5 de agosto de 2010. La cámara oculta registra lo que sucede en la Dirección General de Higiene del gobierno porteño. Su titular, Fernando Cohen, y el inspector y delegado de ATE Edgardo Castro discuten sobre las clausuras que no se llevaron a cabo. El primero no sabe que el segundo lo está filmando. La grabación dura casi 45 minutos. Castro se muestra cansado y enojado. Dice estar harto de ser usado como fuerza de choque para que después “los mismos de siempre vayan a arreglar”. Cohen no se queda callado: le endilga actuar con un fin político, a lo que el inspector le responde que los pedidos de clausura parten de datos objetivos. Aún no abunda en detalles.
La oficina es austera, burocrática. Las paredes, blancas sin ningún adorno a la vista. Por momentos, el lente de la cámara muestra los brazos de Castro o la cara del funcionario. Son todos planos cerrados. La discusión sube y baja de tono. Pero la tensión no cede. En ningún momento parece que del diálogo surgirá la revelación.
En varias oportunidades, Castro le asegura a Cohen que el enojo no es contra él, le dice que sabe que las órdenes provienen de sus superiores en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad. Inesperadamente, entre el minuto 24 y el 26 de la grabación, el secreto irrumpe. La cámara lo captura.
Se terminan los secretos. Cohen revela cómo funciona el sistema.
Castro: Siempre termino clausurando los boliches de los “bolis”, y las empresas de grandes fortunas quedan al margen de todo. Yo no me presto para seguir apareciendo como la infantería, que aporta la presión a las empresas para hacer un negocio, para que después los tipos lo arreglen por atrás. Prefiero que me echen a la mierda y me hagan un proceso de lo que sea. Finalmente, cada vez que toco un timbre no sé si no estoy haciendo un negocio para alguien. En los casos pesados se repite la misma mecánica: todo por atrás, los mismos funcionarios interviniendo, todo top secret, todo por abajo. Intervienen (Alejandro) Sebo y Herrera para levantar la clausura. Ahora, resulta que lo de (Laboratorios) Beta estaba en “pago voluntario”, después de haber tenido una clausura…
Cohen: Lo de Beta… ya te expliqué cómo fue lo de Beta. No se pudo clausurar. ¿Te acordás que fuimos juntos? No se pudo clausurar por el quilombo que se armó. La observamos y le mandamos la multa porque no íbamos a poder clausurar. ¿Sabés de quién es Beta?
Castro: No…
Cohen: De (Gregorio) “Goyo” Zidar, un directivo de Boca, amigo de (Mauricio) Macri. Llamó Macri en ese momento. Clausurarle a Goyo Zidar sería buenísimo, me cago de la risa. Pero no se puede.
Tres años después, el sistema premió la fidelidad de Cohen, quien desde 2013 conduce la Dirección General de Protección del Trabajo de la Ciudad.
Fuerza política del siglo XXI, novedosa en su praxis proselitista y discursivamente lábil, el PRO mostró pericia a la hora de señalar los problemas del agrietado bipartidismo argentino. Para Mauricio Macri, la corrupción no es más que un instrumento retórico al que recurre para diferenciarse de las gestiones que lo precedieron, sea en el ámbito privado o en el público. Lo utilizó cuando estuvo al frente de Boca Juniors, y no lo abandonó cuando saltó a la política y llegó a la Ciudad de Buenos Aires. Lo perfeccionó cuando asumió como presidente de la Nación. Al PRO, más allá de formar parte de su identidad y ser central en su corpus discursivo, le permitió establecer una línea divisoria entre lo viejo y lo nuevo. Pero pararse en ese lugar demandó todo un maquillaje de la figura de su líder, apostando a que, como reza una de las máximas de Jaime Duran Barba, “la gente vota por la imagen de los candidatos más que por doctrinas o propuestas”.
La operación consistió en un esfuerzo notable por ocultar el pasado de Mauricio Macri. Su etapa como cara visible de las empresas familiares relacionadas a la “patria contratista”, sus vínculos filiales, su deseo de ser candidato a senador por el Partido Justicialista. Todo se enterró en la historia con unas cuantas paladas de marketing político.
Más allá de sus devaneos partidarios, su origen empresarial es la mayor sutura que sufrió su narcisismo. Desde el “Manlibagate”, que significó el tiro de gracia a la gestión porteña de Carlos Grosso, actual asesor en las sombras del Presidente, pasando por las acusaciones por los porcentajes que los jugadores xeneizes, como el colombiano Jorge Bermúdez, denunciaron que Macri les exigía para autorizar sus ventas al exterior; hasta su procesamiento, en 2001, a raíz del cobro de reintegros millonarios por exportaciones e importaciones de autopartes de la empresa Sevel a Uruguay por medio de Opalsen, otra firma de la familia Macri.
Desde el PRO, cual bandera se utiliza un axioma para refutar cualquier idea que los relacione con la ya sistémica corrupción estatal en sus diferentes niveles. Se apoya en la noción de que los partidos considerados “tradicionales” mantienen una relación viciada con las estructuras del Estado, de modo tal que el delito se encuentra enquistado en ellos. Y que el PRO es la “nueva política”, que está alejada de esas inmoralidades.
Sin embargo, los numerosos casos analizados en este libro, desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2017, componen una matriz macrista de gestión, cuyas principales características son: sobreprecios en contrataciones públicas (con o sin licitación); malversación de fondos; negocios inmobiliarios con tierras fiscales; obras otorgadas a empresas vinculadas a funcionarios, la familia y los amigos de Macri; partidas para apuntalar candidatos en distintos puntos del país; utilización de fundaciones como forma de financiamiento de la política –lo que adquirió mayor densidad con el caso de la empresa de Fernando Niembro–; personas fallecidas por falta de control ya sea en obras o inmuebles añejos, e incremento de la población en las villas de la ciudad.
Un párrafo aparte merece el endeudamiento que toman el gobierno porteño y el de la Nación para obras que después no se realizan. O el desembarco de un número inédito de ejecutivos en las carteras nacionales. La Justicia tampoco está exenta de presiones. Así lo exponen jueces y fiscales cuyas posiciones son contrarias a los intereses del Ejecutivo, el copamiento de los organismos de control y el regreso del stiusismo a la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE).
No queda al margen tampoco el sistema de alianzas tácticas del macrismo con el kirchnerismo, sobre todo antes de la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada. Oportunamente, votaron juntos proyectos legislativos clave, muy a pesar de que públicamente se enfrentaban con palabras altisonantes y denigrantes. Por todo esto, el macrismo necesita ocultar y olvidar. La anécdota inicial no solo muestra crudamente las consecuencias de la burocracia estatal dominada por intereses particulares, sino también el imperceptible sistema de premiación que rige para los obedientes.
Como si fuese una película en retrospectiva, y para disgusto del Presidente, secuencialmente salen a la luz hechos que ponen a Macri y al macrismo frente a su propio espejo, ese que muestra lo que la cirugía marketinera debería haber suprimido. Panamá Papers y el Correo Argentino ocupan un lugar central en esa saga. Para lograr su cometido, poco a poco Macri fue desarrollando un juego de máscaras. Fundamentalmente, expuso una inigualable eficacia para escindir el discurso de los hechos. O sea, duranbarbismo puro: la imagen como principio.
La “locura” del siglo
Un hecho condensó en toda su magnitud la política financiera del macrismo. El 19 de junio de 2017, a partir de las tratativas del ministro de Finanzas, Luis Caputo, el Gobierno anunció con bombos y platillos un bono a un plazo de cien años. Según la resolución que firmó el funcionario, “el destino de los fondos será la atención del servicio de la deuda y gastos no operativos de la Administración nacional”. Los bancos Citigroup, HSBC, Nomura y Santander fueron elegidos como “colocadores conjuntos” de la operación. La comisión que acordaron percibir rondó los 3,3 millones de dólares. No terminó ahí, puesto que la de New York Mellon, elegido como agente fiduciario, fue de 40 mil dólares. Los gastos de impresión, distribución de prospectos, traducción y otras erogaciones habituales fueron de 718.348,62 dólares.
Macri, Peña y Caputo fueron imputados por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien consideró que el bono a una tasa de 7,9% era usurero. Caputo se defendió aseverando que era un signo de que “los mercados le creen al gradualismo de Mauricio Macri; de lo contrario, no comprarían bonos argentinos”. Y aprovechó la ocasión para desplegar la propaganda de campaña macrista, que hace de su comparación con el kirchnerismo una bandera: “En cambio, al anterior gobierno nadie quería financiarlo, nos dejaron sin reservas y emitían pesos del Banco Central en forma descontrolada”, dijo.
Desde el Observatorio de la Deuda cuestionaron la decisión. A modo de ejemplo, esgrimieron que “por cada 100 dólares que Finanzas se comprometa a pagar dentro de cien años, recaudará 90,2 dólares para poder cubrir las necesidades financieras de 2017. Un aspecto que debe tomarse en cuenta es que, cuando los plazos de una deuda son tan largos, los pagos que están muy extendidos en el tiempo se vuelven poco importantes para el inversor”.
También cuestionaron las expresiones de alegría desmedida del oficialismo en cuanto al rendimiento del bono, dado que “los títulos públicos de la Argentina tienen un rendimiento que, en promedio, es superior al de países con características similares. Esto se debe en gran medida a que, a criterio de los inversores, el país cuenta hoy con una macroeconomía más ‘riesgosa’ que la de sus pares. Este escenario hace que, cada vez que Finanzas sale al mercado a emitir deuda, lo que logra recaudar hoy es poco en relación con lo que se compromete a pagar a futuro. Por ejemplo, si Argentina hubiese colocado la deuda a cien años a un rendimiento similar al que obtuvo México cuando lo hizo en 2015 (esto es, un 5,8%), por cada 100 dólares que se comprometió a pagar habría obtenido hoy 122,80 dólares en vez de 90 dólares, es decir, un 36% más de fondos”. Inmune a la crítica local, el cuestionamiento que más le dolió al Gobierno fue el de Robin Wigglesworth, editor del Financial Times. El periodista especializado lanzó en Twitter una encuesta entre sus seguidores para elegir la “locura más grande”. Entre las opciones se encontraban el bono argentino, otro griego a diez años, la valoración bursátil de la empresa de medios Vice de 5.700 millones de dólares y la respuesta “todo es bueno”. Superados los 10 mil votantes, casi el 70% consideró que la “mayor locura del mercado” la había cometido la Argentina (...).
No sería por lo único que la Justicia pasaría a investigarlo. A principios de noviembre de 2017 salieron a la luz los Paradise Papers, una nueva investigación global del ICIJ y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Luis Caputo figura a través de la administración de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caimán. El titular de la cartera de Finanzas gerenció esos fondos offshore desde marzo de 2009 hasta asumir en el Ministerio de Finanzas. Entre las firmas aliadas de Noctua, no podía obviarse un nombre en la trama de las argucias financieras: Axis Sociedad Gerente de Fondos de Inversión SA. (...)
El domingo 13 de diciembre de 2015 –tres días después de la asunción de Macri–, Luis Caputo, primo de Nicky, se reunió con el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, para fijar el precio del dólar futuro en 13,95 pesos, cuando en los meses previos se había vendido a 9,92 pesos. Según la declaración testimonial del gerente general de Rofex, Diego Germán Fernández, la reunión se llevó a cabo “en el Ministerio de Economía, en la que participaron Luis Caputo y Mario Quintana, y donde se acordó que, si Rofex declaraba la emergencia y realizaba una corrección de precios, el mercado podía ser normalizado, y obviamente el BCRA iba a honrar sus obligaciones”.
Luis Caputo no se quedó afuera del negocio, ya que aprovechó para invertir en dólar futuro a través de un fondo de inversión conocido: Axis. Sin inmutarse por las exorbitantes ganancias, Axis presentó en 2015 un informe ante la CNV en el que reconoció una ganancia neta de 698 millones de pesos (584%), con la que pudo “capitalizarse” tras la prematura devaluación decretada por Macri cuando asumió. La maniobra fue denunciada por los legisladores del FpV, a pesar de que, a su vez, parte de su equipo económico enfrentaba una acusación similar. Ambas denuncias estaban en manos del juez federal Claudio Bonadio. El magistrado decidió elevar la causa contra la plana mayor del equipo económico del gobierno saliente a juicio oral. Por el contrario, en el expediente donde figuraban funcionarios del flamante gobierno, el juez dictó el sobreseimiento de todos los acusados.
La saga de apariciones de Nicky volvió a tener otro capítulo cuando Horacio Verbitsky reveló que el “amigo del alma” ingresó en el polémico blanqueo de capitales que impulsó Macri, a fines de 2016. “Caputo, testigo de su última boda y asesor de facto de la presidencia, blanqueó 465 millones de pesos, o 26,5 millones de dólares”. No fue el único: Marcelo Mindlin hizo lo propio, por 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, una suma similar a la que trascendió que habría pagado por la constructora Iecsa, de la familia Macri: entre 40 y 50 millones de dólares.
El blanqueo se pudo realizar por el consenso que hubo entre los legisladores nacionales para evitar que familiares de los funcionarios pudieran hacer usufructo de esta herramienta. Sin embargo, Macri borró con el codo lo acordado por la política y vía un DNU anuló la prohibición que se había redactado en la ley.
