Del arroyo Las Conchas, a pocos kilómetros de Paraná, a un camino de tierra en las afueras de la ciudad de Córdoba, los asesinatos del general retirado Jorge Cáceres Monié y su esposa, Beatriz Sasiaiñ, derivaron en el debut oficial del Comando Libertadores de América, un grupo paraestatal aparentemente tutelado por el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, el general Luciano Benjamín Menéndez.
Una fuente que no quiere verse involucrada en el megajuicio que se realiza en Córdoba por delitos cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y que por eso reclama que su nombre no sea incluido en este libro, asegura que el Comando Libertadores de América surgió como “una orden de Menéndez para vengar al primer oficial de Caballería que matara la subversión”.
“Resultó ser –agrega este informante– el general retirado Cáceres Monié con su esposa, que era hermana del general Juan Bautista Sasiaiñ”, el jefe de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, la principal unidad de combate del Tercer Cuerpo en Córdoba. “La intención de Menéndez fue equilibrar el terror”, completa.
“Cachorro” Menéndez tiene 86 años y es el militar más condenado por violaciones a los derechos humanos: siete, todas a prisión perpetua, a las que se agrega la pérdida de su grado de general. Nacido en San Martín, en el Gran Buenos Aires, es hijo y nieto de militares; uno de sus tíos, el general Benjamín Menéndez, encabezó un intento de golpe contra el presidente Juan Perón en 1951.
Uno de los generales más duros de la dictadura, de los “halcones”, Menéndez comandó el Tercer Cuerpo durante cuatro años, desde fines de agosto de 1975 hasta fines de septiembre de 1979, cuando se rebeló contra el nuevo jefe del Ejército, el general Roberto Viola, a quien consideraba “un politiquero”, que además era “condescendiente con la subversión marxista”. Antes había sido el jefe de la V Brigada, en San Miguel de Tucumán, que enfrentó al foco rural implantado en esa provincia a partir de marzo de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Menéndez, que está preso en su casa por sus problemas de salud, no quiso ser entrevistado para este libro. Siempre según nuestro informante, el jefe del Comando Libertadores de América fue el capitán Héctor Vergez, un oficial de Inteligencia que llegó a Córdoba a principios de 1975 con el aval de “la jerarquía más ortodoxa y decididamente antisubversiva del peronismo”, de acuerdo con el libro Yo fui Vargas, uno de los nombres que usaba Vergez. “El nombre del comando se le ocurrió a Vergez: daba una idea de escarmiento al terrorismo”, asegura la fuente, que colaboró estrechamente con él.
“Los nombres iban cambiando para confundir al enemigo y aumentar el terror, pero era siempre el mismo grupo, que ya venía actuando desde octubre de 1975”, completa. Cáceres Monié y su esposa fueron atacados en su camioneta por un pelotón de Montoneros al atardecer del 3 de diciembre de 1975, cuando cruzaban en balsa el arroyo Las Conchas, en la localidad entrerriana de Villa Urquiza. El militar murió acribillado por dieciséis balazos; los guerrilleros huyeron en la camioneta Chevrolet de Cáceres Monié llevándose a su esposa, que estaba herida; su cuerpo fue encontrado al día siguiente tirado en una zanja (...).
Siempre de acuerdo con nuestro informante, el Comando Libertadores de América estaba formado por varios suboficiales de la Policía de Córdoba, a quienes Vergez conocía del Departamento Informaciones. Hasta octubre de 1975, cuando pudo crear su propio comando contra las guerrillas, Vergez se movió con patrullas del nacionalismo local y grupos de choque de políticos y sindicalistas peronistas de derecha, y en sintonía con el D-2, más precisamente con el jefe, el inspector general Raúl Telleldín, un “peronista recontraortodoxo”, según ese informante.
Vergez y Telleldín compartían la misma formación nacionalista, católica, anticomunista y peronista; se llevaban muy bien. Por su lado, un suboficial de Inteligencia del Ejército recuerda que Vergez “se manejaba solo en la fuerza; era un oficial atípico del Ejército: chabacano, no tenía la delicadeza ni la ubicuidad de un oficial. Estaba obsesionado con los grupos armados en Córdoba. Casi no lo veíamos en el Destacamento 141: hablaba con el jefe y se entendía sólo con él; estaba autorizado para operar por su cuenta. Por ahí me pedía datos a mí o a otro. Rápidamente se ligó a grupos nacionalistas y a sindicalistas del peronismo ‘duro’. Al principio, se notaba que no disponía de fondos propios para operar, cosa que solucionó cuando se vinculó a algunos gremios. El fue construyendo una red que incluyó a algunos peronistas ortodoxos que llegaron a Córdoba con Lacabanne”.
El brigadier mayor retirado Raúl Lacabanne fue otro personaje clave en la reacción destemplada contra el desafío armado de las guerrillas al statu quo cordobés, alentada desde el gobierno nacional. Respondía a la presidenta Isabel Perón y a su secretario privado y ministro de Bienestar Social, José López Rega, y se veía en el medio de una “guerra” que se llevaba a cabo en una provincia a la que consideraba una suerte de “capital nacional de la subversión”. “Hace tiempo –sostuvo el 20 de agosto de 1975– que vengo insistiendo en que el país está en guerra; en que no es solamente en el campo militar sino en el campo político, en lo gremial, en lo económico y en lo cultural donde se desarrolla esta particularísima guerra.
Esta novísima forma de atentar contra la soberanía, la libre determinación, la tradición, la historia y el futuro de la patria se da acá, en la provincia de Córdoba, con singular énfasis.” En esa “guerra”, Lacabanne se apoyó en la Policía, y en especial en el D-2, que con el nombramiento de Telleldín, el 15 de julio de 1975, atrajo a varias “caras nuevas”: algunos, como Telleldín, eran suboficiales retirados del Ejército; fue el caso de Juan Tissera, “Patilla”, que se convirtió en el virtual número dos de esa dependencia. Otros fueron civiles que, según el ex preso Charlie Moore, “eran de las Tres A”, la Alianza Anticomunista Argentina, y formaron una Brigada Civil dentro del D-2; se especializaron en el armado y la colocación de bombas para ser atribuidas a grupos guerrilleros.
“Con la llegada de Telleldín –cuenta Moore– se instaló una violencia de tipo político que el D-2 no había demostrado. Hasta ese momento, el D-2 había sido una estructura represiva, pero con Telleldín se produjo una especie de ofensiva”. Moore vinculó ese nuevo rol a una “interferencia brutal del Ejército dentro de la Policía” con el objetivo de sembrar el terror y “preparar el camino para el golpe de Estado”.
Sostiene Moore que todo un sector del D-2 se especializó en operativos “por izquierda”, ilegales: colocaba bombas que atribuía a Montoneros o al Ejército Revolucionario del Pueblo, e intimidaba, extorsionaba, secuestraba y asesinaba no sólo a guerrilleros sino también a políticos, estudiantes, gremialistas, abogados, periodistas y hasta a policías que criticaban esos métodos. Julio Carreras, que pertenecía al PRT-ERP, aporta una clave para entender la influencia de Telleldín en ese giro del D-2: afirma que se pasó a una represión “más política y a la vez muchísimo más salvaje” debido a que Telleldín no era sólo un suboficial retirado del Ejército sino también un “ex militante revolucionario”.
“El veterano combatiente del ERP Miguel Angel Ceballos –revela Carreras– me contó en la cárcel que con Telleldín habían sido parte de una delegación de revolucionarios argentinos que adiestraron a la naciente guerrilla paraguaya del M14 a comienzos de la década de los 60. Ceballos sentía un cierto bochorno por la voltereta de Telleldín, a quien, como miembro de la Resistencia Peronista, conoció como un combatiente por la justicia y la libertad. Dado que sabía los proyectos, las cualidades y hasta los hábitos de los revolucionarios, Telleldín pudo crear luego un refinadísimo mecanismo de aniquilación sistemática. Y tengo la impresión de que se ensañaba con Montoneros. No sería descabellado imaginar que Telleldín, como ‘peronista de pura cepa’, odiase particularmente a los montoneros, quienes en su inmensa mayoría provenían de familias demócrata cristianas, socialistas, comunistas e incluso antiperonistas”. En aquel momento, entre julio y septiembre de 1975, eran varios los grupos armados de ultraderecha que operaban en esa provincia. Las fuentes consultadas apuntan hacia la guardia personal que Lacabanne trajo de Buenos Aires: una veintena de personas que llegaron con él cuando asumió la intervención federal; al principio fueron alojadas en el chalet de huéspedes de la Casa de las Tejas, la sede de la gobernación; luego se mudaron a un hotel hasta que, por una discusión con el dueño, alquilaron una casa en el Cerro Las Rosas (...).
La lucha contra las guerrillas fue absorbida por los militares en forma progresiva, a medida que el gobierno constitucional de Isabelita perdía poder y resignaba funciones que le eran propias, como la seguridad interna; las Fuerzas Armadas avanzaban sin prisa pero sin pausa hacia la toma del gobierno, como se comentaba hasta en los cafés y las peluquerías.
Fue el golpe de Estado más preparado de la historia argentina. Todo jugaba a favor de los generales; también Montoneros y el ERP, que pensaban que el golpe los favorecería porque terminaría alineando a la gente detrás de sus “ejércitos populares”, acelerando la llegada inexorable de la revolución socialista. Eso ocurrió no sólo en Córdoba, pero fue en esa provincia donde a partir de octubre de 1975 los militares, bajo el liderazgo indiscutido de Menéndez, concentraron todos los aspectos de “la guerra contra la subversión”, incluida la represión ilegal, que hasta aquel momento había estado a cargo de varios grupos más o menos autónomos.
Podría decirse que en los últimos seis meses del gobierno peronista prácticamente no ocurrió nada en Córdoba, en cuanto a la lucha contra las guerrillas, que fuera ajeno al largo y poderoso brazo de Menéndez. Tanto Menéndez como Vergez consideraban que había pasado la etapa de la represión a las guerrillas utilizando sólo a la Policía: “Pensaban –sostiene nuestra fuente– que el D-2 no tenía capacidad para interrogar a los subversivos; que sus miembros, salvo algunas excepciones, carecían de información sofisticada y que eran unos salvajes que aplicaban las viejas técnicas policiales de las palizas. Los subversivos ya se habían dado cuenta de que tenían que aguantar las palizas de los diez días de incomunicación”.
“Todo el mundo –asegura– supo en Córdoba que ese grupo estaba operando; no los publicaban en Sociales de los diarios por casualidad. Desaparecía gente casi todos los días; los jueces sabían; Gendarmería cuidaba el Campo de La Ribera. Era todo muy público. Creo que el primer centro de reunión de detenidos como tal no se dio en Tucumán sino en Córdoba y fue el Campo de La Ribera.” Los listados actualizados del Nunca más, el informe de Conadep, confirman ese salto en la represión ilegal. Los números oficiales indican que desde 1969 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 desaparecieron en Córdoba 83 personas; de ellas, 69 (el 83%) fueron secuestradas en apenas cinco meses y medio, después de los tres decretos del gobierno peronista. Casi cinco veces más que los desaparecidos en esa provincia antes del 6 de octubre de 1975.
Los primeros desaparecidos en aquella nueva etapa fueron, precisamente, dos montoneros que habían participado en el ataque al cuartel en Formosa y que luego escaparon hacia Córdoba: Horacio Pietragalla, “Chacho” o “Angel”, y Eduardo Jensen, “Añamen”. Pietragalla había sido un dirigente de peso de la Juventud Peronista, al punto que viajó en el charter que trajo de regreso al general Juan Perón en su primer retorno del exilio, el 17 de noviembre de 1972; era “oficial primero” de Montoneros y el jefe de la Columna 26: tenía a su cargo el norte de Santa Fe, Chaco y Formosa; es decir, era el número dos de la Regional Nordeste. Vivía en las afueras de Resistencia y alquilaba en la capital chaqueña un local a Carlos Alberto Díaz, conocido abogado que, entre otras causas, defendía los derechos de los indios; allí, junto con su esposa, Pietragalla había instalado un negocio de venta y distribución de máquinas y artículos de oficina en todo el nordeste del país.
“Era una pantalla –explica Díaz– que le permitía establecer contactos con los montoneros de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. De todo eso me enteré después, cuando la Policía allanó el local y encontró un plano muy prolijo del aeropuerto de Formosa con líneas rojas, blancas y amarillas; fotos de otros lugares de Formosa, armas, municiones. Había dos libros: la Biblia y el Martín Fierro; se ve que no eran marxistas. Era un matrimonio muy bien: él, un hombre elegante, y ella una mujer muy bonita. El garante del alquiler fue el padre de él, que había sido dirigente radical en la provincia de Buenos Aires. Recuerdo que cuando comenzó el allanamiento yo estaba tan sorprendido que les dije a los policías: ‘Me juego la cabeza a que este hombre no tuvo nada que ver con lo que ustedes están investigando’. Al final del allanamiento, un suboficial me dijo: ‘Perdió la cabeza, doctor’.”
En tanto, Jensen era paraguayo y vivía en Corrientes. Era “oficial” en la Columna 27, es decir en Corrientes y Misiones. Los organismos de derechos humanos hicieron una reconstrucción de lo que habría pasado con Pietragalla y Jensen:
- El 15 de octubre la Policía los detuvo en un bar de la ciudad de Córdoba.
- El 8 de noviembre sus cuerpos fueron encontrados en la localidad de Malagueño, a 25 kilómetros de la capital; los cadáveres presentaban numerosas heridas de bala y estaban parcialmente quemados y cubiertos con tierra y ramas.
- El 27 de abril de 1976, ya durante la dictadura, ambos cuerpos fueron sepultados en una fosa común en el cementerio San Vicente junto con otras víctimas de la represión clandestina; antes, habían estado en la comisaría de Malagueño y en la morgue judicial.
- El 25 de septiembre de 2003, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó el cuerpo de Pietragalla, que es el padre del diputado nacional kirchnerista y nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, Horacio Pietragalla.
- El 14 de marzo de 2007, el EAAF identificó el cuerpo de Jensen.
Según el libro Yo fui Vargas, Vergez recibió ambos detenidos de Telleldín, quien lo llamó por teléfono para avisarle “la detención de dos subversivos” relacionados con el ataque al Ejército en Formosa. “Uno de los detenidos –agrega el libro– era el ‘oficial’ montonero P…, que portaba, en el momento de su captura, la pistola del subteniente (Ricardo) Massaferro”, el único oficial muerto en el intento de copamiento. “Entre otras cosas –dice el libro– P… declaró haber ‘viajado en el avión con Perón’. Esto es anecdótico, si es que decía la verdad. Lo que urgía era verificar y ahondar el resto de la información que proporcionó, relativa a la estructura montonera organizada en Resistencia.
Su epicentro era una empresa distribuidora, donde se planificó y comenzó la ejecución del ataque al Regimiento de Infantería de Monte”. Nuestra fuente asegura que Pietragalla y Jensen fueron los dos primeros desaparecidos del nuevo grupo encabezado por Vergez: “En aquel momento estaban en plena formación, y por eso trabajaron apurados; los fusilaron y los enterraron en el campo, muy bajito, a medio metro nomás; era un terreno duro, pedregoso. Todavía no tenían armado La Ribera, y Vergez le pidió a Menéndez la casa de fin de semana que él tenía como comandante del Tercer Cuerpo en la sierra, adonde los llevaron. Los tuvieron allí poco tiempo. Luego usaron bastante esa casa”.
Menéndez se convirtió en el vértice de todo el esquema represivo en su territorio, tanto de las tareas “por derecha” como de los grupos que operaban “por izquierda”, como revelan los escasos documentos que sobrevivieron a las órdenes de quemar todos los papeles sobre la lucha contra las guerrillas difundidas al final de la dictadura. Son copias de los informes sobre las reuniones semanales de la Comunidad Informativa o de Inteligencia de la Zona 3 enviados a Buenos Aires por la delegación en Córdoba de la Policía Federal. Esos encuentros se realizaban los martes a las ocho en punto en la sede del comando del Tercer Cuerpo o de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada y eran encabezadas por Menéndez.
FICHA DEL LIBRO:
Título: "¡Viva la sangre!" | Córdoba antes del golpe: capital de la revolución, foco de las guerrillas y laboratorio de la dictadura
Autor: Ceferino Reato, editor ejecutivo de la revista Fortuna y autor de Operación Traviata, Operación Primicia y Disposición Final
Editorial: Sudamericana
Páginas 432
Precio: $ 159
(*) Editor ejecutivo de la revista Fortuna y autor de los libros "Viva la sangre" y "Disposición Final".
