De los capítulos precedentes podemos rescatar dos conclusiones. Primero, la convertibilidad obtuvo en sus primeros diez años de vida resultados macroeconómicos similares a los de la dolarización ecuatoriana, en un contexto internacional más adverso. Lo cual sugiere que, si la convertibilidad hubiera sobrevivido, el desempeño de la economía argentina en los últimos veinte años habría sido al menos tan bueno como el de la ecuatoriana. Segundo, en los últimos veinte años, la dolarización de Ecuador resistió varios shocks externos (la crisis financiera global y el covid-19), dos defaults (2008 y 2020) y diez años de populismo sin corridas, ni congelamientos de depósitos, con baja inflación y con una tasa de crecimiento económico aceptable. Lo cual sugiere que su principal ventaja con relación a la convertibilidad no pasa por el desempeño macroeconómico sino por su resistencia a los embates de la política.
Por lo tanto, es lícito preguntarse dónde estaría ahora la Argentina si en 1999 o 2000 Menem o De la Rúa hubieran avanzado con una dolarización unilateral. Desde el punto de vista de las circunstancias externas era el momento ideal para hacerlo, ya que las relaciones con Estados Unidos pasaban por un buen momento y el país seguía siendo considerado un ejemplo para las economías emergentes (incluso se hablaba de una incorporación al Nafta). El proyecto fracasó por cuestiones de política interna de la Argentina y porque las autoridades argentinas lo plantearon en el marco de un acuerdo monetario con Estados Unidos, que no tenía ni el apoyo del Ejecutivo ni del Congreso. Pero el Gobierno pudo haber seguido la misma estrategia que Ecuador y adoptado unilateralmente el dólar como moneda de curso legal. Es imposible probar un contra-fáctico, pero la evolución de la tasa de inflación, de crecimiento del PBI per cápita y de desempleo en Ecuador dan una idea aproximada de la trayectoria que pudo haber tenido la economía argentina si se hubiera dolarizado en 1999 o 2000.
Cavallo cree que una dolarización en 1999 o 2000 hubiera agravado la crisis de 2001. La experiencia ecuatoriana sugiere lo contrario. Según otra interpretación, una dolarización en aquel entonces hubiera significado redoblar la apuesta, saliendo de la convertibilidad en la dirección contraria a la devaluación nominal que, supuestamente, exigían las circunstancias: hubo amplias discusiones sobre una posible dolarización: los argumentos a favor señalaban que había una correlación entre el spread de deuda soberana y los diferenciales de tasa de interés peso-dólar, y trataron de inferir que el riesgo de devaluación producía dichos cambios.
Según esa visión, el problema con el sistema monetario era la persistencia de una cláusula de escape implícita, y no la insuficiente flexibilidad para responder a shocks reales: la acción apropiada era señalizar que había garantías institucionales adicionales contra aquellos hacedores de política que con criterios equivocados o incentivos sesgados pudieran romper la regla monetaria [la dolarización] no podía restaurar el crecimiento de las exportaciones o solucionar los problemas fiscales si la economía se estancaba o caía en una recesión más seria por razones económicas más fundamentales que el miedo a una reversión arbitraria de política.
Se pueden hacer varias observaciones a este argumento. Primero, en Ecuador en 2016 los precios del petróleo habían caído prácticamente a la mitad con relación a 2012 y el déficit financiero ascendía a 8,2% del PBI. Sin embargo, no hubo devaluación, ni corrida bancaria, ni default, y los depósitos bancarios no fueron acorralados, ni congelados. La dolarización ecuatoriana resistió un shock mucho más fuerte que el que sufrió la convertibilidad entre 1997 y 2000.
Segundo, en Argentina en 2002 se hizo un ajuste fiscal primario equivalente a 2,3% del PBI con una reducción en los salarios reales estimada entre 20% y 25%. El supuesto implícito del argumento de redoblar la apuesta es que semejante ajuste no era viable, bajo la convertibilidad. La principal razón por la cual no era viable es porque Duhalde, Alfonsín, Terragno y Álvarez le habían bajado el pulgar y, además, porque habían decidido defenestrar a De la Rúa.
Tercero, la discrecionalidad siempre crea una inconsistencia inter-temporal porque quienes hacen política económica no tienen una bola de cristal. De julio de 2001 a julio de 2002 el precio de la soja en Chicago aumentó 22% y a diciembre de 2002 había aumentado 54%. Por otro lado, la tasa de interés del bono a diez años del Tesoro norteamericano cayó de 6,8% en enero de 2000 a 3,93% en diciembre de 2002. Es difícil argumentar que, con esta mejora significativa, en el contexto internacional, los desequilibrios macroeconómicos hubieran demolido la convertibilidad. (…)
Uno de los aspectos más interesantes de la comparación con Ecuador es la incidencia del populismo sobre el desempeño macroeconómico. El gobierno de Correa duró desde enero de 2007 hasta mayo de 2017, poco más de diez años. En Argentina, aunque la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner duró desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2015, se puede establecer el inicio de la fase populista del kirchnerismo en algún momento entre noviembre de 2005 (renuncia de Lavagna) y mediados de 2006 (cuando se comenzó a evaluar su candidatura presidencial).
*/**Autores de “Dolarización”, editorial Claridad. (Fragmento).
