Previo a cualquier comentario, es necesario aclarar que YPF no es la causa ni la solución al problema energético que ya trasciende al sector para afectar a toda la economía del país y a su desarrollo. Ese problema es fruto de los desaciertos de la gestión kirchnerista en el sector en estos diez años. Y no se resuelve aplicando medidas espasmódicas a YPF, como la confiscación, el año pasado, de las acciones de Repsol. A un año y meses de ese evento, la producción de petróleo y gas a nivel país e YPF se redujo, sus reservas siguen cayendo y nadie vino a invertir ni a asociarse con YPF, no obstante los esfuerzos de su presidente, Miguel Galuccio, fueron boicoteados por las medidas económicas generales. Ahora, la desesperación por los resultados, en particular la sangría de dólares para importar gas y combustibles, se decide acceder a las condiciones impuestas por la única empresa que se avino a hacerlo con YPF, Chevron, precedida por franca retirada de la actividad en nuestro país y con una sentencia de embargo por US$ 19 mil millones. Para hacer potable el acuerdo se saca el decreto 929 sin consenso político y que no tiene en cuenta la legislación vigente para el sector petrolero, ni la condición de titulares del dominio de las provincias. Entonces, si bien estoy de acuerdo con la orientación del decreto y con la asociación de Chevron e YPF, el modo en que se llevó a cabo lo hacen un hecho puntual y será un obstáculo para nuevas inversiones.
*Ex secretario de Energía.
