El Gobierno está dando los últimos detalles a la propuesta de pago a los fondos buitre que se girará en los próximos días a la Corte de Apelaciones de Nueva York, pero la iniciativa contempla, en principio, enviar la oferta a Estados Unidos y posteriormente girar al Congreso un proyecto de ley para suspender por un año la denominada Ley Cerrojo.
Así lo aseguró una importante fuente del equipo económico, quien puntualizó que “no sería atinado” suspender la Ley Cerrojo –norma que no permite la reapertura de nuevos canjes– si no se tiene certeza de cuál será la decisión del tribunal neoyorquino.
Hay que recordar que la Corte de Apelaciones de Nueva York otorgó plazo hasta el 29 de marzo para que la Argentina presente una propuesta formal en el juicio que iniciaron en ese distrito los denominados fondos buitre, que reclaman un pago “cash” de US$ 1.330 millones.
“La idea es tener listo el proyecto de ley para suspender por un año la Ley Cerrojo. Si existe un fallo favorable, la suspensión de esa ley otorga mayor seriedad jurídica a todo este proceso”, agregó la misma fuente.
“En el año 2010, cuando se reabrió el canje, también se estableció una suspensión por un año de la Ley Cerrojo”, afirmó otro funcionario gubernamental.
Paralelamente, el equipo de la Secretaría de Finanzas sigue definiendo las características de la oferta económica que se formalizará en los próximos días.
El punto central que se seguía debatiendo dentro del equipo que comanda el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, es si la oferta va a incluir o no un incentivo para que la propuesta sea más tentadora de lo que significó lo realizado en 2010.
“Esto lo estamos definiendo, aún quedan algunos aspectos para poder cerrar toda la propuesta en forma global”, señaló la misma fuente del Palacio de Hacienda.
Si bien las características de la oferta se mantienen con riguroso silencio, trascendió que estaría conformada por un bono a la par, con vencimiento posterior al año 2030, y que podría haber una emisión de otro título para compensar los intereses y las amortizaciones que los buitres o holdouts no cobraron desde ese momento hasta la fecha.
