Después de una jornada agotadora en la comisión bicameral que se ha formado para analizar el proyecto de reformas al Código Civil, el diputado Ricardo Gil Lavedra llega puntualmente sin ocultar que el debate ha sido difícil.
—Días largos…
—Sí. El oficialismo volvió a convocar a la comisión la semana pasada. Nos dijo que quería reiniciar el debate acerca de las posibilidades de encontrar un dictamen. Aquel mismo jueves pasado presentamos borradores de dictámenes, ayer estuvimos todo el día discutiendo la responsabilidad del Estado y hoy el oficialismo ha dicho que quería firmar los dictámenes y llevarlos al recinto el día 27. Nosotros el año pasado habíamos visto como muy auspicioso el modo con que se había instalado la idea de las modificaciones. Hicimos audiencias públicas en todo el país y hemos recibido (si no me equivoco) alrededor de dos mil propuestas, documentos para considerar. Algunos son de apoyo. Otros proponen enmiendas. Se ha trabajado de manera muy intensa, y sinceramente lo que lamentamos es que a último momento el oficialismo haya roto esa imagen de consenso.
Gil Lavedra agrega con ironía:
—Bueno, como siempre, bajó la cortina, apretó el acelerador y dijo: “¡dictamen!” y “tratarlo la semana que viene”.
—Esto es lo que no se entiende por tratarse de temas tan trascendentales. ¿Por qué este apuro?
—Sinceramente, no lo sé. El argumento que esgrimen ellos es que el Congreso estuvo trabajando y estudió el Código, con lo cual la nueva composición del Congreso debe comenzar de nuevo. Por supuesto, nadie puede pretender que haya unanimidad en un código. Y además de ser un código también hay que analizarlo en sus directrices fundamentales porque es un conjunto sistemático de normas. Pero, como le decía, a último momento me parece que el oficialismo no ha demostrado ninguna buena voluntad para tratar de buscar acuerdos en algunos puntos fundamentales que nosotros les hemos señalado.
—¿Por ejemplo?
—Sobre todo suelen tener que ver con las modificaciones que ha introducido el Poder Ejecutivo. El proyecto original, el de los juristas, creo que es un buen proyecto que rescata bastante de una corriente contemporánea llamada “De la fuerza normativa de la Constitución” y que tiene que ver con la incorporación (justamente en la Constitución) de muchos derechos fundamentales y que luego se impregnan en todas las ramas del movimiento jurídico. Este Código Civil incorporaba muchos de estos derechos constitucionalizados y muchas veces significaba una síntesis entre cuestiones de derecho privado y derecho público y le otorgaba mucha importancia al principio de la autonomía de la persona, a la multiculturalidad que es necesaria en una sociedad. Mire, los códigos tienen que regular conductas humanas, pero no predicar cuáles deben ser determinados comportamientos. Es decir… todo esto implica la posibilidad de que se puedan discutir algunas cuestiones, pero era un buen proyecto. Ahora… bueno, el Ejecutivo lo amputó. Esto quiere decir que le introdujo varias modificaciones que en este momento se ha negado a considerar. Fíjese que, curiosamente, todas estas modificaciones tienen un denominador común.
—¿Por ejemplo?
—Un denominador común que yo creo que trasunta una visión que tiene el Gobierno. Mire, el Gobierno piensa que no son iguales los funcionarios y los ciudadanos. Incluso, que el ciudadano está en una posición más fuerte que el Estado, cuando en realidad es justamente al revés.
—Los funcionarios serían una especie de casta…
—Sí. Y esto hace prevalecer siempre el interés del Estado por sobre aquél del ciudadano. Esta es una visión de tipo colectivo que me parece estatista, absolutamente pasada de moda en cuanto a lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos individuales. Esto también se advierte en el proyecto que enviaron acerca de las medidas cautelares en las cuales ellos privilegiaban siempre al Estado por sobre el particular que reclama. Y en este Código los puntos modificados son, por ejemplo (con una redacción muy confusa), referidos a los derechos individuales frente a los derechos de esencia colectiva. También, por ejemplo, de modo no muy bien aclarado, señalan que debe haber un límite (cosa en la que estamos de acuerdo), pero lo hacen en forma poco precisa.
—¿Esto siempre dentro del texto que ellos presentaron y que ustedes, como oposición, están objetando?
—Sí, correcto. Entre otras cosas, cercenaron las acciones colectivas. Por ejemplo, sacaron los derechos de niveles homogéneos que tenían una tutela muy importante a través de la legislación. La responsabilidad del Estado. Fíjese que la responsabilidad del Estado y sus funcionarios, al ser sacados de las reglas fundamentales del derecho común que es el Código Civil, queda librada a lo que legisle cada provincia y cada municipalidad. Es decir –se enoja Gil Lavedra– que de este modo puede haber distintos regímenes de responsabilidad del Estado según si un habitante es del Chaco o de Formosa.
—Perdone mi ignorancia, pero ¿entonces la ley no es igual para todos?
—Este es el famoso Código de Igualdad, y me parece que esa distinción resulta absolutamente inaceptable. Incluso hay algo más: en la ley especial sobre responsabilidad del Estado que el oficialismo votó ayer excluyen al funcionario que actúa con culpa. Que causa un daño “con culpa”. Le reitero que esto es inaceptable. Y le explico: en un daño a un particular si el funcionario tuvo “culpa”… bueno, no responde. ¿Por qué? Fíjese que cualquier ciudadano común que “por culpa” comete un daño tiene la obligación de resarcirlo. Un funcionario, en cambio, no. Vuelvo a preguntar ¿por qué?
—Y a esta explicación suya tan clara ¿qué decía el oficialismo?
—Bueno, ellos no se caracterizan por sus facultades argumentativas ¿no? –ironiza Gil Lavedra–. En el tema de las responsabilidades del Estado repitieron que ésta era una disputa doctrinaria entre los “administrativistas” y los “civilistas”, y que ellos habían optado por la doctrina administrativa. ¡Mentira! Hay un desconcepto respecto de esto. Lo que nadie ignora es que en materia de responsabilidad del Estado las normas son de derecho público. No estamos discutiendo si esto regula relaciones entre particulares o tiene que ver con el Estado. Lo que decimos es que tiene que estar en el Código Civil porque en el Código Civil también hay muchas normas de derecho público incorporadas y que el legislador entiende que tienen que ser comunes en toda la república. Es decir que dentro del derecho común el Código Civil es fundamentalmente derecho privado, pero tiene también algunas normas de derecho público. Estas, claro, deben ser iguales para toda la república. También el derecho de responsabilidad debe ser igual en todo el país.
—Me quedo pensando, doctor, ¿cómo un municipio va a legislar en forma diferente a otro?
—Bueno, si le dan autonomía y si esto pertenece al derecho administrativo local, el municipio podrá establecer cuál es la responsabilidad de ese municipio y de sus funcionarios. ¡Un disparate! Sinceramente me parece que es un retroceso enorme y contra el ciudadano. Lo mismo ocurre con lo que ha hecho el oficialismo con respecto a las obligaciones en sumas de dinero cuando se pactan en moneda extranjera.
—¿Qué dice exactamente el oficialismo sobre esto?
—Si se pacta una suma de dinero en moneda extranjera se tiene que entender como obligación de dar cantidades de cosas, y si no se cumple tendrá que ser al cambio oficial del momento. Imagínese que en un contexto en el cual el cambio oficial es una farsa (como ocurre en Argentina), porque no responde a la realidad, esto es una estafa. Es decir: “Señores, bueno, que nadie pacte en dólares porque si no le cumplen le van a devolver al dólar ficticio como es actualmente el cambio oficial”. Son todas medidas que tienen algún detrimento para el ciudadano.
—Lo que usted señala apela al sentido común. ¿Cuál es la respuesta del oficialismo?
—¡Nada! ¡Nada! Ellos siempre consultan al Poder Ejecutivo, etc. Cosas vagas que luego se traducen en no cambiar ni una coma. En los temas fundamentales no han cedido en nada. Nosotros propusimos una solución transaccional: pongamos los principios fundamentales de la responsabilidad en el Código Civil y el resto que lo haga el derecho público local. Por lo menos así quedan en términos iguales y en toda la república éstos son principios básicos. Tampoco lo aceptaron.
—¿Con qué argumentación?
—Ninguna. Y si la prescripción de las acciones de responsabilidad con respecto a los funcionarios es de derecho público local habrá entonces un término de prescripción en el Chaco y otro distinto en San Luis, y otro más en La Rioja. Yo creo que lo que desea el ciudadano es el resarcimiento del daño. No importa quién se lo haya producido.
—Como decíamos, entonces, luego de estos días tensos viene una semana difícil: el miércoles próximo en Diputados la ley de responsabilidad del Estado, y en Senadores comienza a discutirse el Código Civil.
—Sí. Y seguramente habilitarán la extensión de las sesiones ordinarias para que Diputados dé sanción definitiva a la reforma del Código Civil supongo que en los primeros días de diciembre.
—Me quedo pensando en la responsabilidad del Estado.
—Ellos establecen criterios de responsabilidad, pero muy restrictivos. Por ejemplo: el oficialismo sostiene que solamente responde por el daño “cierto” y “actual”. En cambio nosotros creemos que puede haber un daño futuro que debe ser resarcido. ¿Por qué eliminar el daño futuro? También es resarcible. Y con relación a la reparación por actividad lícita del Estado ellos sostienen que, en todos los casos, se resarce nada más que el daño emergente y no el lucro cesante. Estamos de acuerdo en que en general es así, pero puede haber casos excepcionales en los cuales también hay que reparar el lucro cesante.
—Temas complejos. Reiteramos, entonces: ¿por qué tanto apuro?
—También se ha dicho que el apuro del Estado por introducir esta cláusula tiene que ver, “como siempre”, con el resarcimiento a Clarín por sus licencias. En fin…
Luego de una pausa, Gil Lavedra agrega:
—El dictamen del oficialismo ha sido suscripto sólo por el oficialismo. Tanto la UCR como el Peronismo y el PRO firmaron sus propios dictámenes.
—También estaba previsto que los jueces de la Corte Suprema fueran al Congreso para exponer sus puntos de vista. ¿Qué ha pasado con este faltazo?
Gil Lavedra suspira:
—Yo supongo que no quieren involucrarse con el proceso. Evidentemente esto fue una excusa. Los autores del anteproyecto, que en un comienzo fueron y se pusieron a disposición de la comisión bicameral, etc., bueno… ayer mandaron una carta que es una excusa. Creo que no quisieron ir porque quizás no desean quedar asociados con lo que finalmente resulte de todo esto. Sin ir más lejos, hoy se introdujo una modificación con la cual sinceramente nosotros no estamos de acuerdo. Es aquella que señala que la vida, la existencia humana, comienza exactamente desde la concepción. Ellos eliminaron los párrafos del artículo que dicen “en el caso de fertilización asistida la vida comienza desde la implantación en el seno materno”. Es correcto que sea en la implantación en el seno materno porque recién cuando se coloca el embrión fecundado en el vientre de la mujer, cuando se lo anida, recién ahí puede haber vida. Anteriormente, insistimos, son embriones que hay que tutelar y proteger pero que no son personas. En las técnicas de fecundación asistida se trabaja generalmente con muchos óvulos fecundados y se van seleccionando los más aptos. Y esta postura del oficialismo va a descartar la investigación científica, le quita autonomía a la madre que, por ejemplo, en un momento dado, en el transcurso de un tratamiento, quiere interrumpirlo. En la práctica esto supone que estas técnicas se convertirán en impracticables. No se realizarán más, con lo cual las parejas que deseen acogerse a estos tratamientos tendrán que viajar al extranjero. También, desde ya, perjudica al campo de la investigación científica que permite estos avances. Me parece que esto es una involución notable. Creo también que esto es parte de una negociación con algún sector de poder. Como la Iglesia, por ejemplo.
—Seguramente, de aquí a 2015 veremos también infinitos cambios y negociaciones. A propósito del presente, hace tres días, mientras en la Casa Radical se recordaba el advenimiento de la democracia y del gobierno de Raúl Alfonsín, de pronto alguien levantó su BlackBerry y comentó: “Parece que Moreno está renunciando”. La noticia cundió como un rayo y, una vez confirmada, comenzaron los interrogantes. Por ejemplo, con la experiencia política que usted tiene, ¿qué cree que ha producido este desplazamiento?
—Por supuesto que era una decisión que le correspondía tomar al Gobierno. Me parece que ha sido bastante tardía, pero… enhorabuena. Moreno no solamente ha fracasado en casi todos los emprendimientos que ha realizado (realmente en todos). Es un hombre que ha causado un daño enorme a su gobierno y al país. El tema del Indec ha producido un daño institucional terrible. Además me parece que ha sido un funcionario que ha hecho gala de formas totalmente antidemocráticas. Prepotente, matón, maleducado, siempre ha querido llevarse todo por delante. Recordemos los episodios de los guantes de box, los globos con “Clarín miente”, etc. Sinceramente, a mí me daba vergüenza que la Argentina tuviera a este hombre como un funcionario de jerarquía. Celebro que, al fin, la Presidenta se haya animado a dar este paso. Cómo sería la sensación térmica que producía Moreno que al día siguiente de su renuncia la Bolsa subió.
—Si pensamos que exportamos menos carne que Uruguay y que importamos trigo, cabe esperar alguna recuperación…
—Sí, todo eso gracias a Moreno y al gobierno nacional y popular. No cabía duda de que era imprescindible hacer correcciones, y me parece que los cambios que ha hecho ahora la Presidenta en el gabinete apuntan a esa circunstancia. Y si no se efectúan estas correcciones seguiremos teniendo infinitas dificultades. Estamos transitando la última mitad del mandato de la Presidenta. Estamos muy contentos de haberla visto con su perrito y ojalá se haya repuesto, ya que el país necesita a un presidente muy entero. Me alegro de que haya vuelto porque no se sabía bien quién estaba gobernando hasta ese momento. No se sabía exactamente tampoco quién tomaba las decisiones. Creo que se ha decidido a tener a un jefe de gabinete más fuerte como es Capitanich, un gobernador de provincia acostumbrado a tomar decisiones. Un hombre ejecutivo. Todos los argentinos debemos desear que este cambio sea para mejor. Con Kicillof las señales no son muy buenas. Sin ocuparnos de su persona, las ideas que ha demostrado hasta el presente me parece que están un poco atrasadas. Muestran una visión distinta a cómo se mueve el mundo de hoy. Pero, bueno, es la decisión presidencial y hay que darle el margen adecuado para que tome medidas que marquen correcciones necesarias en el rumbo ya que la situación se ha vuelto insostenible. Día a día estamos perdiendo reservas del Banco Central. El Gobierno no acierta a enfrentar la inflación, sin olvidar la pérdida de competitividad de las economías regionales. En el Congreso hemos difundido el promedio de las consultoras privadas que ha dado un interanual (de octubre a octubre) del 25,86%, pero también los cálculos de todas las consultoras señalan una aceleración en diciembre (una zona muy caliente). El Banco Central no deja de emitir para cubrir el déficit y estamos corriendo el serio riesgo de entrar en un período de inflación sin crecimiento económico.
—¿Qué va a pasar cuando los gremios pidan la reapertura de las paritarias?
—Bueno, ésta es una de las consecuencias de tener alta inflación. Los gremios tienen razón cuando procuran que el poder adquisitivo de los salarios no se vea menoscabado. En consecuencia, allí también tendremos un problema serio, y hasta Moyano ha anunciado hoy que
si sigue este nivel de inflación lo van a pedir. Incluso, si el Gobierno no toma medidas, vamos a entrar en un contexto de conflictividad social.
