un escrito con la solicitud. “Basta de crímenes viales, basta de muertes y de incapacidades absurdas”, es la consigna que expresaron públicamente para terminar con “la otra pandemia” que son los siniestros que se producen en calles y rutas.
Al día siguiente el ministro de Justicia los recibió en su despacho. Además, organizan una marcha que se realizará el 17 de marzo, cuando se cumplirán 10 meses de la tragedia.