La "pesca ilegal y depredadora" en el Mar Argentino llevó a un grupo de expertos a presentar una acción de amparo colectivo ambiental ante la Corte Suprema con el objeto de frenar
El Dr. Pablo Ferrara y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, a través de su presidente, el Dr. Jonatan Baldiviezo, pidieron se ordene al Estado Nacional a llevar a cabo las acciones correspondientes a fin de obtener el cese del gravísimo daño que genera esta actividad depredadora, desarrollada durante años por flotas industriales.
Asimismo, abogan por el impacto que dicho accionar tiene sobre el Mar, amenazando letalmente el desarrollo sostenible y la existencia de varias especies marinas en una Zona Económica Exclusiva (ZEE).
La pandemia agudizó la pesca ilegal en el mar argentino
La causa judicial aspira a la reversión del escenario descripto porque "posibilita la generación de daño al ecosistema marino nacional, provincial y en la zona adyacente a la ZEE" y "pone en peligro la existencia y desarrollo de especies marinas presentes y futuras".
Además, se alega que "pone en peligro el bienestar económico de los habitantes de nuestro país que dependen de la explotación de los recursos vivos marinos como su medio de subsistencia" e "impide conservar los ecosistemas marinos y garantizar que las generaciones futuras puedan contar con los productos de la pesca para su seguridad alimentaria".
Hace hincapié también en la conservación y protección de la especie calamar Illex Argentinus, capturada con total impunidad a la vez que poniendo en peligro su existencia y debida reproducción.
Dicha especie es considerada fundamental en tanto es la base de la cadena alimenticia de las demás especies marinas que habitan en la ZEE. Asimismo, indica que la sobrepesca de los calamares representa una amenaza para todo el ecosistema en general.
Acto seguido, recuerda que la actividad de pesca de especies marinas como calamar, escalandrún, caballito de mar, delfín franciscana, gatuzo (Mustelus Schmitti y Fasciatus), así como de otras especies, está altamente regulada y casi completamente prohibida.
Dicho accionar delictivo se vio incrementada de manera exponencial en los últimos 10 años. Sin embargo, Prefectura Naval Argentina reconoce en su página web llevar capturados solo 80 buques en 34 años, es decir, poco más de dos por año.
Se ha calculado que el volumen total de la pesca ilegal, llevada a cabo por unos 300 buques extranjeros, llega a 500.000 a 1.000.000 toneladas al año de recursos pesqueros. Con respecto al Illex Argentinus, y en términos económicos, equivale a una pérdida aproximada de USD 818.5 millones (el PBI de la Provincia de Tierra del Fuego).
Resalta que la República Argentina no ha coordinado de forma íntegra una política pesquera regional con los otros Estados aledaños, específicamente Uruguay y Brasil.
Tampoco se establecieron acuerdos dichas naciones para que estos puedan tomar medidas que impidan, o al menos no faciliten la pesca ilegal. Estos deberían de ser tenidos en cuenta ya que, en la mayoría de los casos, los barcos extranjeros restablecen combustible en Uruguay.
Finalmente, expone que no se realizaron denuncias ante organizaciones internacionales, como la ONU o la OEA, o reclamos a los países de los que son dichas flotas (China, Taiwán, Corea, España, etc.).
JFG
