Mientras que a nivel nacional se está discutiendo la posibilidad de implementar un impuesto a las grandes fortunas, a nivel provincial y municipal también se está analizando la instrumentación de contribuciones extraordinarias para hacer frente a la crisis generada por la pandemia del COVID-19.
Por ejemplo, algunos municipios de la provincia de Buenos Aires ya han dispuesto un aumento de las tasas que pagan las entidades financieras en concepto de seguridad e higiene, en tanto a nivel provincial se está discutiendo la posibilidad de aplicarles un aumento extraordinario en la alícuota de ingresos brutos, que incluiría también a empresas agroquímicas y proveedoras de Internet. Se trata, en todos los casos, de actividades que se vieron muy beneficiadas durante los últimos años y que no se vieron afectadas sensiblemente por la pandemia.
En dicho marco, desde el Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires Stella Maldonado (IDESBA) de la CTA-T sostenemos que este tipo de contribuciones no sólo son necesarias para enfrentar la crisis sino que también son justas en términos sociales y económicos. A continuación presentamos diez razones que justifican avanzar en esta dirección:
1. El Estado tiene la obligación de garantizar la reproducción de la población que habita el territorio nacional. En este sentido, los aportes extraordinarios pueden contribuir a paliar los efectos de la pandemia sobre el sistema de salud argentino y sobre la actividad económica.
2. La sociedad argentina presenta elevados niveles de desigualdad estructural que se han visto agravados en los últimos años. En el cuarto trimestre de 2019 el 10% más rico de la población tuvo un ingreso 21 veces superior al 10% más pobre.
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3. Los distintos proyectos que buscan grabar los patrimonios y/o el cobro de impuestos extraordinarios afectan solo a los sectores más ricos y a los más beneficiados por las políticas implementadas durante los últimos años, como el sector financiero.
4. El sistema tributario argentino es fuertemente regresivo porque se basa en la producción y el consumo; proporcionalmente pagan más impuestos los que menos tienen (el IVA es el principal tributo nacional).
5. Los más ricos y las grandes empresas también se benefician de la acción estatal, tanto de manera directa (a través de subsidios a las tarifas de servicios públicos, ayudas para el pago de salarios, créditos subsidiados, etc.) como de manera indirecta, al contribuir a la reducción de la conflictividad social.
6. Es falso que los impuestos a los patrimonios y a sectores altamente beneficiados afecten la inversión de las empresas. Estos solo reducen el ahorro y/o el consumo de los sectores más acaudalados
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7. En la última década la mayor parte de las ganancias de las grandes empresas ha tenido como destino la fuga de capitales, con lo cual la reinversión de las mismas ya era reducida. Además de afectar la recaudación tributaria y el nivel de actividad, esta conducta especulativa ha generado continuas presiones sobre el tipo de cambio
8. No es cierto que el consumo de los ricos “derrame” hacia abajo, ya que en su mayor parte se trata de bienes suntuarios con un alto contenido importado, por lo cual su contribución a la generación de empleo local es muy reducida
9. Este tipo de gravámenes no sólo no afecta la inversión sino que podría contribuir a mejorar las cuentas externas del país (reduciendo la fuga de capitales y la demanda de importaciones) y favorecer la recuperación de la actividad económica al redistribuir recursos que quedarían ociosos hacia sectores que consumen la totalidad de su ingreso y que demandan bienes mayormente de producción local
10. En última instancia, se trata de recuperar parte de la riqueza creada por los trabajadores que es sistemáticamente apropiada por aquellos que se enriquecen con su esfuerzo.
* Coordinador del Área de economía política del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA)
