Por qué hubo un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976?, ¿qué tipo de dictadura fue la que se inició entonces?, ¿qué se sabía sobre el ejercicio de la represión y las violaciones a los derechos humanos?, ¿qué papel tuvieron los civiles en la gestación del golpe de Estado y en el gobierno militar?, ¿qué lugar tuvo el plan económico en el proyecto refundacional de la dictadura?, ¿qué actitudes exhibieron los actores políticos, sindicales, corporativos y cómo se comportó la sociedad que vivió el período?, ¿cuándo comenzaron a aparecer las críticas y las resistencias?, ¿por qué terminó la dictadura militar? Cuando han pasado cuarenta y seis años desde el último golpe de Estado que se produjo en la Argentina, estos y otros interrogantes siguen generando controversias que se relacionan con la centralidad que ese acontecimiento histórico todavía ostenta en el espacio público y el debate político en nuestro país.
La dictadura militar de 1976-1983 es, a escala global, uno de los procesos más ampliamente conocidos de la historia argentina. La razón principal debe buscarse en las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y de seguridad en esos años, resultado de un proceso de violencia represiva denotada por metodologías muy específicas de eliminación de personas, entre las que destaca la desaparición forzada. Ello situó a esa dictadura en una lista de regímenes autoritarios de naturaleza y temporalidades diversas que perpetraron procesos de exterminio masivo por motivos político-ideológicos, étnicos, religiosos o de cualquier otro signo, en la línea de las principales masacres del siglo XX.
Pero también existen otras razones que explican ese extendido conocimiento y que se vinculan con el ejercicio de la violencia estatal: de un lado, la actuación del vigoroso movimiento político-social organizado en torno a la denuncia de los crímenes que se cometieron, que tuvo como principales animadores a madres, abuelas y familiares directos de las y los detenidos-desaparecidos y, de otro, las políticas de memoria y justicia que el Estado argentino implementó, con vaivenes, en la posdictadura. En un contexto global donde la memoria se erigió como clave principal para interpretar el pasado y el presente, y la voluntad de investigar y penalizar crímenes de lesa humanidad traspasó las fronteras nacionales y adquirió relevancia a escala transnacional, la experiencia argentina alcanzó un lugar muchas veces definido como pionero o ejemplar en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
Si nos situamos en otra perspectiva, la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976 ha sido usualmente caracterizada o interpretada como una ruptura o un parteaguas en la historia nacional. Esa condición de acontecimiento extraordinario por sus características singulares y, en particular, por sus huellas y su persistencia en las memorias sociales y el presente explica, en gran parte, el sostenido interés en el período. Un interés que desborda largamente las fronteras del mundo académico y que se expresó en la proliferación de estudios provenientes de la investigación académica, así como en la reflexión ensayística, los relatos en clave memorial, el periodismo, la ficción literaria y sus múltiples formas de representación.
Desde los años ochenta y hasta nuestros días, la dictadura ha sido objeto de análisis e interpretación, y también de debates sobre sus orígenes, su historia y sus memorias. En ese lapso, ha variado mucho no solo su relevancia en el ámbito público y político, sino también el modo de analizarla y los problemas estudiados. La primacía de los abordajes sociológicos y politológicos dio paso a un mayor número de indagaciones provenientes de la disciplina histórica (durante mucho tiempo reticente a ocuparse del pasado más cercano), mientras que han sido particularmente influyentes las pesquisas promovidas por el activismo de los derechos humanos y diversos agentes judiciales, como fiscales y jueces, en el marco de causas por delitos de lesa humanidad. Por su parte, y en lo que hace a la investigación académica, en los últimos quince años se verificó una renovación significativa en la producción de conocimiento sobre el período. En el prolífico campo de la historia reciente, la última dictadura se convirtió en uno de los temas más transitados por distintas camadas de investigadoras e investigadores, que plantearon preguntas y desplegaron problemáticas novedosas, asentadas en el estudio de archivos y fondos documentales en general inexplorados por los trabajos más tempranos.
Con todo, aún no existe consenso acerca de cómo definir e interpretar aquel proceso histórico. Los calificativos y conceptualizaciones utilizadas para aludir al golpe de Estado de 1976 y al régimen que engendró abundan dentro del ámbito académico y en espacios extraacadémicos (como el movimiento de derechos humanos o la justicia), entre las que se cuentan por su amplia difusión las de dictadura de seguridad nacional, dictadura cívico-militar, terrorismo de Estado e, incluso, genocidio. En la elección de muchas de las definiciones y categorías en uso se entrecruzan distintos planos: las explicaciones históricas, sociológicas y/o politológicas, los posicionamientos político-ideológicos y las dimensiones morales o ético-políticas. Esta mixtura de interpretaciones y análisis sobre la dictadura producidas desde el ámbito académico, la investigación periodística o judicial, así como la difusión de memorias, imágenes y representaciones del período ha determinado que, muchas veces, resulte difícil diferenciar el estudio y la interpretación del proceso histórico en sí mismo de la condena a los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas y de seguridad en esos años.
Asimismo, el golpe de Estado ha sido explicado mediante un conjunto de causas de corto y largo plazo y atribuido a variables exógenas o procesos endógenos. Todavía es posible encontrar análisis que acuden a la tan mentada como poco probada injerencia de los Estados Unidos como elemento explicativo fundamental de la intervención militar, cuando las razones del golpe de Estado hay que buscarlas no tanto en las imposiciones externas sino en procesos de orden interno y sin que esto signifique negar la importancia de elementos como la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, la influencia de las doctrinas contrainsurgentes de matriz francesa o estadounidense o de las ideas neoliberales. En esta dirección, existe un amplio acuerdo en que el golpe tuvo su génesis en el contexto de la crisis política, social y económica que se desplegó y profundizó en los últimos tramos del gobierno peronista (1973-1976). Los estudiosos del período han analizado más o menos pormenorizadamente y en sus distintas dimensiones el derrumbe del gobierno de Isabel Perón a la par que el creciente rol político asumido por las Fuerzas Armadas en esos años, poniendo de relieve tanto los rasgos específicos de la coyuntura como factores de larga data de la historia nacional e incluso del contexto regional conosureño.
Sintéticamente, y sin omitir los matices y particularidades presentes en los planteos de los distintos autores y autoras, existen dos grandes líneas explicativas del golpe de Estado y del régimen militar de 1976-1983. De un lado, la larga tradición de estudios provenientes de la ciencia política y la sociología puso el foco en las características del sistema político argentino, destacando la debilidad de las instituciones democráticas, el pretorianismo y la centralidad del actor militar y, en términos más coyunturales, analizando la crisis de hegemonía y/o la crisis de representatividad
de los partidos políticos. Estos trabajos mostraron las continuidades en la relación entre Estado, política y Fuerzas Armadas en el siglo XX argentino, identificaron las ideas y los objetivos del golpe de Estado, analizaron las relaciones entre civiles y militares y los elencos gubernamentales, los proyectos políticos que las Fuerzas Armadas diseñaron o implementaron, así como observaron y dieron particular relevancia a las disputas, tensiones y fracturas que jalonaron la historia del régimen, privilegiando en conjunto las dimensiones político-institucionales por sobre los factores sociales y económicos.
Por otro lado, se ha subrayado la importancia de las dinámicas socioestructurales en la gestación del golpe de Estado, tanto sea por el agotamiento o la crisis del modelo de acumulación sustitutiva como por los elevados niveles de movilización social o el poder adquirido por los trabajadores y sus organizaciones, en una periodización variable que se extiende durante la segunda mitad del siglo XX o se centra, más específicamente, en los años setenta o el momento del tercer peronismo. Ello dio lugar a interpretaciones que ven a la última dictadura como una “revancha clasista”, con la cual la clase dominante liquidó, de la mano de las Fuerzas Armadas, las experiencias de lucha y movilización de los trabajadores, redujo a niveles mínimos la autonomía de la clase obrera y de sus organizaciones e impuso a sangre y fuego el poder del capital sobre el trabajo. En una perspectiva más o menos afín, se despliega una de las interpretaciones más extendidas sobre la última dictadura, la que la vincula a la reestructuración del capitalismo argentino y/o a la implementación de un plan económico regresivo o de un proyecto neoliberal. Estos análisis ponen de relieve en particular el papel de las corporaciones empresarias en el apoyo al golpe y en el diseño e implementación del proyecto económico, en los efectos de la reforma financiera sobre el modelo sustitutivo, en los beneficios que estas políticas generaron para los grandes grupos económicos y, concomitantemente, en señalar los perjuicios y pérdidas que sufrieron los asalariados producto de la represión estatal y la ofensiva patronal, así como en las profundas transformaciones estructurales que abrieron paso a la hegemonía del neoliberalismo en las décadas siguientes.
La disparidad de interpretaciones sobre el golpe de Estado de 1976 y la dictadura radica, en gran parte, en la disímil evaluación que las y los estudiosos hacen de los objetivos de los golpistas y de los resultados conseguidos. Así, y en términos globales, cuando se privilegian las dimensiones políticas o político-institucionales del proceso histórico en cuestión, el foco se coloca en los objetivos y proyectos propugnados por las Fuerzas Armadas y en el modo en que se implementaron mientras los militares controlaron los mandos del Estado; en tanto que cuando se da relevancia a factores de índole económica o socioeconómica, la mirada está puesta en los resultados de las políticas dictatoriales, en una temporalidad que en general desborda al gobierno militar y se proyecta en la mediana o larga duración.
En este caso, y como en general sucede con el análisis de los procesos históricos, el punto de mira, la escala de observación, condiciona, incide o determina la interpretación global y no hay una más verdadera que la otra. Estudiar la dictadura estrictamente en el tiempo corto, esto es desde el golpe de Estado y durante los siete años que se mantuvo en el poder, revela con mucha mayor nitidez la politicidad del régimen militar, los proyectos y políticas implementadas y las dinámicas de ejercicio del poder (la “alta” política y la “micropolítica”), pero sobre todo exhibe la superposición de objetivos y proyectos, las dificultades para implementarlos, los conflictos y luchas facciosas, los virajes que marcaron cada fase, las incoherencias y contradicciones y, eventualmente, los fracasos. En contraste, si el análisis se centra en las dinámicas socioestructurales, al menos en la coyuntura las transformaciones no resultan tan evidentes o, incluso, perceptibles. Aun sin minimizar lo que revelan los índices económicos del período (sobre la caída del salario real, la reducción del empleo o la producción industrial), los cambios en el modelo de acumulación, en la relación existente entre la industria y el mercado financiero, en la estructura de clases o en la conformación de los grupos dominantes, en la relación capital/trabajo o en la dinámica de acción de los asalariados, adquieren consistencia y densidad como fenómenos solo si se observan en una temporalidad más amplia.
En el mismo sentido, la respuesta a la pregunta de si el régimen consiguió o fracasó en el cumplimiento de sus objetivos será diferente según se privilegie una u otra escala de observación: si se analiza en el corto plazo –y con la excepción de la “lucha contra la subversión”, es decir, el ejercicio de la represión–, la dictadura fracasó o no logró cumplir cabalmente con la mayor parte de los propósitos declarados; pero si se analizan tendencias de mediano o largo plazo, pocos afirmarían que no logró alcanzar sus más ambiciosas metas. Una mirada de mediana o larga duración podrá mostrar una mayor coherencia entre el programa dictatorial y los resultados obtenidos, minimizando las contradicciones e incongruencias que se observan en el análisis coyuntural.
Aunque no sean caminos excluyentes para explicar el golpe, junto a las interpretaciones que privilegian los objetivos políticos del régimen militar y las que enfatizan las razones de índole económica, destaca un elemento insistentemente señalado: el rol de la violencia política y represiva en la génesis de la dictadura.
En este punto, no consideraré los discursos ni las explicaciones provistas por los militares desde los años de la dictadura y aún hoy en los estrados judiciales donde están siendo juzgados por violaciones a los derechos humanos, que plantean que hubo una guerra desatada por las organizaciones de la izquierda armada, en la que las Fuerzas Armadas se vieron “obligadas” a intervenir.
Y esto porque lo sucedido antes y después del golpe no fue ni un enfrentamiento entre ejércitos beligerantes ni una guerra civil, sino que se trató del despliegue de una brutal represión implementada por las Fuerzas Armadas del Estado, que monopolizaban el ejercicio de la violencia definida como legítima, sobre grupos político-militares que habían perdido hacia 1976 gran parte de su capacidad operativa. Más bien, refiero a aquellos análisis que argumentan que fue durante los primeros años setenta cuando la violencia se instaló en el centro de las prácticas políticas, cuando su uso se tornó “normal” y aceptado por buena parte de la sociedad. El establecimiento de una “normalidad violenta” explicaría así tanto el incremento de la violencia política de izquierda y de derecha que caracterizó al período 1969-1975 como la represión estatal implementada a partir de marzo de 1976, a la vez que la violencia –en tanto elemento estructural o constitutivo de esa particular época histórica– opera como variable explicativa fundamental del período e incluso como condición de posibilidad del golpe de Estado y de la represión implementada por las fuerzas de seguridad.
Aquí considero necesario realizar una aclaración que es también un punto de partida en este estudio: postular una continuidad indisoluble entre la violencia política antes y después del golpe de Estado de marzo de 1976 –sea porque se las asimila, sea porque se plantea que una prepara las condiciones de la otra–, si bien consigna la visible continuidad con la historia previa, por otro lado, confunde y eventualmente equipara los diversos tipos de violencia emergentes en aquel contexto. Desde el punto de vista del análisis histórico – y sin poner en debate el problema de la legitimidad–, la violencia “desde abajo”, insurgente o revolucionaria que busca transformar el statu quo, debe ser diferenciada de la represión, es decir, de la implementación de un conjunto de mecanismos coactivos por parte del Estado, sus aparatos o agentes vinculados a él, para eliminar o debilitar la acción disruptiva de diversos actores sociales y políticos y preservar el orden establecido. La tentación de explicar el golpe de Estado de marzo de 1976 y la brutal represión que le siguió por el crescendo de violencia política que experimentó la Argentina restringe o minimiza el peso que tuvieron otros factores en la instalación del régimen militar.
A la vez, trasunta una vocación de evaluar, juzgar o condenar en términos ético-políticos a la violencia en sí misma como principal legado del período, más que explicarla e interpretarla.
La violencia política no constituye la causa principal del golpe y la dictadura, aunque no puede minimizarse su importancia en la configuración del clima político y social que lo precedió, así como en la construcción de diagnósticos y representaciones dentro de las Fuerzas Armadas y entre diversos sectores civiles y políticos, que abogaban por erradicarla. En contraste, la represión tampoco debe ser concebida únicamente en términos instrumentales, como un mecanismo brutal de eliminación de la disidencia interna o un mero expediente para imponer una política económica regresiva o neoliberal. Interpretar a la violencia estatal solo en esta perspectiva minusvalora la importancia que la denominada “lucha contra la subversión” tuvo para el régimen militar, al menos durante sus primeros tramos. Si bien es cierto que la dictadura no se agota en el ejercicio de la violencia –y que las explicaciones monocausales o cerradas sobre sí mismas siempre son insuficientes –, es innegable la centralidad política, ideológica y estratégica que tuvo la represión para las Fuerzas Armadas y en la estructuración y el desarrollo del régimen militar.
En esta dirección, y sin perder de vista que se trata de un proceso histórico atravesado por diversas interpretaciones y debates, este libro se propone analizar y explicar desde la perspectiva de la Historia ese complejo período en el que gobernaron, por última vez, las Fuerzas Armadas en la Argentina. Los militares permanecieron en el poder poco más de siete años: inaugurado el 24 de marzo de 1976, el régimen finalizó el 10 de diciembre de 1983 con la asunción de un gobierno civil, un período relativamente breve si lo comparamos con las vecinas dictaduras del Cono Sur.
Su duración está así claramente delimitada por el golpe y por el recambio constitucional, sin embargo, resulta necesario plantear algunas cuestiones respecto de la periodización.
En primer lugar, y aunque resulte obvio en un estudio histórico, la intervención de las Fuerzas Armadas es indisociable de la emergencia o desarrollo de algunos fenómenos que se configuraron al menos durante el período del tercer peronismo (1973-1976).
Incluso descartando la tentación de examinar en profundidad ese momento convulso, sería una empresa fallida hacer una historia de la dictadura que comience el 24 de marzo de 1976 y dejara de lado el análisis de procesos centrales acaecidos durante los años precedentes: la agudización de la conflictividad social, el aumento de la violencia política y represiva, el creciente rol político que asumieron los militares y su participación en el comando de la represión, la crisis y deslegitimación del gobierno de Isabel Perón.
Si los límites del proceso analizado no son tan claros cuando se trata de explicar el golpe de Estado y su génesis, lo mismo podría plantearse sobre el inicio de la transición, que ha sido datado de varios modos: desde la fecha más obvia, la del recambio constitucional de 1983, situando su comienzo en la derrota militar en la guerra contra Gran Bretaña en junio 1982, durante el conflictivo año 1981 e incluso antes, hacia 1979-1980. Estas disímiles periodizaciones reactualizan la discusión sobre el momento de colapso de la dictadura o la identificación del punto de no retorno que condujo hacia la salida constitucional y, en general, sobre los límites temporales de los procesos de transición.
Finalmente, a pesar de su corta duración, la dictadura tuvo diferentes fases y períodos y, como veremos, mostró importantes variaciones en sus dinámicas político-institucionales, sociales, económicas y en la relación del régimen militar con los actores sociales, políticos y corporativos. La periodización o la delimitación de fases del régimen puede establecerse a través de diversos parámetros, para empezar, considerando las etapas que abarcaron las distintas Juntas Militares. No se trata meramente de cortes político-institucionales, sino que la alternancia de presidentes militares y la cambiante integración de las Juntas fueron expresión de las distintas facciones que componían las Fuerzas Armadas, así como de las discrepancias y tensiones que dividieron al gobierno 20 historia de la última dictadura militar a lo largo de esos años. A la vez, cada una de estas etapas exhibió características particulares, en cuanto a los proyectos ensayados, a la implementación de ciertas políticas (en el plano económico, social, sindical, cultural, etc.), al despliegue represivo, entre otros elementos.
En este libro elegimos una periodización que tiene en consideración esos diferentes momentos del régimen militar, pero que también otorga relevancia a las actitudes y comportamientos sociales, es decir analiza cómo fue variando la aceptación política y social hacia el gobierno y sus políticas, la construcción de consensos y la emergencia de críticas, disidencias o expresiones de resistencia relacionadas con las estrategias implementadas y sus efectos (la política económica, las violaciones a los derechos humanos, las restricciones a la actividad política, entre otras) y, de otra parte, cómo esos cambios en la relación entre el régimen militar y la sociedad civil afectaron en mayor o menor medida el margen de maniobra que tuvo el gobierno para desplegar sus políticas.
Si mirar a la dictadura atendiendo centralmente a su temporalidad, sus fases y modulaciones en el tiempo resulta clave, similares consideraciones deben hacerse respecto de las escalas de observación y análisis que incorporamos en este trabajo. Los estudios sobre la última dictadura y, más en general, el campo de la historia reciente argentina, estuvieron fuertemente influenciados por interpretaciones de tipo macroanalíticas (sobre todo las provenientes de la sociología o la ciencia política, pero también de los estudios sobre la memoria) y por el predominio de una mirada “nacional” o, más bien, de abordajes generalizadores centrados en la realidad capitalina o bonaerense que soslayaban lo acaecido en otros espacios provinciales, locales o regionales. En los últimos años se han ampliado de manera notoria los estudios a escala local y regional que, al achicar el foco del análisis, han permitido visibilizar actores, tramas sociales y lógicas políticas del régimen militar poco exploradas y lo mismo ha sucedido con los estudios a escala transnacional en ciertos temas como los exilios, la actuación del movimiento de derechos humanos o las redes de coordinación represiva entre las dictaduras del período. Si bien no se cuenta con investigaciones para todas las provincias y menos aún para un conjunto más o menos representativo de ciudades localizadas en un territorio tan vasto, heterogéneo y complejo como el argentino y, asimismo, que los estudios a escala transnacional están restringidos a algunas dimensiones del proceso histórico analizado, estos abordajes han echado luz sobre la organización y el funcionamiento del régimen militar, sobre las relaciones entre dictadura y sociedad, sobre los consensos y las resistencias, sobre el ejercicio de la represión.
☛ Título: Historia de la última dictadura militar
☛ Autora: Gabriela Águila
☛ Editorial: Siglo XXI Editores
Datos de la autora
Gabriela Águila es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Profesora titular de Historia Latinoamericana Contemporánea en la UNR e investigadora principal del Conicet, con sede en el Ishir (Investigaciones Socio-Históricas Regionales). Se ha especializado en el estudio de la historia latinoamericana del siglo XX y la historia reciente argentina.
Es autora de Territorio ocupado. La historia del Comando del II Cuerpo de Ejército en Rosario (2017) y La represión como política de Estado (2020), entre otros, y coordinadora de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER).
