25 años no es nada

En la dialéctica entre las políticas de estabilización de corto plazo y las iniciativas de reforma estructural, estas últimas iban ganando en importancia a medida que se reconocía su carácter casi ineludible. En este sentido, el año 1987 marca un hito en la evolución del pensamiento oficial, que puede comprobarse comparando los congelamientos de precios anunciados en octubre y en febrero de ese año. A diferencia del programa de febrero, en el de octubre el congelamiento formaba parte de un voluminoso paquete de medidas, que contenía desde iniciativas para mejorar la situación fiscal de corto plazo (modificaciones al régimen impositivo, al sistema de coparticipación federal y al esquema de financiamiento de la seguridad social) hasta un movimiento hacia la liberalización financiera (se desregularon las tasas de interés y se permitió una cotización “libre” del dólar), además de varias reformas estructurales.
Lo que no fue muy distinto entre ambos planes fue su corta duración. La tasa de inflación bajó en los últimos meses de 1987 (de 20% en octubre a 3% en diciembre), gracias a la conjunción del control de precios y de una política monetaria relativamente restrictiva. Pero en la semana final del año, el congelamiento debió ser abandonado. En dos meses no podía avanzarse demasiado en la reducción del déficit, lo que hacía efímero cualquier propósito de abstinencia monetaria. El peso fue devaluado, pero esta vez no se establecieron pautas para su evolución futura, ni tampoco para la de los precios y los salarios. Se iniciaba así 1988 con la inflación librada a su propia suerte. El abandono de cualquier forma de control directo sobre la inflación era, en parte, una decisión voluntaria del gobierno. Los congelamientos y las “pautas” tenían sentido sólo si eran voluntariamente aceptadas por todos o casi todos, porque sólo entonces actuaban como guía para las expectativas y para la formación de precios. Después de su uso y abuso durante la mayoría de los cuatro años transcurridos desde fines de 1983, eran herramientas desgastadas por el simple hecho de que ya nadie creía en ellas. Pero la resignación a una inflación “de mercado” era también una imposición de las circunstancias. El breve romance entre el oficialismo y el sindicalismo había dejado como vástago una legislación laboral que impedía toda influencia del gobierno en la determinación de salarios, exceptuando obviamente los del sector público.
Tampoco podía predecirse ningún cronograma cambiario creíble, porque la escasez de divisas se estaba volviendo desesperante. Durante los primeros cuatro años de gobierno, los términos de intercambio habían completado una caída de casi el 40%. Como consecuencia, el saldo de la balanza comercial de 1987 –que habría alcanzado los 3.400 millones de dólares si los precios de exportación e importación de la Argentina hubieran sido los mismos que al inicio de la gestión de Alfonsín– apenas superó los 500 millones, una cifra que no tenía precedentes desde 1981 y que colocaba al país en una situación muy difícil considerando los compromisos derivados del endeudamiento externo. Las negociaciones con los acreedores se venían intensificando a medida que las dificultades de la cuenta comercial amenazaban con comprometer los flujos de financiamiento exterior. Ayudado por el temor a una crisis generalizada de pagos que había despertado la moratoria de Brasil, el gobierno logró en 1987 un acuerdo para reestructurar la deuda con los bancos comerciales y para obtener dinero fresco por 1950 millones de dólares. Ese arreglo tuvo, sin embargo, una contrapartida onerosa: durante el año 1987, los intereses girados al exterior sumaron más de 4 mil millones de dólares que, al no ser totalmente compensados por un nuevo endeudamiento, provocaron una pérdida de reservas de 1.100 millones. La posición externa argentina llegaba así a un punto crítico que no podría ya superarse. Sin anunciarlo a viva voz, en abril de 1988 el país dejó de pagar los servicios de la deuda, con lo cual ingresaba, de hecho, en una moratoria.
La crisis externa se sumaba así a la crisis fiscal para montar un escenario de alto riesgo. Para un gobierno que hacia 1988 había perdido prácticamente toda la confianza pública y que había presidido un período de retroceso de los niveles de actividad y de salarios, sólo quedaba un magro consuelo en materia económica: la victoria secreta de no haber caído en el abismo de la hiperinflación. Pero hasta ese humilde logro se hallaba ahora en peligro. La posibilidad de un colapso hiperinflacionario, que ya se había insinuado en el pasado (marzo de 1975, junio de 1985) pasó a tener una presencia palpable y amenazante. Durante la primera mitad de 1988, el índice de inflación creció casi ininterrumpidamente, hasta alcanzar un máximo de 27,6% en agosto. Aunque en esa escalada habían jugado cierto papel eventos ocasionales (el intento por recuperar el valor real de las tarifas públicas y un incremento del precio internacional de los productos exportables provocado por una sequía en Estados Unidos), la causa última seguía siendo la incapacidad del gobierno para cerrar o al menos entrecerrar las cuentas fiscales. En este terreno, una parte no menor de las dificultades provenía del Banco Central, que debía emitir enormes sumas de dinero para compensar al sector financiero porque, con el fin de suavizar los efectos inflacionarios de emisiones anteriores, buena parte de los activos de los bancos privados estaban inmovilizados en el Banco Central.
Si quería conservarse la chance, por mínima que fuera, de un triunfo radical en las elecciones de 1989, el peligro de la hiperinflación debía conjurarse de algún modo. Fue con ese objetivo que se montó la operación de salvataje que se llamó Plan Primavera, anunciado a fines de agosto. Este programa recuperaba algo de la tradición heterodoxa de sus autores, pero adaptada ahora a una época de debilidad política. El golpe a la inercia inflacionaria no consistió ya en un congelamiento sino en un acuerdo desindexatorio con las empresas líderes –agrupadas en la Unión Industrial Argentina– y con la Cámara de Comercio, que a cambio de su apoyo se beneficiaron en una baja del IVA. Ya que era difícil lograr un ajuste fiscal basado en nuevos impuestos –que necesariamente tendrían que haber pasado por un Parlamento adverso–, se intentó una corrección a través del Banco Central, por dos vías: en primer lugar, se diseñó un nuevo régimen cambiario, por el cual la autoridad monetaria compraba dólares a los exportadores de productos tradicionales en el mercado oficial y los vendía a los importadores en el mercado financiero, quedándose con una diferencia; además, se refinanció de manera forzosa parte de la deuda interna con el sistema financiero privado. Al mismo tiempo, se intentaba una nueva convergencia de expectativas hacia una menor inflación, prenunciando el tipo de cambio y asegurándose la existencia de una determinada relación entre los tipos oficial y financiero.
La potencia estabilizadora del nuevo esquema estaba en el tipo de cambio, lo que evocaba la tablita de Martínez de Hoz. En 1988, como diez años antes, entraban capitales para obtener la alta y –a medida que la desconfianza aumentaba– creciente tasa de interés. Mientras el dólar se mantuvo dentro de los márgenes programados, el efecto del acuerdo sobre los precios se hizo sentir; ya en diciembre, se había vuelto a una inflación de un dígito mensual. Pero sobre el Plan Primavera pendían dos amenazas a las que no sobreviviría: la escasez de reservas, que sólo era transitoriamente cubierta por capitales golondrina que aprovechaban la alta tasa de interés en dólares, y la incertidumbre política y económica ante las inminentes elecciones para el recambio presidencial.
Iniciado 1989, la idea del gobierno de llegar a las elecciones de mayo con la situación bajo cierto control no era compartida en general por los operadores financieros. Aunque la inflación había bajado, seguía siendo mayor que el ritmo de devaluación, y pronto el tipo de cambio acumuló un claro atraso. Entrado el verano, ya nadie creía en el Plan Primavera, pero no podía saberse el momento exacto de la debacle. La confirmación no oficial de la sospecha de que el Banco Mundial suspendería su ayuda a la Argentina actuó como una señal. La corrida contra el austral se inició hacia fines de enero de 1989, y en pocos días el Banco Central tuvo que desprenderse de 900 millones de dólares para evitar una depreciación del peso. Pero la fuga hacia el dólar seguía, y el 6 de febrero se decidió la creación de un tercer mercado de cambios (el dólar “libre”, que se sumaba al oficial y al financiero). La noticia significaba el final del Plan Primavera y también el derrumbe del último dique de contención a la hiperinflación.
Un contrapunto entre los economistas que estudiaron las hiperinflaciones europeas puede servir para entender qué ocurrió en la Argentina de 1989. Todos aceptan, desde luego, que en esas hiperinflaciones la raíz del mal está en el problema fiscal, que en general resultaba de algún tipo de crisis profunda (entre las cuales han figurado prominentemente la guerra y sus consecuencias). Pero ¿cuál es la causa inmediata de la explosión de precios? En la visión monetarista, el problema es simplemente exceso de oferta de dinero, del que el público intenta deshacerse, provocando los aumentos de precios. Otra concepción pone en el ojo de la tormenta el tipo de cambio: es la previa fuga hacia las divisas y el consecuente aumento de su valor lo que genera la explosión inflacionaria, a través de los bienes comerciables y de la práctica más o menos generalizada de fijar precios siguiendo el tipo de cambio. La hiperinflación argentina de 1989 parece seguir más bien el segundo patrón. Después del colapso del Plan Primavera, en febrero, la fuga hacia el dólar se propagó al punto de provocar una depreciación cambiaria del 193% en abril y del 111% en mayo. A la crisis real se sumaba una crisis psicológica por la desconfianza que la imagen de Menem despertaba en el mercado financiero. Un signo de ello era que los vencimientos de los depósitos a plazo fijo estaban concentrados en la fecha final del gobierno de Alfonsín.
La transmisión desde el valor del dólar hacia los precios internos quiso evitarse con sucesivos sistemas cambiarios, seis en total entre principios de año y la asunción de Menem en junio. Pero los esquemas de control en el mercado de cambios generaban a veces mayores problemas, entre otras cosas porque los exportadores retenían divisas. En todo caso, con el tiempo empezó a actuar con mayor intensidad el aspecto más estrictamente monetarista, avivado por el carácter explosivo de un endeudamiento interno que se contraía cada vez a tasas más altas –con cláusulas de indexación o de ajuste al dólar– y cuyos intereses eran pagados directamente con emisión monetaria. Los procesos de retroalimentación de la inflación empezaron a funcionar a toda velocidad, y hasta parecían manifestarse con una cadencia precisa: cada uno de los meses entre marzo y mayo, el índice mensual de aumento de precios minoristas duplicó casi exactamente al del mes anterior, empezando por 9,6% en febrero y llegando a 78,4% en mayo. Con la economía funcionando ya en un régimen hiperinflacionario, cada sector ideaba estrategias defensivas que terminaban agravando la situación general: los trabajadores exigían pagos adelantados de sus remuneraciones y aumentos excepcionales que moderaran algo la caída del salario real; los empresario se cubrían aumentando sus precios preventivamente o acumulando inventarios; los exportadores retenían sus mercaderías como reservas de valor, lo cual hacía escasear aun más los dólares; la especulación en general se financiaba en parte con el diferimiento de las obligaciones impositivas y previsionales y hasta con la postergación de los pagos de los servicios públicos, agravando aun más la situación fiscal.
El gobierno comprobaba ahora, desde una posición invertida, lo mismo que había descubierto en 1985: la impopularidad de la alta inflación. La renuncia de Sourrouille y su equipo en el mes de marzo no había bastado para calmar las aguas, y el 14 de mayo Menem era elegido presidente con mayoría absoluta de los electores. La sucesión de otros dos ministros de Economía fue inútil, porque el pequeño capital de credibilidad con que comenzaban se diluía enseguida en una situación que se había vuelto prácticamente inmanejable y de la que era imposible salir con las medidas parciales y casi improvisadas que se ensayaban. El medio año que todavía debía transcurrir hasta la fecha fijada para el recambio de presidentes se abría como un abismo en el que el peligro de un recrudecimiento de la hiperinflación podía prologar un nuevo ataque a las instituciones políticas nacidas en 1983. Una Argentina convulsionada asistía al espectáculo de la desintegración de un gobierno del que se había esperado casi todo pero que, forzado por las circunstancias a retirarse anticipadamente, apenas podría cumplir acabadamente con el mandato institucional que había recibido cinco años y medio atrás. Quedaba en manos de la nueva administración la responsabilidad inmediata de encontrar una salida a la hiperinflación y, eventualmente, la tarea tan largamente postergada de guiar al país por un sendero de crecimiento