A medida que avanzan las decisiones en el expediente abierto por la imputación al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Ignacio Vélez Funes, se van generando las consecuencias que él mismo advirtió a pocas horas de conocerse el requerimiento del fiscal, Carlos Casas Nóblega, hace poco más de dos semanas.
El viernes al mediodía, apenas la defensora oficial, Mercedes Crespi, aceptó formalmente hacerse cargo de la asistencia letrada del camarista, él presentó su inhibición para intervenir en todos los expedientes donde participan Crespi y el fiscal que lo imputó, Casas Nóblega; los que ya se encuentran en trámite y los que se generarán en el futuro.
La decisión sobre si procede o no que se inhiba está en manos de los otros dos vocales que integran la Sala A, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos. En caso de que no coincidan, convocarán a un tercer juez.
Durante la semana pasada, el juez federal Nº 3 decidió dar curso a la investigación requerida por el fiscal Casas Nóblega por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y violación de secreto. El hecho investigado radica en la publicación en el Centro de Información Judicial (CIJ) de una resolución adoptada por Vélez Funes en una causa penal económica por presunta facturación apócrifa. De ese modo, trascendieron datos de una persona que iba a ser allanada porque la decisión del camarista estaba referida a qué juez era competente para ordenar el procedimiento.
Si bien Vélez Funes se inhibió de decidir en expedientes donde participa la defensora Crespi, se aclaró que la Defensoría Pública como órgano puede designar a otro letrado en esos casos.
Resta saber qué actitud tomará en relación con las causas que lleguen a la sala que integra y provengan de la fiscalía de Enrique Senestrari, quien presentó la denuncia por el entorpecimiento que significó la difusión de los datos de la persona que iba a ser allanada pero sin señalar específicamente a Vélez Funes. Y qué hará con las causas que resuelva el juez Vaca Narvaja y sean apeladas.
La imputación a Vélez Funes ocurrió en la misma semana en que falleció el camarista Luis Roberto Rueda. Ambos sucesos generan efectos en el funcionamiento de la Cámara Federal de Córdoba. Si se confirma que Vélez Funes quedará inhibido de intervenir en numerosos expedientes, los resolverán Graciela Montesi y Eduardo Ávalos. Mientras, en la Sala B, tras el deceso de Rueda, quedaron Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres.
