sábado 25 de septiembre de 2021
DOMINGO LIBRO
01-11-2020 04:50
01-11-2020 04:50

El gigante va a las urnas

Cómo es el país que elegirá entre Biden y Trump.

01-11-2020 04:50

Viví en Estados Unidos en diferentes momentos y en distintas circunstancias. Aprendí a conocer a su gente, su modo de vida y sus instituciones. Y si algo me resulta incontestable hoy de esa nación tan compleja como diversa es que los cambios forman parte de su ADN y que debemos ser capaces de entenderlos porque siempre, de algún modo, nos terminarán alcanzando. 

Estudié allí a comienzos de la década de 1970. El mundo estaba aún tomado por la Guerra Fría, Washington lidiaba con el conflicto árabe-israelí y la crisis del petróleo ponía en jaque a Occidente. Pero Estados Unidos ya se encaminaba a consolidarse como la primera potencia mundial, mientras la Unión Soviética tambaleaba. También por aquel entonces comenzaban a abrirse las puertas de la globalización. 

Fronteras adentro se respiraba la etapa final del conflicto de Vietnam y, poco después, el escándalo Watergate conmovía al país y al mundo con la inédita renuncia de un presidente, el republicano Richard Nixon. Pero, a pesar de todo, los estadounidenses todavía sentían que su país estaba cumpliendo con su destino histórico. 

Muchos años después, en 2007, desde Argentina me trasladé a Nueva York para hacerme cargo de la Representación Permanente de Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Suele decirse, y lo comparto, que Nueva York es un ícono estadounidense que, paradójicamente, tiene poco que ver con el resto del país. Sin dudas, la “Gran Manzana” me brindó una aproximación muy diferente de lo que había vivido en el estado de Indiana en mis épocas de estudiante. 

En 2008 vi al júbilo y la esperanza adueñarse de las calles y de los corazones de una buena parte del país, que celebraba la elección del primer presidente de origen afroamericano. Luego, esto habría de cambiar. 

Durante cinco años tuve el privilegio de actuar en representación de mi país en el máximo escenario de la diplomacia mundial. Allí entendí cómo funciona el sistema internacional de toma de decisiones y, en especial, comprobé cabalmente el peso que en él tiene Estados Unidos como potencia hegemónica. 

Por fin, en 2011 asumí como embajador de Argentina ante la Casa Blanca. Esta vez Washington me ofreció una tercera visión del mismo país: la del establishment, los lobbies y el poder político. 2012 fue un año electoral. En Charlotte (Carolina del Norte) y Tampa (Florida) los debates de las convenciones partidarias demócrata y republicana me permitieron interactuar “mano a mano” con muchos dirigentes –de uno y otro partido– de todo el espectro nacional. Las liturgias partidarias se cumplieron y Barack Obama y Mitt Romney fueron nominados candidatos presidenciales. 

Como embajador, repartí además mi tiempo entre Washington y todas las representaciones consulares de nuestro país, en California, Illinois, Georgia, Nueva York, Texas y Florida. Esos viajes, junto a mis continuas visitas al Congreso de los Estados Unidos, fueron completando en mí la noción de un rompecabezas nacional único y polifacético. 

* * *

En esos años también vi nacer y extenderse la crisis de 2008. Viví dentro de ella y pude seguir –paso a paso– su evolución y consecuencias, primero domésticas, luego planetarias. Las huellas de ese estallido impregnan una buena parte de este libro. No podría ser de otra manera: marcó un punto de inflexión y desnudó la realidad del Estados Unidos que se venía gestando, un país muy diferente al del “sueño americano”, más económicamente desigual y socialmente diverso que nunca. 

En esos años fui un espectador privilegiado de una crisis que puso en evidencia –de modo dramático– un cambio de época que, en verdad, se había venido incubando en Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas. Esta obra se adentra precisamente en ese proceso histórico, sus causas y sus principales hitos. Desde mi posición tuve la posibilidad de frecuentar en esa época a muchos de los actores centrales del país. Pude palpar el modo en que la crisis desnudó al sistema político, pero también cómo determinó –y continúa determinando– importantes cambios en la política exterior de Estados Unidos y en su despliegue militar y comercial en el mundo. 

Una potencia desigual

Durante los debates de las elecciones primarias de 2016 del Partido Demócrata, la candidata Hillary Clinton y su único rival, el senador progresista Bernie Sanders, compitieron frente a sus electores por quién de ellos sería capaz de ponerle un límite al reinado de las finanzas que había llevado a Estados Unidos a la crisis de 2008 y a la gran recesión posterior. 

“No debemos permitir nunca más que Wall Street ponga en riesgo a Main Street”, a la economía real, proclamaría Hillary en uno de los ásperos cruces que mantuvieron. Las consecuencias sociales de ese desequilibrio habían quedado crudamente expuestas frente a los dos candidatos en el mes de marzo cuando visitaron Flint, en el estado de Michigan, una ciudad con 40,1% de pobreza y 10 muertes por contaminación con plomo ocasionadas por los recortes presupuestarios en los controles del agua potable.

Cuna histórica de la automotriz General Motors, Flint representa fielmente la parábola estadounidense de las últimas tres décadas y media. De los 80 mil trabajadores ocupados que había en las plantas automotrices locales en 1978, quedaron solo 5 mil en 2016. En ese período, Flint se había convertido en la segunda ciudad más pobre del país. 

Sobre ese terreno avanzó como pudo –cuando lo dejaron los republicanos– la presidencia del demócrata Barack Obama (2009-2017). “No hice todo lo que hubiera querido”, reconocería el presidente durante su fugaz visita a la Argentina, en marzo de 2016. A pagar la deuda social de Flint y otras tantas se comprometieron todos los candidatos a sucederlo en enero de 2017, demócratas y republicanos por igual. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los estadounidenses –y el resto del mundo junto con ellos– habían llegado a convencerse de que el país había aprendido definitivamente la lección del crack financiero de 1929 y de la Gran Depresión que le siguió, también aquella vez con un costo social tremendo y doloroso. 

Sin embargo, fue gracias a las políticas públicas de protección social e intervencionismo económico del presidente demócrata Franklin D. Roosevelt (1933- 1945), y específicamente a través de la implementación de un nuevo contrato social, conocido popularmente como “New Deal, que Estados Unidos logró salir del pozo, consolidarse como una potencia e incluso extender su influencia mundial a lo largo de todo el siglo XX. 

Algunas medidas, como la Ley Glass-Steagall, fueron específicamente pensadas para neutralizar nuevas crisis financieras. A partir de esta Ley federal de 1933, los bancos comerciales en los que el depositante común ponía sus ahorros, pedía créditos o tomaba hipotecas, quedaban separados de los bancos de inversión que negociaban acciones o bonos. Es decir que, si los peces gordos querían arriesgarse a ganar o perder a lo grande, debían hacerlo con su propio dinero. 

Pero, tal como sucedió con otras naciones a lo largo de la historia, Estados Unidos tropezó dos veces con la misma piedra. En 1982, el presidente republicano Ronald Reagan (1981-1989), inspirado en la escuela monetarista del economista Milton Friedman, levantó las restricciones impuestas desde el New Deal e introdujo una nueva ley bancaria, denominada “Garn-St Germain” (Ley de Instituciones de Depósito), que habilitaba otra vez el gran riesgo. Así, en tres décadas, la deuda de las familias estadounidenses se duplicó, pasando del 60% de sus ingresos al 119% en 2007. 

Ese abrupto cambio de reglas se combinó explosivamente con los intentos que venía realizando el propio Estado para otorgarles créditos a los más pobres. En 1977, el demócrata Jimmy Carter (1977-1981) había impulsado otra ley, la Ley de Reinversión Comunitaria, que le imponía a los bancos reservar una cuota de hipotecas para ciudadanos de clase baja, desagregados incluso por grupos étnicos, aun cuando no cumplieran con algunos de los requisitos estándar, como ingresos, trabajo o bienes. Eran los créditos NINJA, es decir “No Income, No Job, no Assets” (Sin ingreso, sin trabajo, sin recursos). 

Más tarde, la llegada de otro demócrata a la Casa Blanca, Bill Clinton (1993-2001), reactivaría la iniciativa de Carter. Sin embargo, como la actividad bancaria ya estaba desregulada, la medida con fines sociales terminó dando otro gran impulso a la especulación con las hipotecas de alto riesgo. 

Para entonces, el Muro de Berlín había caído, la Unión Soviética se había desintegrado y nacía la Unión Europea (UE), con el Tratado de Maastricht. El mundo entero, envuelto en el furor de la globalización económica y digital, se volvía un frenético mercado financiero sin límites horarios ni geográficos. 

A finales de la década de los 1990, los grandes jugadores financieros ya habían impuesto su poder y el Congreso de Estados Unidos, influenciado por la misma euforia, dio la puntada final: en noviembre de 1999 derogó la Ley Glass-Steagall y habilitó nuevas fusiones. 

En 2000, con el aval de Clinton, el Capitolio liquidó el último control que mantenía sobre los “derivados financieros” (productos basados en el valor de otros activos como acciones, metales o granos) y aprobó la Ley de Modernización de Futuros. “La regulación no es necesaria”, bendijo el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, ya por entonces endiosado como “El Maestro”. 

Las ventajas que obtendría una buena parte de los consumidores estadounidenses los invitó a celebrar los cambios. La entrada promedio de las familias de ingresos medios, que en 1983 no superaban los 96 mil dólares anuales, saltó a más de 161 mil en 2007, casi un 70% de ganancia. Pero, aunque por entonces no lo sabían, las volverían a perder pocos años después. 

El caldo de otro desastre como el de 1929 había quedado listo. El premiado film La gran apuesta describe con ironía la espiral de irracionalidad financiera que envolvió al país hasta el año 2007: una kermesse de hipotecas subprime o “basura” que se desmoronaría como un castillo de naipes al advertirse que los deudores dejaban de pagar y abandonaban sus casas. Wall Street le había dado la espalda a Main Street.

La obstinación fue tal que cuando los primeros síntomas del derrumbe comenzaron a hacerse visibles, en 2007, se esparció como reguero de pólvora un argumento con el que algunos tratarían de convencerse, en vano, del final anunciado: estos nuevos bancos son demasiado grandes para caer. En inglés, “too big to fail”. 

Pero el crack tendría nombres propios que demostrarían lo contrario: Lehman Brothers, fundada en 1850, quebró sin recibir ayuda estatal; la aseguradora AIG fue salvada con 85 mil millones de dólares; los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, estatizados totalmente con 200 mil millones, y Bear Sterns y JP Morgan, fueron socorridos con fondos igualmente millonarios. 

Una lista muchísimo más larga de víctimas anónimas desparramadas por todo el país, en cambio, pagó la crisis de su propio bolsillo. Fueron millones de estadounidenses. Una parte de sus líderes los habían llevado a convertirse en el país más avanzado del mundo, los habían llevado a la Luna. Otros, ahora, los estaban enterrando otra vez en deudas y quiebras, como si no hubieran aprendido nada de la lección de 1929. 

Como si esto fuera poco, en 2008, durante los últimos meses de la segunda presidencia de George W. Bush (2001-2009), y sobre el final inclusive con el aval del electo demócrata Barack Obama, el Congreso aprobó un megarescate bancario de unos 700 mil millones de dólares que sería financiado por los contribuyentes. A cambio, unos tres millones y medio de ellos perderían sus casas en una crisis cuyo virus ya estaba propagándose a Europa y contagiando al resto de la economía mundial. 

Tan solo en noviembre de 2008, el mes en que Obama ganó las elecciones, se perdieron medio millón de empleos y la desocupación subió en un año del 4,6% al 7,2% (11 millones de desempleados). La industria manufacturera, por su parte, había perdido cuatro millones de puestos respecto de 2001. Ese mismo año, ajeno a las necesidades internas, el Pentágono gastó casi un tercio del rescate financiero aprobado por el Congreso en las guerras en Irak y Afganistán. La deuda pública estadounidense alcanzaba los 10,6 billones de dólares, lo que representa más del 70% del PBI (en deuda externa, 9 mil dólares por ciudadano).

Como argumentaron en sus investigaciones conjuntas el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y la profesora de Harvard Linda Bilmes, las guerras de Bush costaron varios billones de dólares. Pero, sobre todo, en la fiesta de la desregulación y de la reducción de impuestos, el dinero público terminó en manos de los más ricos y de las corporaciones, en lugar de financiar la educación, la infraestructura y la independencia energética del país. 

En 2011, tres años después de los rescates, la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera, formada por el Congreso y presidida por el demócrata Phil Angelides, dictó el veredicto sobre los ganadores y perdedores del crack: los dueños de Wall Street habían obtenido su salvavidas; los habitantes de Main Street, recesión y desempleo. Excepto por algunas regulaciones menores introducidas en el sistema financiero, que serán abordadas más adelante, desde la crisis de 2008 poco y nada había cambiado en Wall Street. Los diez bancos más grandes del país terminaron controlando más de las tres cuartas partes del sector. Aliviados por los rescates estatales, retomaron su ritmo de actividad y en 2010 ya habían vuelto a negociar 135 mil millones de dólares. 

Del otro lado, en la economía real de Main Street, unos 26 millones de estadounidenses quedaron desocupados. Se habían esfumado 11 billones de dólares en bienes inmobiliarios y el déficit del presupuesto federal soportado por todos los contribuyentes subió a más de un billón de dólares anual tras la crisis, dos terceras partes de las cuales se explicaban por los rescates. 

La crisis dejó al Maestro Greenspan perplejo, dubitativo y sin explicaciones cuando fue citado a declarar ante la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera formada por el Congreso. Sin embargo, en sus 545 páginas, en su “Informe Angelides”, la Comisión expuso conclusiones contundentes y sencillas de entender: la economía de la nación había sido puesta de rodillas por la temeridad de los banqueros y la renuncia de las autoridades a controlarlos. 

Las ganancias del sector financiero, que representaban el 15% del total de las corporaciones estadounidenses en 1980, antes de las reformas de Reagan y Clinton, se habían casi duplicado, ya que en 2006 llegaban al 27%. Y las deudas contraídas en ese juego irresponsable habían saltado de 3 billones en 1978 a… ¡36 billones! en 2007. 

“El impacto de esta crisis lo sentirá una generación entera. No tendrá por delante un camino fácil para recuperar la fortaleza económica”, resumió el informe, aprobado por seis demócratas y rechazado por cuatro republicanos: 

La crisis fue el resultado de la acción humana y la inacción, no de la Madre Naturaleza o de modelos fuera de control. Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoraron las advertencias y fallaron en cuestionar, entender y gestionar los cambiantes riesgos dentro de un sistema esencial para el bienestar del público estadounidense. La suya fue una gran falla, no un tropiezo.

Como bien se sabe desde hace tiempo, el problema de la mano invisible que ordena el mercado es su dedo índice, que elige siempre los mismos ganadores y perdedores. 

Adiós clase media 

Ahora bien, la desigualdad social que quedó expuesta durante los años de recesión que siguieron a la crisis de 2007 no fue consecuencia exclusiva de ese crack. La mutación del tejido económico y social estadounidense venía cocinándose hacía décadas, reforzada por arraigados mecanismos de discriminación de minorías en el acceso a la educación, la salud y el progreso en general. En la historia estadounidense habían sido las reformas del New Deal las que abrieron un largo período de reducción de grandes desigualdades, en gran medida gracias a un sistema impositivo bastante progresivo. Según el economista francés Thomas Piketty, durante medio siglo, entre 1930 y 1980, la tasa de impuestos para ingresos superiores al millón de dólares anuales promedió el 82% y terminó el período en el 70%. No por casualidad, tampoco, fue en este contexto donde se ganaron los derechos civiles y de las minorías. Así, señala Piketty: “Esta política no afectó para nada el fuerte crecimiento de posguerra de la economía estadounidense […] Los impuestos estaduales, también progresivos con tasas de entre 70% y 80% para las grandes fortunas durante décadas, redujeron notablemente la concentración de capital, sin la destrucción y las guerras que afrontó Europa”. 

Pero más adelante los republicanos Reagan y Bush, con sus dogmas conservadores de la iniciativa privada, las rebajas de impuestos y un Estado federal reducido al mínimo, llegaron decididos a recortar el estado de bienestar, aunque sin llegar a desarmarlo. Liquidarlo por completo era inviable e incluso, políticamente suicida. Pero Reagan, en particular, tomó otras medidas regresivas, tales como congelar el salario mínimo federal (en 7 dólares la hora a valores de 2016, que está en 7,25). La restauración conservadora que iniciaron entonces las reaganomics puso patas para arriba el sistema impositivo en favor de los más ricos y redujo el universo imponible de contribuyentes de más altos ingresos a solo el 28%. En la década siguiente, el demócrata Bill Clinton no lo haría muy distinto: llegó a gravar no más que al 40%. 

La ola monetarista de la década de los 80 y la desregulación financiera que se completó en la siguiente se combinaron por fin con la globalización digital y una modernización productiva que transformó por completo el mercado laboral. Para completar la escena, el gigante China irrumpió con su montaña de productos económicos en todo el mundo y también en el sacrosanto mercado estadounidense, al que le impuso su mano de obra barata. 

Para responder a la nueva realidad comercial, Washington promovió entonces acuerdos de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en inglés) con México y Canadá, impulsado entonces con fervor por Hillary Clinton. Pero en aquella oportunidad, quienes habían pagado el precio de la apertura fueron las industrias tradicionales como la automotriz y la textil, que pronto desplazaron sus plantas a mercados laborales más flexibilizados, con lo que provocaron mayor desempleo al propio. 

Ese conjunto de cambios asestó un golpe letal a vastos sectores de mano de obra estadounidense, en especial la clase obrera, que depende de un salario y puede ser despedida de un día para otro. En el futuro, la economía estadounidense modernizaría su sistema productivo y lo robotizaría, para reabsorber otro tipo de empleos en otras actividades. Pero no era el caso todavía. 

El retroceso de los de abajo y la veloz concentración de riqueza en los sectores más altos alteraron naturalmente la clásica geografía social de Estados Unidos. Aquella elogiada equidad conseguida después del New Deal se había revertido por completo. 

Así, años después, cuando las primarias demócrata y republicana de 2016 llegaron al corazón del golpeado cinturón industrial, en el estado de Michigan, donde se habían perdido cientos de miles de empleos antes y después de 2007, los votantes expresaron su incertidumbre y malestar con el nuevo país. 

Tanto el magnate Donald Trump, entre los republicanos, como el declarado socialista Sanders, entre los demócratas, obtuvieron inesperadas y resonantes victorias ante sus rivales con enfáticos discursos de abierto rechazo a los acuerdos de libre comercio firmados y por firmar con Europa y el bloque del Pacífico, y reivindicaron como prioridad el mercado y las fuentes de trabajo locales. 

Hasta entonces, la administración Obama no había podido revertir muchas de las grandes desigualdades que había heredado. Durante la gestión de su antecesor Bush, las 15 mil familias más ricas duplicaron su ingreso anual promedio, de 15 a 30 millones de dólares. Y las corporaciones aumentaron sus ganancias en un 68%, cinco veces más que el conjunto de la economía estadounidense. 

En su Discurso sobre el Estado de la Unión de 2010, el presidente Obama sinceró el estado de cosas para los registros históricos: “Hace un año, tomé posesión en medio de dos guerras, una economía sacudida por una grave recesión, un sistema financiero al borde del colapso y un gobierno profundamente endeudado. Pero la desolación sigue presente. Uno de cada diez estadounidenses sigue sin encontrar trabajo. Muchas empresas se han hundido. El valor de las viviendas ha descendido. Los pueblos y las comunidades rurales se han visto especialmente afectados. Para quienes ya habían conocido la pobreza, la vida se ha vuelto mucho más dura”.

Según el prestigioso Pew Research Center, la clase media estadounidense, otrora ejemplo occidental, perdió mucho terreno durante estas últimas décadas de reinado del neoliberalismo y del capitalismo financiero, y el golpe de 2007 terminó achicándola hasta perforar el 50% en 2016, mientras que en 1971 representaba el 61% (por ingresos). 

En otras palabras, en 2016 había más ricos y pobres que clase media. En 2015, según los datos oficiales que analizó Pew, unos 120,8 millones de adultos estadounidenses entraban en la franja de ingresos de clase media (quienes ganan entre dos tercios y el doble de la media total nacional, es decir, entre 42 mil y 126 mil dólares anuales para un hogar de tres personas). Los dos extremos de la pirámide sumados, los de más altos y más bajos ingresos, los superaban: eran 121,3 millones. 

Entre 1971 y 2015, el ingreso de los hogares de Estados Unidos se había desplazado sustancialmente desde los sectores medios a los más altos, los cuales, por su parte, se multiplicaron en cantidad y además lograron sus ganancias más rápido. Así, las franjas más altas se quedaron con el 49% de la torta, contra el 29% que tenían en 1970. En cambio, la clase media pasó de quedarse con el 62% del ingreso del total de hogares a retener solo el 43%. Su decadencia se aceleró en 2001, antes de esta última gran recesión, y su posición medida por riqueza (es decir, bienes menos deudas) había caído al 28% en 2013. En el mismo período, mientras la franja más baja del nivel de ingresos pasaba de reunir el 16% al 20%, la más alta más que se duplicaba: pasó del 4% al 9%.

El mismo instituto Pew, en otra de sus investigaciones recientes detectó lo que podríamos llamar “la grieta”, pero en versión norteamericana. Las encuestas muestran cómo, en una época de cambios culturales, étnicos, religiosos, de género y tecnológicos como la que trajo el siglo XXI, los estadounidenses tienden a aglutinarse en comunidades según su demografía social, y no necesariamente según sus ideas políticas. 

Sin importar cuáles sean los asuntos en discusión –como se comprobó también durante los debates de las primarias– lo que termina sucediendo es que se niegan los hechos, se desaprueban estilos de vida, se evitan vecindarios y se pone en duda el patriotismo del otro. “Es como si no pertenecieran a partidos rivales, sino a tribus diferentes. Como si sus candidatos estuvieran compitiendo para presidente en diferentes países”, resumía Paul Taylor en su análisis de estadísticas para Pew. 

Esta “grieta” se traduce en la evaluación que uno y otro bando hacen de los distintos presidentes y no reconoce antecedentes en la era moderna. Según deduce el análisis, esa dualidad nace de algunas transformaciones demográficas en proceso: a nivel general, Estados Unidos camina hacia una mayoría no blanca y está envejeciendo. Sin embargo, una parte de la sociedad es más conservadora, mayoritariamente blanca, más religiosa y envejecida. Y le cuesta lidiar con un escenario emergente a nivel étnico, de género y familiar. La otra mitad, en cambio, luce y piensa de forma más jovial, es más diversa étnicamente, progresista, secular, tiene una fuerte presencia inmigrante, y valora especialmente la diversidad. 

En términos generacionales, Estados Unidos se ha convertido en una sociedad en la que los millenials (quienes tienen entre 18 y 29 años) son tantos como los baby boomers nacidos en la posguerra y testigos de un país optimista y diferente. 

El impacto social entre los más jóvenes ha sido grande y se trasladará de una u otra manera al sistema político. Por primera vez desde 1880, hay más jóvenes adultos viviendo con sus padres que casados o en pareja (fenómeno similar al de la rica Europa). Y, desde 1960, el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 34 años con empleo ha caído del 84% al 74% en 2014. 

Esa nueva generación, que se enfrenta políticamente a los adultos cuyo viejo mundo se ha derrumbado, será la que defina el destino de un país que en medio siglo −2065 es la fecha acotada por la investigación del instituto Pew− tendrá un 24% de latinos (en 2015, seis de cada 10 latinos tenían menos de 33 años y un tercio de ellos eran niños o adolescentes) y solo un 46% de blancos (mientras que en 2015 abarcaban dos tercios de la población). 

Lo que sucede, entonces, es que esta combinación de desigualdad y diversidad sin antecedentes configuran un escenario social general novedoso y complejo, que contribuye a explicar por qué las elecciones presidenciales de 2016 quedarán en la historia, no solo en este, sino en muchos otros sentidos. Durante la campaña electoral, los candidatos y sus votantes no han hecho más que desmentir axiomas políticos que se daban por verdades eternas pero que se correspondían con un país que ha cambiado de forma y color para siempre. Todo un país está barajando y dando de nuevo.

 

☛ Título Historia urgente de Estados Unidos

☛ Autor Jorge Argüello

☛ Editorial Capital Intelectual 
 

Datos del autor

Es el embajador argentino ante los Estados Unidos, cargo que ya ocupó entre 2011 y 2013.

Fue representante permanente de Argentina ante la ONU y embajador en Portugal  y Cabo Verde. 

Fue dos veces diputado de la Nación, concejal en la Ciudad de Buenos Aires y dos veces legislador porteño.

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