El diagnóstico que circula en las principales mesas del establishment fabril dejó de ser una queja de pasillo para transformarse en un documento lapidario. Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), puso sobre la mesa un informe exhaustivo que desnudó la cruda realidad del sector productivo nacional: la Argentina es el país que más castiga con los impuestos a las empresas que operan en la legalidad, ya que le aplica una presión tributaria del 56%. El problema se agravó en relación con el último relevamiento previo a la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y gran parte de la explicación de la suba de 6 puntos porcentuales responde al crecimiento de la informalidad fabril.
A nivel macroeconómico, la Argentina ocupa el puesto 12° a nivel global en términos de presión fiscal, con un 28% sobre el PBI. Pero para entender el verdadero peso del Estado sobre las fábricas, no basta con mirar la tabla general. Sucede que, cuando se aísla el universo de las empresas industriales que pagan sus impuestos y emplean de manera registrada, y se descuenta el masivo efecto de la informalidad, el país salta sin escalas al primer puesto mundial. Un lugar al que ningún sector de la economía local quiere acceder, a contramano de las ilusiones renovadas en el Mundial de fútbol.
Para llegar a construir este escenario de asfixia tributaria, el Departamento de Política Tributaria de la central fabril puso bajo la lupa a ocho impuestos clave en 30 naciones. Este grupo no fue elegido al azar, ya que representa el 81% del PBI mundial e incluye a todo el G20, Sudamérica, España, Países Bajos y Suiza. El objetivo fue medir la competitividad real frente a los jugadores que mueven el tablero global, aislando el impacto inflacionario para obtener una foto inobjetable de la carga formal.
"Para nivelar la cancha, desde la UIA estamos pidiendo un Pacto fiscal federal industrial", sostuvo el presidente de la UIA, Martín Rappallini. La industria argentina representa el 18% del PBI, aporta el 28% de la recaudación fiscal y el 40% de Ganancias.
¿Argentina comunista? Más impuestos que en Rusia
El ranking desglosado por tributos no deja lugar a matices y expone por qué el capital esquiva al sector manufacturero. En el Impuesto a las Ganancias de Sociedades, la Argentina se cuelga la medalla de plata, ubicándose como el segundo país con mayor carga. Al combinar la alícuota máxima del 35% con el 7% que grava los dividendos, la carga efectiva sobre la renta empresaria escala al 39,5%. Solo Colombia supera esta barrera dentro de la muestra, producto de su reforma tributaria de 2022.
A esto se suma el peso de los tributos distorsivos que el establishment reclama erradicar desde hace décadas. El impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido en la calle como el impuesto al cheque, mantiene al país en el primer lugar del ranking. De hecho, apenas cuatro naciones del estudio aplican un gravamen similar a las transacciones financieras. En paralelo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ubica a la Argentina en el cuarto puesto global, detrás de Brasil, Uruguay e Italia. Pero aquí la trampa no es solo la alícuota general del 21%, sino la generación estructural de saldos a favor que, por culpa de los quiebres de alícuotas y la burocracia estatal, terminan inmovilizando el capital de trabajo de las pymes.
La voracidad fiscal no se detiene en las puertas del mercado interno, sino que castiga también a los activos y a la salida de productos al exterior. En el Impuesto al Patrimonio, a pesar de los cambios recientes y el alivio que trajo el REIBP, el país sigue liderando la tabla por ser el más gravoso en la base imponible. Es el único que exige tributar sobre la base bruta sin permitir la deducción de deudas, combinado con un Mínimo No Imponible históricamente bajo. Y si la idea es exportar, el panorama es igual de espinoso: de los 30 países evaluados, solo la Argentina y Rusia aplican Derechos de Exportación, coronando a la economía local como la más hostil para el comercio exterior.
Gobernadores e intendentes se suman al juego
Sin embargo, el laberinto impositivo guarda sus peores pesadillas en el ámbito subnacional, donde los gobernadores imponen sus propias reglas de juego. A nivel provincial, la Argentina retiene el primer lugar del podio gracias a Ingresos Brutos, un tributo letal que grava en cascada a lo largo de toda la cadena de valor industrial y comercial. En el mundo desarrollado, apenas Italia y Canadá aplican gravámenes similares sobre los ingresos, pero con una presión fiscal sustancialmente menor.
La superposición se vuelve directamente insostenible cuando intervienen las intendencias. El informe de la UIA alerta que la Argentina es la única nación del listado que aplica tasas municipales de Seguridad e Higiene sobre la misma base imponible que Ingresos Brutos. En otras palabras, se configura un escenario de doble imposición donde los municipios cobran un porcentaje de la facturación, que muchas veces carece de una contraprestación real y efectiva del servicio. Todo este ecosistema se mueve bajo el acecho del Impuesto de Sellos, que también lidera el ranking mundial al gravar y encarecer casi cualquier contrato o acto de carácter oneroso.
El Gobierno acelera la caída de las medidas antidumping y consolida la apertura importadora
Frente a este escenario que dinamita la competitividad frente a las importaciones, la cúpula fabril decidió pasar del diagnóstico a la exigencia con un paquete de medidas urgentes. Entre las principales, destaca el pedido para computar hasta el 95% de las Contribuciones Patronales a cuenta del IVA y Ganancias, buscando que formalizar a un trabajador deje de ser un castigo para las pymes. Pero el verdadero golpe de efecto es político: la UIA le reclama al Gobierno un compromiso de estabilidad jurídica y tributaria "símil RIGI" por 30 años. Un mensaje directo hacia las esferas del poder oficial para advertir que la industria nacional necesita los mismos blindajes que hoy se les prometen a los grandes capitales extranjeros.
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