El proyecto de Ley de los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo, que ya obtuvo dictamen en las comisiones de Ambiente y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, estaría listo para tratarse en la próxima sesión. Sin embargo, algunos sectores se oponen a su avance por la preocupación que genera la aplicación de una tasa ambiental, que se detalla que su valor no superará el 0,6 % del valor de la canasta básica y que no podrá ser superior al 3 % del precio mayorista de venta del producto envasado.
PERFIL entrevistó a ambientalistas, científicos, docentes, diversos sectores del reciclado nacionales e internacionales sobre este proyecto que busca aplicar la “Responsabilidad Extendida del Productor”, principio que ordena normativas de envases en diversos países ante la creciente cantidad de residuos que se emiten al planeta.
La Red de Investigación y Acción sobre Residuos (RIAR), equipos de investigación y extensión dedicados a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Economía Circular y Reciclaje Inclusivo, señalan: “nos llama poderosamente la atención la aparición de afirmaciones contrarias al proyecto que se basan en argumentos falaces e inexactos respecto tanto a los detalles del texto como del marco socio-ambiental más amplio en el que el mismo cobra sentido. El Proyecto de Ley recupera el principio de REP que lejos de derivar de una situación particular de nuestro país, viene siendo implementado en forma creciente a escala global (Alemania, España, Bélgica, Francia, Austria, Canadá, etc.) y regional (Uruguay, Colombia, Brasil, Chile, etc.) con resultados muy positivos”.
“La ley es imprescindible porque necesitamos que las empresas incorporen el costo ambiental de los productos que insertan en el mercado de tal manera que se re configure hacia nuevas estrategias con envases y empaquetado más circulares. Esto quiere decir, desde eliminar todo lo innecesario, a pasar a opciones reutilizables o de materiales reciclables y más fáciles de desmontar. En segundo lugar, porque hoy la carga económica y de gestión de estos productos cae totalmente sobre los municipios o los recuperadores, entonces el cobro de la tasa redistribuye la responsabilidad de dicha gestión hacia los productores y habilita un fondo que permitiría desarrollar el sistema de reciclaje de todo el país,” explica Agustina Legasa, economista y activista ambiental, más conocida en las redes como Blondaverde.
Desde la Red de Universitaries por la Crisis Climática consideran que esta ley “resulta trascendental en términos socioambientales puesto que creemos que viene a fortalecer los derechos de las y los trabajadores recicladores que hace años vienen llevando a cabo la tarea de recolección de residuos y cuidado del ambiente. Por eso mismo pensamos que es importante que una ley de estas características pueda aprobarse.”
Críticas
Desde diversos sectores de la industria que emplea envases en el país, como CADIBSA (Cámara Argentina de de la Industria de Bebidas Sin Alcohol) surgieron ciertas críticas al proyecto: “pagar aún más impuestos que no redundarán en la eficiencia del sistema de recolección y reciclado, no es la forma para hacerlo”
Sin embargo desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores respondieron: “No. No se trata de un impuesto. Es una tasa ambiental. Una tasa ambiental no tiene fines recaudatorios, sus objetivos son los principios del derecho ambiental y que nuestra constitución recoge que es principalmente el de recomposición y el de prevención. La tasa ambiental tiene en miras tres objetivos con su cobro: prevención, con la gestión de los envases evitamos que miles de toneladas vayan a disposición final enterradas. Prevenimos contaminación. Recomposición: mediante los programa que financiará FONAGER se eliminaran basurales a cielo abierto que son mas de 5000 en Argentina. Cambio de cursos de acción: Se desincentiva el uso de materiales altamente dañinos para el ambiente en tanto el desarrollo de ecodiseños y la incorporación de material reciclado a los envases bajan el valor de la tasa”.
Por su parte, agregaron: “el proyecto de Ley es una solución a la problemática de residuos sólidos urbanos. En nuestro país se producen 50 mil toneladas de residuos diarias que terminan en basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios, ríos o en el mar, contaminando el ambiente y a las comunidades. Una gran parte de los residuos son envases post consumo, es decir que fueron colocados en el mercado sin responsabilizarse por qué pasa luego de que son desechados. Hoy, los únicos que evitan que el sistema colapse son los 150 mil cartoneros y cartoneras que recuperan el material reciclable, trabajando muchas veces en pésimas condiciones”.
Por su parte, desde la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) acotan que “las empresas líderes en el sector de venta de bienes de consumo masivo, anuncian y reciclan compromisos voluntarios para solucionar el problema que sus productos generan, que luego olvidan, incumplen, dilatan. La lógica de esta ley es internalizar los costos del manejo de residuos de envases, fortaleciendo los sistemas municipales de manejo de residuos, en lugar de generar sistemas paralelos manejados por las empresas. A su vez, el destino de los fondos y las obligaciones dentro de los planes de gestión municipales reconocen la preexistencia de la labor de las y los trabajadores del reciclaje y apunta a fortalecer el sistema de manejo en sus manos”.
En este sentido, Mirko Moskat, coordinador del área Basura Cero de Taller Ecologista, coincide en que “es importante una ley de envases para que las empresas se responsabilicen por los envases que utilizan y de esta manera se logren mejorar y financiar los sistemas locales de gestión y reciclaje de residuos, reconociendo el trabajo de cartoneros y cartoneras, y a la vez se generen señales y mecanismos para que haya cada vez menos envases descartables y más reutilizables y retornables. No es viable la lógica de no hacerse cargo de los impactos ambientales de lo que se produce. Hoy en día en Argentina cada habitante consume el cuádruple de plásticos que hace 30 años, en buena parte para cosas que enseguida terminan en la basura. No hay sustentabilidad posible si esto no se revierte”.
Claves del proyecto
La Ley de los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo detalla:
- Prevenir y minimizar el impacto que ocasionan sobre el ambiente los envases y los envases post consumo.
- Reducir la cantidad de envases que se introducen en el mercado, que no sean reutilizables o reciclables, minimizar la disposición final de envases post consumo y priorizar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización.
- Se busca crear un Sistema Nacional de Gestión de Envases, el que será operado por la Autoridad de Aplicación y tendrá el rol de coordinar y difundir los Sistemas Locales de Gestión Integral de Envases aprobados en todo el territorio nacional.
- Que cada uno de los productores tome responsabilidad objetiva por el financiamiento de la gestión integral de los envases introducidos por ellos en el mercado nacional, y de los Envases Post Consumo.
- Se conformará un Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER), el cual tendrá por objeto el cumplimiento de las mandas de la ley y será operado por la banca pública.
- La reivindicación de los derechos de las trabajadoras recicladoras y los trabajadores
- recicladores, con una correcta inversión en maquinaria, que traería como consecuencia una escalada en la cantidad de ese material que hoy vuelve a ingresar al mercado y dejaría de ser parte del pasivo ambiental.
- Ahorro considerable en los costos de los servicios de higiene urbana, en el pasivo ambiental que se genera con el enterramiento y una acertada forma de avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales postergados, iniciando la transición de todo un sector de la economía informal a la economía formal.
- La composición de la fórmula de cálculo de la tasa ambiental considerará las siguientes variables: si el material proviene de recursos renovables, si es de producción local, nivel de consumo energético, nivel de consumo de agua, impacto de su traslado e ompacto en naturaleza (impacto por la no recuperación).
- Se detalla que el valor de la tasa no superará el 0,6 % del valor de la canasta básica y que no podrá ser superior al 3 % del precio mayorista de venta del producto envasado.
