El Gobierno nacional insiste en que la explosión del endeudamiento y la morosidad consisten en un problema entre privados. “A veces, la gente se pone en riesgo de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”, había comentado el vocero, Adrián Ravier. Sin embargo, los guarismos que sólo se comparan con la crisis de 2002 muestran que se trata de un problema que va más allá. La oposición en el Congreso y algunas provincias buscan soluciones para las familias, mientras que los sindicatos intentan visibilizar el problema.
Uno de cada seis adultos argentinos está endeudado, lo que implican 19,4 millones de personas. En promedio los saldos son de $ 4,7 millones, de acuerdo a los microdatos del Banco Central procesados por el gremio AEFIP, que está a cargo de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la CGT. De fondo, el problema que generó esta situación se empeora: la caída del poder adquisitivo de los trabajadores se dio en 15 de los 31 meses de Javier Milei para los empleados privados y en 18 para los públicos.
Las familias venían en un ciclo de desendeudamiento hasta enero de 2024, pero a partir del segundo semestre de ese año empezaron a hundirse en préstamos. Sobre el total de esos casi 20 millones de deudores, 4,9 millones se encuentran en impagos.
Dentro de los más humildes, los números muestran una situación preocupante. De acuerdo al Instituto Periferias, un 59,8% de la población de los barrios populares está endeudado. De este universo, el 42,3% lo hizo para comprar comida, según el centro de estudios dirigido por el sociólogo Daniel Menéndez.
La secretaria adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, advirtió sobre los alarmantes niveles de sobreendeudamiento de los estatales, los más golpeados por la reducción de la capacidad de compra. “El problema es para qué te endeudás. Si te endeudás para comer porque el sueldo no te alcanza, al mes siguiente tampoco te va a alcanzar y entrás en una rueda de la que es muy complejo salir”, enfatizó .
De acuerdo al Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad y el instituto Friedrich Ebert Stiftung, el problema es nacional. A excepción de La Pampa, donde la mora se ubica en el 9%, los impagos de créditos golpean fuerte a todas las provincias, con picos en La Rioja (23%), San Luis y Santa Cruz (22%), Catamarca (21%) y Tucumán, San Juan y Buenos Aires (20%). Al desglosar cada jurisdicción se ve que ni la Antártida quedó relegada: allí uno de cada tres argentinos no pudo devolver los préstamos.
En la Ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, que registra los mayores niveles de irregularidad, coincide con mayor desempleo y menores ingresos, de acuerdo a la Dirección de Estadísticas porteño. Un informe de USINA, el observatorio de políticas productivas de Kilómetro Cero conducido por Augusto Costa, muestra que en Capital, las personas en mora triplican a la cantidad de desocupados. Mientras que los impagos se encuentran en el 11,7%, por debajo del promedio del país, detrás hay una heterogeneidad muy marcada: ocupa el quinto lugar a nivel nacional en brecha territorial de mora.
En el Congreso nacional se propusieron cerca de 30 soluciones. El diputado socialista Esteban Paulón comentó a PERFIL que “el problema es hoy de muchas familias, pero puede convertirse en sistémico. El único que no ve la necesidad de la intervención del Estado es el Gobierno. En el Congreso hay muchos proyectos con distintas alternativas y encares. Estamos planteando un debate amplio para empezar a trabajar en la unificación de las propuestas y lograr una sesión especial”.
“Muchos diputados que acompañan al Gobierno en este tema están abiertos a construir con nosotros una ruta de trabajo para encontrar una solución donde, con la participación del Estado, se alivie la situación de las familias”, adelantó Paulón.
Coincidió el diputado nacional Carlos Castagneto, quien acusó al Gobierno de que “fueron sus políticas económicas y laborales que llevaron a millones de argentinos y argentinas a financiar sus alimentos, remedios, lo básico de sus día a día con tarjeta de crédito o billeteras virtuales”. “Fueron sus políticas de desregulación las que dejaron que ‘los privados’ liberaran las tasas de interés abusándose del que necesita. No se laven las manos y háganse cargo del desastre que produjeron”, reclamó el legislador peronista a Nación.
Provincias toman medidas. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Augusto Costa, anunciaron medidas para proteger a los usuarios de billeteras virtuales ante una serie de denuncias por abusos e incumplimientos a la ley de Defensa del Consumidor. El mandatario bonaerense señaló: “En nuestro país hay una situación de gravedad extraordinaria: no solo el 60% de la población adulta está endeudada, sino que cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron”. “Esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía de Milei, donde las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler”, señaló.
Por su parte, Costa sostuvo: “Solo en el primer semestre de este año, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra las empresas por incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento”. “Las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse, la normativa estipula multas de hasta $ 1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos”, sostuvo el ministro.
Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, firmó el DNU 1293/2026 que crea un régimen provincial de protección para usuarios de créditos de consumo. La medida busca poner límites a prácticas abusivas, fortalecer los controles y generar herramientas concretas frente a una problemática que afecta de manera creciente a los hogares riojanos.
En un contexto en el que cada vez más personas recurren al endeudamiento para cubrir alimentos, medicamentos, servicios y otras necesidades básicas, el Decreto de Necesidad y Urgencia riojano establece nuevas herramientas de protección, control y acompañamiento para las personas usuarias de créditos de consumo. “La medida parte de una definición política clara: la necesidad de una familia no puede convertirse en una oportunidad para el abuso. Cuando una persona accede a un préstamo condicionada por una situación económica urgente, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar reglas claras, transparencia y condiciones que no vulneren sus derechos”, reforzaron a través de un comunicado.
Quintela creó un régimen provincial específico que fortalece la intervención del Estado frente a prácticas abusivas, establece mayores exigencias de información para quienes otorgan créditos, incorpora mecanismos de registro y fiscalización y habilita instancias de conciliación para abordar situaciones de endeudamiento que se hayan vuelto insostenibles. Asimismo, se declara por 180 días la emergencia económica, crediticia y social vinculada a las operaciones de crédito para consumo y se disponen medidas transitorias orientadas a facilitar la revisión y refinanciación de obligaciones, procurando evitar daños económicos y sociales irreparables para las familias.
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Marcha de la CGT a Economía
Las centrales sindicales CGT, UTEP y las dos CTA se movilizaron al Ministerio de Economía para reclamar respuestas frente al creciente endeudamiento de los hogares. La protesta buscó visibilizar una crisis de morosidad que, según los datos presentados por las organizaciones, alcanza a millones de familias en todo el país.
El reclamo se produjo en un escenario marcado por el deterioro del acceso al crédito y el aumento de los incumplimientos.
Maia Volcovinsky, de la comisión directiva del sindicato de judiciales UEJN y de la CGT, explicó en Deuda Prometida que los aumentos de servicios y la pérdida de poder adquisitivo “empujó a las familias a un endeudamiento y un nivel de morosidad inéditos, como la de 2002, y está llevando a los trabajadores a situaciones drámaticos. Hay quienes van a sus lugares de trabajo sin comer porque no les alcanza. No pueden trabajar ni para alimentarse, lo hacen para pagar sus cuentas”.
